Contra la popularidad

Pregunta: ¿si un presidente o un gobierno ve que su popularidad decrece, debería cambiar su accionar para corregir eso? Supongo que la respuesta dependerá de qué se entienda por política. Si se entiende que el político es simplemente una correa de transmisión de las demandas de la ciudadanía, es natural que la respuesta sea que sí, que el gobernante debe salir corriendo a atender esas demandas insatisfechas. En esta mirada el político es simplemente un facilitador, alguien que “lee” la voluntad de la ciudadanía y se encarga de proporcionar soluciones. Que son sencillas y que están ahí afuera, en la realidad, y que si no se han implementado es porque nadie se ha tomado la molestia de escuchar atentamente a los ciudadanos.

Para terminar con esta primera perspectiva, la que entiende que los gobernantes simplemente conectan la voluntad popular con las acciones que se necesitan para vivir mejor, vale recordar cómo fue que se presentó en la política el actual senador Juan Sartori. El empresario comenzó señalando que él no estaba interesado por las ideologías, que era “la voz de la gente” y que llevaría “sus ideas a la realidad”. Luego hizo una serie de encuestas en las que se interesó por conocer cuáles eran las demandas para luego, como todo pragmático, solucionarlas. Todo eso, nos decía el hoy senador blanco, sin que mediara ideología alguna. El político como el gestor de las buenas nuevas, sin más ideología que hacer el bien. Marketing político y poca cosa más.

Existe, sin embargo, otra clase de respuesta a la pregunta de si un gobierno debe cambiar su accionar cuando ve decaer su popularidad. Una respuesta que entiende que nunca un gobierno puede representar el 100% de las voluntades existentes en la sociedad. Que por eso nos organizamos en partidos, que en su interna articulan las demandas específicas de todos aquellos que se sienten representados por ese partido, y que solo después de haber consolidado todo eso en un programa y una propuesta de gobierno, salen a pedir el voto al elector. En esta clase de respuesta se asume de antemano que muy difícilmente la popularidad de un gobierno pueda ser absoluta, no por una cuestión de buena o mala voluntad (o buena o mala gestión) gubernamental sino porque en sociedades complejas como la nuestra, el desacuerdo, el disenso, son parte integral de la vida democrática. Esta mirada no se desentiende de la popularidad pero la matiza.

Y en ese matiz es que se hacen visibles un par de problemas adicionales. Primero, que en ocasiones (y no digo que este momento sea una de esas ocasiones) los gobiernos toman medidas que pueden resultar antipáticas pero que tienen, nos dicen, como fin un bien mayor. Al mismo tiempo, saben que si no siguen su plan original, no van a poder cambiar aquello que (según lo establecido ideológicamente por el partido o coalición) se proponían cambiar. Y que eso también puede ser causal de recibir una patada en el trasero en la siguiente elección. El segundo problema es que más allá de medidas simpáticas o antipáticas, hay procesos políticos y sociales que son mucho más largos que los cinco años de un período de gobierno. Es decir, hay problemas que no se resuelven o encauzan en un solo mandato.

Una parte central de la idea de representación se deriva de que en nuestras sociedades nos hemos especializado para determinadas tareas y sabemos muy poco de otras, que nos resultan muy complejas. Por eso algunos se han especializado en la política, en construir y consolidar esos espacios de intercambio, de disenso y, esto es central, de búsqueda de acuerdos con quienes se paran en la vereda ideológica de enfrente. Es decir, la representación existe porque no somos capaces de resolver todos los problemas colectivos que emergen de lo social. A veces esa representación falla y nos puede tocar un presidente torpe y unos jerarcas corruptos. Pero eso no invalida la idea central: delegamos porque no sabemos y hay otros que saben mejor. El problema entonces no es el modelo representativo sino que dentro de esa representación el ciudadano es tratado exclusivamente como un consumidor que debe ser atendido en todo instante, de lo contrario se corre el riesgo de perder su voto. De ahí que la presión por la popularidad en el corto plazo sea una variable de peso para cualquier gobierno.

La solución a este problema es evidente si se la piensa fuera del marco partidario: si las ideas mínimas en torno a esos asuntos que son centrales para la convivencia, son pactadas entre todos aquellos que pueden llegar a gobernar, los proyectos de largo aliento pueden seguir adelante, con matices, gobierne quien gobierne. Para que eso ocurra se necesitan ciudadanos y partidos maduros, que piensen más allá de cinco años. Partidos que piensen más allá de la chacra propia, con sentido de Estado. Ciudadanos que comprendan que delegar y luego desentenderse de la política y sus efectos, nunca nos va a hacer mejores.