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El comunicado emitido por la Mesa Política del Frente Amplio desnuda la profunda crisis institucional que asola a nuestro país. La posición del FA, coalición de oposición que integra a dos de los sectores que fueron protagonistas de los agónicos y nefastos pasajes de la historia reciente de nuestro país, el MPP y el PCU, amenaza la institucionalidad al no poder justificar su oposición a movilizaciones pacíficas y de profundo contenido democrático que protagonizan distintos sectores de la sociedad, que promueven sus legítimos intereses en defensa de lo que se considera injusto. Emplazan al presidente de la República y al histórico líder del Partido Colorado a ratificar o rectificar sus comentarios de apoyo a iniciativas que no atentan contra ninguna norma y por el contrario señalan el camino de la paz y la reconciliación nacional.
Esta actitud, vehemente y agresiva, que amenaza con la eventualidad de contramovilizaciones y la consecuente conflictividad social pone en evidencia la fragilidad de la democracia y la República que ahora, a partir del comunicado que nos alarma a todos, deja de lado los eufemismos para manifestar abiertamente el cuestionamiento a todo aquello que no comulgue con su visión de la cosa. Cada una de las palabras empleadas en el descarnado mensaje reemplaza la acción de los disparos y bombas de los años 60, los secuestros y asaltos de los 70 y desenmascara las actividades subversivas que a partir del año 1973 amenazaban la paz pública en nombre del paraíso comunista con el que curiosamente nuestra sociedad nunca tuvo nada que ver.
Las movilizaciones democráticas cuestionadas, como la llevada adelante por los escritores Mercedes Vigil y Luis Abenia, el grupo de Familiares de Prisioneros Políticos (militares, policías y civiles detenidos y procesados indebidamente) o el partido político Cabildo Abierto, reclama a la República el cumplimiento de los acuerdos consagrados por ley y refrendados en dos oportunidades por el voto de la ciudadanía. Estas consignas, presentadas pacíficamente, no deben ni pueden suponer la posibilidad de que aquellos que no están de acuerdo intimen a nadie a desconocer el reclamo de los derechos que se reivindican, entre los que figuran la inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa, comunicada en dos oportunidades por la Suprema Corte de Justicia y luego, como parte de un largo collar de irregularidades que le siguen a ese golpe de Estado técnico promovido por el FA en la anterior administración, se cuestionan las tipificaciones aplicadas por la Fiscalía especializada que desconoce el principio de irretroactividad de la nueva norma que por si fuera necesario también se consagra a texto expreso en los tratados internacionales que se citan, la falta de pruebas y la aplicación del principio de convicción de fiscales que han debido armar relatos para poder ubicar en esas historias a quienes se desea procesar y por último, en la inexplicable aplicación de medidas cautelares para los procesados.
Un dato es claro, la debilidad política del presidente de la República y la fragilidad de la coalición de gobierno. Tal vez la pandemia finalmente los infectó, inyectándoles temor a la verdad llevándolos a olvidar ya no solo los compromisos contraídos en el año 1984, sino tal vez algo más grave, su compromiso con la democracia y la República.
La realidad, que en estos momentos unos combaten desde la oposición y otros pretenden ignorar desde el gobierno, como todas las cosas importantes de la vida es muy sencilla. Se trata de procurar los equilibrios necesarios y recordar que nuestra sociedad ya saldó lo vivido en los años 60 y 70. Y lo hizo al mismo tiempo que recuperaba el más caro espíritu de la nación, la democracia. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no debe observarse con independencia de las leyes de Amnistía General Irrestricta y de Restitución de los Funcionarios Públicos. Las tres conforman ese maravilloso trípode sobre el cual se puso de pie a la República. La imposibilidad de impartir justicia equitativamente y a todos los responsables de tanto dolor y miseria, nos llevó a todos a procurar el camino del perdón. Y así lo hicimos, celebrando el accionar del parlamento democrático que lo consagró en leyes y luego, respetando a una minoría disconforme, con dos consultas populares que, con 20 años de distancia, ratificó esa voluntad. El destemplado y fanático pronunciamiento del FA se relaciona con un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto, se le conoce como la Ley de Humanización y propone la prisión domiciliaria para todos los presos mayores de 65 años. Y aún cuando debiera, no libera a nadie, no amnistía ni perdona nada. Simplemente modifica condiciones de detención.
Esta crisis institucional en la que ya estamos inmersos ahora se desnuda, pero ya ha venido manifestándose ante la incapacidad de reacción de los partidos que ahora conforman la coalición de gobierno. Comenzó a desprenderse de sus ropas en la anterior administración cuando aprovechando la mayoría circunstancial en el parlamento promovió y votó una ley interpretativa para enmendar la plana del soberano. En ese momento se registró un golpe de Estado técnico que ni blancos ni colorados registraron. Esa ley, que fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ha seguido de largo, consagrando injusticias que no pueden entenderse en el marco de una República erguida y atenta. Y así estamos. El odio y el rencor que promueve el FA, controlado ahora por un Partido Comunista que no abandona su sueño y solo lo acomoda a las circunstancias del momento, hoy pone en jaque a la República.
Quienes en nuestro legítimo derecho pretendemos vivir en paz y deseamos reconciliarnos con el prójimo, a quien, sin calificar o identificar, decidimos no juzgar, en algo estamos de acuerdo con la Mesa Política del Frente Amplio, también esperamos que el gobierno se pronuncie.
Grupo Familiares Presos Políticos
(en respuesta a la nota publicada por el diario El País,
