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El 19 de setiembre el abogado de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, Carlos Belardi, presentó su alegato en el juicio que enfrenta su clienta por corrupción. Ese día la expresidenta elogió a su abogado en Twitter porque, según escribió, demostró con prueba cómo los fiscales habían mentido “descaradamente”.
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Ese tuit obtuvo varios apoyos. Una de ellas fue la vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ana Ferraris. “Lo seguimos desde el otro lado del charco. Un gran alegato, desnudando la trama armada por el ministerio público. (¡)Demoledor!”, escribió.
En una entrevista con Búsqueda, Ferraris dijo que Fernández, condenada a seis años de prisión por corrupción, es víctima de una persecución.
“Estoy convencida de eso. Hay una información totalmente sesgada, por lo poco que yo veo. Hay ahí un proceso de lawfare que uno lo ha visto bastante claro en otros mandatarios que han pasado por situaciones análogas. Creo que sí, que en el caso de ella, con particular saña”, dijo.
El término lawfare se suele usar en Argentina para referirse al uso de procesos legales para atacar a oponentes políticos.
Consultada sobre si en Uruguay existe lawfare, la directora de la junta respondió que “no a niveles como hay en Argentina y Brasil”.
En Uruguay el senador Charles Carrera dijo que era víctima del lawfare porque el Ministerio del Interior lo acusó de presuntas irregularidades cuando ocupaba la Dirección General de esa secretaría de Estado (2010-2017).
Acerca de la situación de Carrera, Ferraris, que integra la Jutep por decisión del Frente Amplio, afirmó: “No descarto el lawfare, sin perjuicio de lo que se resuelva judicialmente”.