El golpe que asestó el mercado de granos a la agricultura uruguaya, debido a la caída de los precios de la soja y de otros productos, derivó en una reducción del área de siembra agrícola aunque no se evidenció una disminución en la cantidad de productores. El sector de las empresas prestadoras de servicios en las chacras, que ofrecen servicios de siembra, fumigación y cosecha, tuvo una “reestructuración” que dejó por el camino a algunos contratistas y generó un “problema de endeudamiento”.
Esas fueron algunas de las conclusiones de dos trabajos presentados en el marco del Tercer Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, realizado entre el miércoles 20 y el viernes 22 en la Facultad de Agronomía de la estatal Universidad de la República.
En los últimos dos años, los agricultores locales vieron cómo el precio de la tonelada de soja pegó varios saltos y en algún momento quedó planchado por debajo de los U$S 320. Al observar el gráfico que muestra la evolución de ese valor en el mercado de Chicago, esa volatilidad rompe los ojos. Pasó de U$S 480 en agosto de 2014 a unos U$S 330 en octubre de ese año, para luego caer a U$S 314 hacia fines de 2015 y los primeros meses de 2016. Entre abril y junio de este año, la cotización de esa oleaginosa registró una suba que llegó a colocar en U$S 430 el precio de la tonelada, pero julio trajo un nuevo bajón que la dejó en algo menos de U$S 380.
Durante los últimos años, la cantidad de explotaciones agrícolas “no varió significativamente, salvo la salida de empresas argentinas que operaban bajo régimen de arrendamiento”, según un estudio presentado por el agrónomo Juan Llorente, que integra el Departamento de Ciencias Sociales de Agronomía.
Basándose en consultas a responsables técnicos de seis cooperativas ubicadas en la región litoral sur y norte, la investigación de Llorente llegó a la conclusión de que el área antes ocupada por argentinos pasó a ser explotada por otras empresas en la misma modalidad.
La superficie plantada con soja se mantuvo en casi 1,5 millones de hectáreas en las zafras 2013-2014 y 2014-2015. El 60% se concentró en departamentos del litoral oeste uruguayo, específicamente en Río Negro, Soriano y Colonia.
De acuerdo con el estudio, pese a que se considere la soja como un cultivo sembrado por grandes pools de siembra, también hay una cantidad importante de productores con chacras en promedio más pequeñas, que dependen de esta actividad.
El mayor volumen de grano cosechado (70%) corresponde a los productores que tienen predios mayores a 500 hectáreas; en el otro extremo, los poseedores de explotaciones menores a 100 hectáreas cosecharon 2% del total, según el informe.
Llorente destacó en su estudio el aporte de la producción sojera en cuanto a la generación de puestos de trabajo, tanto en chacra como en los servicios asociados a las actividades de campo (laboreos) y en el resto de las actividades vinculadas al complejo oleaginoso (transporte, secado, acopio y logística en puerto).
Otra consecuencia de la caída de los precios en los mercados de granos fue que eso “impulsó a la baja los valores de la renta de la tierra, así como una renegociación en la modalidad de pagos en los contratos por arrendamientos”, explicó Llorente.
El experto advirtió que los costos y márgenes disminuyeron, pero la caída de los primeros fue mucho menor, lo que no fue compensado por el lado de los ingresos.
El origen de los contratistas agrícolas es variado. Algunos estaban vinculados al agro y tuvieron la posibilidad de adquirir maquinaria destinada a las labores de campo. Otros tenían raíces familiares agropecuarias. Y, en ciertos casos, eran agricultores que dejaron la actividad y pasaron a prestar servicios en las chacras, precisa otro trabajo, presentado por Marcelo Hornos y Pedro Arbeletche.
Según ese estudio, “la mayoría de las empresas de ese sector realizan más de un tipo de servicios, lo que les da continuidad en el trabajo a lo largo del año e ingresos de varias actividades”.
El análisis de los contratistas de maquinaria agrícola comprende la zona noreste del territorio uruguayo y abarca los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó. Esta zona tiene algunas características que la diferencian del resto del país, por poseer suelos menos productivos y por la lejanía de los puertos de embarque, lo que aumenta los costos de transporte.
Hornos y Arbeletche consideraron que se trata de “una zona con inferioridad tanto competitiva como comparativa en cuanto a la agricultura, una zona con menor tradición agrícola y que se caracteriza por poseer una mayor presencia de otros rubros”, como el ganadero y el forestal.
En cuanto a la fijación de precios entre esas empresas, el informe menciona que el sector toma como referencia los sugeridos por la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), pero con valores siempre menores a la hora de establecer acuerdos con los productores.
“Al ser tomadores de precios por la competencia existente en la actividad, termina decidiendo el precio final siempre el productor que los contrata”, de acuerdo con la investigación.
Solamente el 33% de las empresas manifestaron haber firmado alguna vez un contrato formal, que “en la mayoría de los casos no fue cumplido por parte del productor”, se advirtió a partir de una encuesta entre contratistas. Esos contratos fueron realizados únicamente con empresas de gran escala. “En la mayoría de los casos se llega a un acuerdo verbal”, informa el trabajo.
Considerando eso, los autores sostienen que “la informalidad hace que el contratista no tenga respaldo ante el incumplimiento de los acuerdos”.
Por lo general, “la tendencia es a tener un número de clientes fijos todos los años”, detallaron.
A partir de 2014, como consecuencia de la reducción en los precios de los granos, hubo “una disminución del área sembrada” que impactó “negativamente en los contratistas”, agregaron.
El trabajo logró evidenciar que “hay una reestructuración del sector que lleva a que algunas empresas abandonen la actividad y otras tengan problema de endeudamiento”.
Los contratistas que salieron del sector lo hicieron “principalmente por problemas financieros, ya que no logran cumplir con sus obligaciones y optan por cambiar de rubro o retomar actividades anteriores”, explica.
Al achique
La investigación destaca que “hay un cierto número de contratistas que pretende vender sus equipos y achicar el parque de maquinaria”. Generalmente, “prefieren intensificarse en otra actividad fuera de este rubro manteniendo los equipos por si la situación se revierte”.
El 66% de los contratistas entrevistados recurren a financiación bancaria y de las empresas vendedoras para adquirir y renovar sus equipos.
Entre 2003 y 2013, cuando se dio la “gran expansión de la agricultura, muchos de los contratistas vieron la situación favorable y decidieron adquirir nueva maquinaria, incurriendo en créditos”, según los autores.
