Corporativismo y lavado de activos

Recientemente, como información colateral sobre la expedición de un pasaporte, nos enteramos de la especial situación, muy difícil de entender, que tienen los abogados en relación con el cobro de honorarios y los recaudos que deberían tomar, y de los que están excusados, para cumplir con lo dispuesto en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Con el único argumento de que los implicados, en muchos casos delincuentes, estafadores y narcotraficantes, pueden utilizar el dinero mal habido para costear los honorarios de sus abogados defensores porque prima el derecho a tener una justa defensa. Con este pretexto pueden contratar profesionales, en muchos casos estudios completos y tienen poder económico para contratar incluso la opinión (siempre favorable a sus intereses) de los máximos exponentes en las distintas materias. Contratan no solo el asesoramiento legal, también se benefician del lobby que estos profesionales ejercen. Y un detalle no menor: estos honorarios pueden ser de unos pocos miles de dólares hasta de cifras con seis ceros. Este dinero producto de actividades delictivas, luego de tributar el IVA y el IRAE o IRPF, según el caso, se convierte en dinero limpio. Este mecanismo crea la posibilidad de ser utilizado como una forma fácil y aparentemente legal de lavar dinero. Contrato un estudio profesional, supongamos, por 300 mil dólares mensuales, que luego de tributar se vuelven en unos 218 mil dólares limpios, más de dos millones y medio al año listos para ingresar al mercado inmobiliario, financiero o cualquier otro de curso legal. Si esto es así es demencial y choca de plano con todos los controles, en algunos casos ridículos, a que se nos somete a diario para demostrar que no somos delincuentes y que nuestro dinero proviene de actividades lícitas. En la práctica, con el pretexto de cumplir con las normas de lavado se nos obliga a demostrar que somos inocentes. Un detalle no menor, simple comportamiento del mercado, al provenir el dinero destinado a honorarios de actos delictivos y poder pagar grandes cifras, para el resto de nosotros se hace imposible poder acceder al patrocinio de estos abogados, expertos en su materia, ya que cotizan sus servicios basados en esta realidad.

Al conocerse esta situación por el caso del pasaporte, uno tras otro han salido (en forma corporativa) a defender al profesional involucrado y el privilegio de gozar de una consideración especial en la Ley 19.574, Ley Integral contra el Lavado de Activos. Claro, todos los que han salido a desgarrar sus vestiduras son abogados, también lo fueron y son los que redactaron estas leyes, reglamentos y decretos que regulan la fiscalización, nada de suspicacias, es un dato. Comentando esto con amigos, uno me dice que en un principio este privilegio no estaba previsto en el proyecto de ley, que fue el lobby de asociaciones de abogados que presionó para obtener este trato especial. En los últimos días varios abogados consultados por la prensa han coincidido en que prevalece el derecho a la legítima defensa para justificar y entender esta situación. Pero, ¿qué quieren que les diga? algo huele mal en Dinamarca. Uno de nuestros más destacados juristas y de mayor trayectoria es el Dr. Jorge Chediak, casualmente actual secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, quien ejerció como juez en distintas materias, luego fue ministro del tribunal de apelaciones, ministro de la Suprema Corte de Justicia llegando a ocupar su presidencia. En una nota publicada en el diario El País el pdo. 14 de setiembre el Dr. Chediak, reitero, uno de nuestros más avezados juristas, nos dice que “... sería inconstitucional pedirle a los abogados que denuncien el origen de los fondos con los que se les pagará por defender a una persona que está siendo acusada de cometer un delito. Esto afectaría el derecho al debido proceso y a la debida defensa consagrada en la Constitución y en el Pacto de San José de Costa Rica”. Bueno, no tengo formación jurídica, pero mi humilde opinión es que está mezclando el tocino con la velocidad. Nadie pretende que cualquier acusado no ejerza plenamente su derecho a tener una debida defensa, pero que la pueda solventar con dinero producto de delitos suena a disparate. Parece una interpretación caprichosa de la Constitución y ¿qué quieren que les diga? Parece también que es en beneficio de la corporación a la que pertenecen. Sin dudas que habrá altisonantes argumentos, como traer de los pelos el Pacto de Costa Rica, aunque estos se derrumben por su propia fragilidad. Pero el motivo de esta carta, y de mi asombro y desazón, es el siguiente comentario que realiza el Dr. Chediak en la nota de referencia: “.... No sería lógico que se obligara a hacer eso (denunciar el origen de los fondos) a quién es la última garantía de la defensa de cada uno de nosotros. Ninguna persona acusada de esos delitos (narcotráfico, estafas, etc.) podría defenderse si así fuera y todas terminarían en la defensa pública” (negritas nuestras). Bueno, si realmente nos abocamos a interpretar lo que nos está diciendo concluiríamos en que vivimos en un Estado totalitario y sin gozar de los más elementales derechos. Pregunto, ¿los abogados defensores son la última garantía de la defensa de cada uno de nosotros? Confieso que estaba convencido de que la última garantía nos la daba nuestro Estado de Derecho, la división de Poderes y la jurisprudencia ejercida por nuestros jueces. Y lo que asombra tanto o más que esto es la descalificación a los abogados integrantes de la Defensoría de Oficio, dependiente del Poder Judicial, que parece que no son como los otros la última garantía. Nos dice que si los delincuentes no pudieran usar el dinero mal habido para ejercer su derecho a defensa “... terminarían en la defensa pública”. Si todos los uruguayos fuéramos acusados de cualquier delito, la mitad de nosotros no podríamos pagar la debida defensa que nos garantiza la Constitución, debiendo recurrir a la asistencia jurídica de los defensores de oficio, e interpretando lo dicho debemos concluir que, como se dice vulgarmente, estamos en el horno. Bueno, o lo que nos dice el Dr. Chediak es correcto, lo cual sería catastrófico, o estamos ante una defensa corporativista que al no tener argumentos sólidos esgrime cualquier disparate. Y por último, otro hecho grave, los dichos del Dr. Chediak, considerando su actual destino, no han sido evaluados por la clase política, por el PIT-CNT, movimientos sociales y en especial por los periodistas que en su afán de cumplir con su loable tarea le buscan el pelo al huevo. Una perla más para el largo collar de descrédito de nuestro sistema de justicia. Estamos ante un proceso de deterioro de nuestras garantías y reglas de convivencia, sin hacer de esto una tormenta debemos todos contribuir a revertir esta preocupante realidad.