Cuando cruje la Constitución

Cuando los políticos, por intereses personales o corporativos trampean la Constitución, erosionan la relación entre poderes, violan principios éticos y morales y alimentan la desconfianza social en las instituciones. Es cuando la República y la Carta crujen. Sucedió en el pasado reciente con las consecuencias que hemos padecido.

Cuando una enfermedad afecta nuestra salud física las consecuencias son amplias y pueden llegar a la muerte. No es diferente a lo que ocurre con la salud social.

En los últimos meses, mediante reiteradas e inéditas acciones oficialistas, las instituciones ingresaron en una peligrosa etapa en la que nada tiene que ver la libertad de expresión. Discrepar o cuestionar decisiones de jueces y fiscales forma parte de la libertad de expresión. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Mintiendo o desinformando, el corporativismo mina las instituciones y siembra desesperanza. Quienes lideran y planifican ese proceder bastardo olvidan las consecuencias del desprecio por el Estado de derecho y las instituciones. La codicia tiene memoria corta.

Quienes participaron en la asonada de febrero en la Suprema Corte de Justicia no son sólo los energúmenos que pretendieron impedir por la fuerza que el Poder Judicial ejecutara una decisión. Tuvieron respaldo político y de aspirantes a cargos de asesores, esos en los que se trabaja poco, se cobra bien y se sigue ejerciendo la profesión liberal.

¿Cómo calificar los denuestos de políticos y el gobierno a la Corte de hacerle mandados a la oposición por las sentencias de inconstitucionalidad generadas por empecinamiento mayoritario?

Cuando se suponía que esos eran desaguisados aislados, tras los pedidos de procesamientos del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, volvieron con más fuerza.

Manifestaron frente a la casa de veraneo de Lorenzo y éste los saludó como si le hubieran concedido el Nobel de Economía. No fue una manifestación espontánea. La organizaron legisladores y otros gobernantes en contra de la Justicia. Desde el retorno a la democracia no recuerdo que haya ocurrido algo igual pese a que dos decenas de políticos, mayoritariamente blancos y colorados, fueron bien procesados por el mismo delito: abuso genérico de funciones.

Ahora, los energúmenos desbordan el vaso difamando al fiscal Juan Gómez y le imputan ser un alcahuete político.

Minar la confianza institucional y legal no es patrimonio de uno o dos sectores. El martes 11 se organizó en Treinta y Tres una manifestación de respaldo al ex intendente socialista Gerardo Amaral (2005-2010) procesado por la jueza Mariela Tejera por “conjunción del interés privado y público”.

Participaron los intendentes Patricia Ayala (Artigas), Marcos Carámbula (Canelones), Óscar de los Santos (Maldonado), Ana Olivera (Montevideo) y Artigas Barrios (Rocha), la directora general de Turismo, Hyara Rodríguez, el secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey, el ex ministro de Educación Jorge Brovetto, y el actual, Ricardo Ehrlich.

Respaldaron a Amaral e implícitamente cuestionaron la decisión judicial, a lo que tienen derecho. Acaso consideran que está bien “apartarse de las normas y principios imperantes en materia de conducta en la función pública”, como le atribuyó al ex intendente la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Así parecen entenderlo Ayala, Carámbula, De los Santos, Olivera, Barrios y Ehrlich. Menudo lío tendrán cuando se levante la manta de sus administraciones.

La participación de Ehrlich preocupa especialmente. Con su presencia expresó implícitamente su oposición al dictamen de la fiscal Nidia Morosini de haber pedido el procesamiento de Amaral. El ministro (de quien depende el Ministerio Público) es el jefe administrativo de la fiscal. Cierto es que cada fiscal tiene independencia técnica pero, ¿no es significativo que el único ministro asistente haya sido el jefe de los fiscales? ¿Qué consideración le tendrán ahora los habitantes de Treinta y Tres a una fiscal descalificada por su jefe? ¿Cómo reaccionan los otros fiscales y su gremio?

Según Amaral, la manifestación no fue para cuestionar el fallo judicial sino en reconocimiento a su trayectoria. ¡Qué casualidad! ¡Justo ahora! ¿No tuvieron tiempo de homenajearlo en los cuatro años transcurridos desde que dejó el cargo? Si tienen plumas, dos patas, picos chatos y parpan, son patos. Bien sabemos lo que dejan a cada paso.

Una síntesis adecuada a estos tiempos es una reflexión del Dr. Leonardo Guzmán el viernes 14 en “El País”: “Si hoy el principismo se ha eclipsado es porque hemos dejado que las sensibilidades sectoriales, parciales, fragmentarias, griten en la plaza pública más que la sensibilidad ciudadana por la República y su Constitución”.