Corrupción en Salud Pública (IV)

Surgió en el imaginario colectivo, como excusa y justificación dispensadoras, que el ser humano es naturalmente imperfecto y por eso puede (aunque no debe) cometer errores y equivocarse. Hubo una frase concordante de un ex presidente: “Podemos meter la pata, pero no la mano en la lata”. Tiempo después un senador, más drástico, agregó: “…Al que meta la mano en la lata se la cortamos”.

Algunos ejemplos de corrupción y malversación:

* Casinos: U$S 16 millones de pérdida; tragamonedas ilegalmente “importados” y doble pago por mantenimiento.

* Plan de vivienda sindical (PVS) del PIT-CNT: renuncia del responsable más 4 denuncias por estafa.

* Ancap: pérdidas que superan los U$S 200 millones.

* Pluna: pérdidas que superan los U$S 500 millones, además de otros perjuicios sociales.

Como corolario, concluí que lamentablemente para las ideologías y las religiones, ningún ser humano es 100% cristiano, judío, de izquierda o de derecha, cualesquiera sean las ramas a las cuales estén afiliados.

Aclarada mi postura sobre la admisión de la falibilidad del ser humano digo: “¡Bue, doña Tota o don Toto, ta! ¿Pero Fulano de Tal, que ocupa un cargo en una institución que tiene superiores jerárquicos, rendiciones de cuentas, oficinas externas e internas controladoras de entradas y salidas de bienes y servicios, y que recurre a dineros de la comunidad, eso ya es harina de otro costal llamada ‘la mano en la lata’. Para colmo de males, surgen quienes respaldan y anteponen la política partidaria a la ética, la moral y las leyes constituidas”.

Ciertos cargos públicos conllevan obligaciones y responsabilidades. La primera es actuar cristalinamente.

Pero la pregunta que no encuentra respuesta es: ¿por qué la gente de izquierda, que se supone abraza verbos de cualitativo progreso, de superación del hombre, la mujer y fundamentalmente de la sociedad, antepone su ideología a la verdad comprobada de los delitos cometidos en “reiteración real”, no en beneficio de la comunidad o de su tribu, sino del indio sin plumas que se cree caciquillo?

Todas las actitudes públicas o privadas deben tener controles y límites. No interesa tanto cuánto se embolsaron por cohechos (coimas). Esos dineros, que no les pertenecían, fueron desviados, sustraídos, robados. No beneficiaron a la sociedad a la que (desafortunadamente) pertenecen.

Pero hay dos consecuencias sumamente graves (generando una saga).

1)    El accionar de los sindicatos. La unificación de voluntades para la defensa integral de los trabajadores es un objetivo deseable en todas las sociedades. Ciertos recursos (paros, huelgas y acciones delictivas), blandidos para defender y favorecer reclamaciones corporativas por encima del interés general, no lo son. El movimiento sindical no debería permitir que algunos de sus representantes arruinen los superiores objetivos y empañen su imagen (ej.: litigio ADEOM vs. IM en 2002). Si los sindicatos son parte de la comunidad y queremos que esta sea mejor, los sindicatos deben acompañar esa tesitura. El mejor sindicalismo no es el que más huelgas hace sino el que no le da la espalda a la comunidad. La representación sindical en los organismos de dirección (ej.: Enseñanza y Salud Pública) no ha demostrado ser una buena idea.

2)    El poder de las representaciones sindicales. El poder corrompe si no se le controla. El perjuicio perjudica a quienes honesta y cabalmente la defienden y afecta la ideología que supuestamente representan. Por eso no convencen argumentos supuestamente benefactores como “lo hice para salvar las fuentes de trabajo de los compañeros”. El fin nunca justifica el delito.

Quienes sabían de los contratos fraudulentos (manejo abusivo de dinero e influencias, comprobado por la Dirección General de la Lucha Contra el Crimen Organizado), deberían asumir su complicidad y responsabilidad. Resulta pueril alegar que la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ignorara las actuaciones de su representante. Resultan llamativas las actitudes de integrantes de la FFSP impidiendo la comunicación con los medios, colectando fondos para la defensa de quienes ya fueron pocesados y demostrando actitudes patoteriles con sus asociados.

La conjunción de intereses entre gobierno y sindicatos no debe confundirse. El pueblo elige a los primeros, no a los segundos. La gobernabilidad no debe implicar complicidad sindical. Si la FFSP acusa a “la derecha rancia, las corporaciones, los operadores políticos, los empresarios y los burócratas” de haber iniciado la investigación, ¿qué opina del Poder Judicial que comprobó lo que se investigó?

El tomar ventajas con el argumento de “ahora nos toca a nosotros”, además de tufillo a revancha, sería entendible si el expoliado fuera un tirano, un explotador, una entidad que lucra a expensas de las miserias y las vidas ajenas. Pero el despojado, robado, estafado, defraudado y desposeído es el pueblo. Cuando un representante del poder político logra beneficios con medios ilegítimos desmerece su rol y, lo que es peor, perjudica aquello y a aquellos para los cuales buscó ventajas.

Los jerarcas, los superiores de quienes cometieron delitos, incluso excarcelables, deberían ser radiados de la actividad pública pues, a pesar de su ideología y de su religión, demostraron ser incapaces, ineficientes y religiosamente poco creyentes.

Arq. Ignacio David Weisz

CI 612.364-2