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Cuando entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), las investigaciones que ya estaban en marcha quedaron en mano de ocho juzgados. Las sedes del “código viejo”, como se las nombra informalmente, se vieron inundadas de trabajo, ya que eran más de 20.000 los asuntos que estaban en trámite al 31 de octubre de 2017. En la sede sobre la calle Uruguay, donde se instalaron esos juzgados, los expedientes se apilaron hasta en las escaleras y los funcionarios se empeñaron en poner orden al caos.
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Más de un año después, el caos parece estar controlado, pero el avance ha sido más lento de lo que estimaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es que si bien el número de expedientes es muy alto, esos juzgados no tienen asuntos nuevos, con lo cual la carga de trabajo no aumenta y solo disminuye. A medida que las investigaciones se vayan cerrando, la Corte pretende destinar esas sedes a reforzar otras áreas, como las vinculadas a la nueva ley contra la violencia de género.
Sin embargo, ese objetivo está todavía lejos porque el cúmulo de expedientes no se redujo al ritmo esperado, dijeron a Búsqueda fuentes de la Corte. Y el dato que llama la atención y preocupa a los ministros es que hay una “enorme disparidad” en el rendimiento de esas sedes, explicaron.
La Corte dispuso inspecciones en los juzgados y solicitó un informe detallado sobre la cantidad de expedientes tramitados y de sentencias dictadas por cada sede. A raíz de eso detectó que mientras dos juezas —Julia Staricco y Fanny Canessa—, dictaron cerca de 500 sentencias el año pasado, el resto de las sedes emitieron un número muy menor, en algunos casos cercano al 20% de ese total.
“Hay sedes que tienen números sumamente alentadores, y otras con diferencias muy grandes”, dijo una de las fuentes consultadas.
Ese desempeño “desparejo”, añadió, impide que la Corte pueda proyectar cuándo terminarán de cerrarse las causas del código viejo y se podrán reconvertir las sedes. “Tenemos una disparidad de rendimientos tan amplia que no nos permite calcular”, explicó.
Como medida para mitigar esa situación, los ministros dieron la orden de que los seis juzgados “más lentos” —del turno 22 al 27— continúen trabajando a pleno durante la feria judicial mayor, informaron las fuentes. Las dos sedes con mejor desempeño no estuvieron incluidas en esa disposición.
Archivo de expedientes “paralizados”
La situación dispar entre las sedes y el rendimiento por debajo de lo previsto motivó que la Corte emitiera en diciembre una acordada ordenando a los jueces revisar y disponer el archivo de los expedientes que tengan más de un año de antigüedad y que refieran a delitos leves cometidos por primarios.
Según informó El País a principios de enero, la comisión de seguimiento que monitorea esos juzgados detectó “un número importante de expedientes paralizados” en la etapa de presumario, y por eso la Corte ordenó la revisión de las causas y el decreto de su archivo con vista a la Fiscalía y “sin perjuicio” (es decir que pueden reanudarse si surgen nuevos indicios). El plazo máximo para que los magistrados analicen los casos es el 30 de abril, dice la acordada.
“La idea es que estos procesos y estos juzgados bajo el régimen del CPP antiguo terminen su tarea cuanto antes”, explicó al diario la ministra de la SCJ, Elena Martínez.
La jueza Staricco, que integra la comisión de seguimiento, dijo a Búsqueda que el objetivo de la acordada es tener un número “más preciso” de los expedientes que efectivamente están en trámite, ya que si bien el total de causas es alto, muchas están quietas y corresponde que sean archivadas.
“Se archiva con vista de la Fiscalía, por lo cual si el fiscal se opone, se sigue instruyendo. También se cita al indagado y al denunciante, y si hay oposición o si surgen nuevas pruebas, se sigue tramitando”, explicó. Es para “delitos menores” que llevan tiempo cometidos y “que si no hubo avances es posible que ya no surja nada nuevo”, añadió.
La medida generó algunas críticas debido a que puede interpretarse como una invasión de la independencia de los jueces. Para Staricco, sin embargo, solo se trata de evaluar si esos expedientes “ameritan que sigan en trámite o no”. “La Corte no dice que sí o sí se deben archivar”, afirmó.
El País también informó que en noviembre el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, se reunió con Martínez para plantearle la preocupación del gremio por las deficiencias en el funcionamiento de algunos de los juzgados penales que funcionan bajo el antiguo código. Luego de eso, los jueces pidieron un refuerzo de personal, que la Corte concedió.
“Buen ritmo”
El juez Nelson Dos Santos, de 22º turno, dijo a Búsqueda que las sedes superaron el “caos” inicial y que hoy el trabajo “se normalizó”. Coincidió en que esos juzgados eventualmente deberán terminar su trabajo y reconvertirse, pero dijo que es difícil estimar cuándo ocurrirá y señaló que hay causas, como las que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que pueden requerir todavía años de trabajo.
Por su parte, la magistrada de 26º turno, Ana de Salterain, dijo que todas las sedes “están trabajando a full”. Respecto a las disparidades de rendimiento, sostuvo que no es su estilo “compararse con otros” y que su juzgado “funciona al máximo que puede rendir”. Respecto al tiempo que estima que llevará terminar con las causas, dijo que es difícil “hacer proyecciones a futuro” cuando hay tantos asuntos en investigación.
“En su momento se tendrán que repartir las causas que queden” en menos sedes, pronosticó.
Staricco también opinó que “no es fácil determinar cuánto tiempo” falta para liquidar el viejo código, pero agregó que “lo que sí está claro es que las sedes se van a ir fusionando” a medida que se reduzcan los expedientes. Mencionó también que los trámites se enlentecen debido a que solo hay cuatro Fiscalías trabajando con el sistema viejo, con lo cual a veces no dan abasto y su intervención se demora. Por ese motivo habrá pronto una reunión con la Fiscalía, informó, en la que se buscará encontrar soluciones a ese problema.
