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Las coimas millonarias que durante años recibieron directivos de la FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para asegurar privilegios en la asignación de los derechos de publicidad y transmisión de los torneos, llevaron a varios de los involucrados tras las rejas.
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En Uruguay, una investigación de la Justicia especializada en Crimen Organizado sobre las irregularidades en la Conmebol derivó en el procesamiento con prisión del ex dirigente Eugenio Figueredo.
Sin embargo, esa investigación aún no está cerrada. Tras permanecer congelada durante varios meses —Figueredo fue procesado en diciembre de 2015 y desde entonces no hubo mayores novedades— el nuevo fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó esta semana nuevas medidas.
Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, el fiscal envió un escrito al Juzgado a cargo de María Helena Mainard en el que “define el objeto de la investigación”. En ese sentido Pacheco indicó que la Fiscalía desistirá de ir tras los involucrados que están siendo juzgados en otros países y se concentrará en indagar “a los uruguayos” que puedan tener responsabilidades.
La anterior fiscal de la causa, María de los Ángeles Camiño —que en febrero pidió dejar el cargo por razones de salud— había solicitado en marzo de 2016 la citación como indagados de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de la empresa Full Play, y del también argentino Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de Torneos y Competencias (Búsqueda Nº 1.859).
No obstante, Pacheco decidió que no pedirá la extradición de esas personas dado que ya están siendo investigadas y juzgadas en otros países, explicaron las fuentes. La fiscalía argumentó que no requerirá la extradición “de nadie que esté siendo indagado en otro país” porque “no se puede juzgar dos veces a alguien por el mismo hecho”.
Las fuentes explicaron que, por otra parte, en varios de los casos vinculados a la Conmebol hay una “superposición de jurisdicciones”, dado que los hechos involucran a varios países, por lo cual la Fiscalía entiende que no corresponde que Uruguay pida la presencia de personas que ya están bajo investigación.
En lugar de perseguir a los extranjeros, la Fiscalía se concentrará en continuar las investigaciones respecto “a los uruguayos” que puedan estar involucrados en la causa.
En esa línea, el fiscal mantuvo el pedido de Camiño de citar como indagado al ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá, que concurrirá a fines de este mes (tenía una audiencia fijada para el 15 de marzo pero pidió que se postergara).
Figueredo declaró en junio de 2016 que Bauzá había recibido una coima de U$S 400.000 de parte de Full Play, una empresa que buscaba asegurarse la firma de contratos por los derechos de televisación de los torneos de la Confederación.
“Le entregué físicamente al doctor Bauzá la suma de cuatrocientos mil dólares, en dos entregas”, dijo Figueredo ante la Justicia, luego de que acordara aportar información sobre otros involucrados en las irregularidades para aliviar su pena. Narró que Bauzá fue dos veces a su casa, solo, y se llevó el dinero en efectivo (Búsqueda Nº 1.872).
Además, el fiscal solicitó citar nuevamente al español Gorka Villar, director ejecutivo de la Conmebol e hijo de Ángel María Villar, miembro de la FIFA. Gorka Villar había sido citado a declarar por el primer fiscal de la causa, Juan Gómez (sustituido después por Camiño), pero el español pidió que se pospusiera la audiencia debido al asesinato de su prima unos días antes de la fecha que debía concurrir.
Si bien Villar no es uruguayo, el fiscal tomó en cuenta que es el único involucrado que no está siendo investigado en otro país, por lo cual insistirá con su citación, indicaron las fuentes. Además, Villar está implicado directamente en la causa uruguaya, ya que los clubes denunciaron que la Conmebol los extorsionó para que retiraran la denuncia en la Justicia.
En una de sus declaraciones ante el Juzgado, Figueredo responsabilizó directamente a Villar de las extorsiones. Dijo que los amenazó con que si no retiraban la denuncia no podrían jugar la Copa Libertadores y que “utilizaba la influencia de su padre para que la FIFA respaldara mediante notas coactivas a la AUF” (Búsqueda Nº 1.850). Tras esas presiones, los clubes retiraron la denuncia, que fue ratificada únicamente por la Mutual de jugadores.
