Cuando el Estado desaparece

La columna de Pau Delgado Iglesias

5 minutos

Nº 2141 - 23 al 29 de Setiembre de 2021

Tres mujeres fueron asesinadas por hombres en la última semana: una señora de 84 años, una de 34 y una joven de 19; ya suman 24 los femicidios ocurridos en Uruguay en lo que va de 2021. Como explica la página del Ministerio del Interior (MI), femicidio es un término que se usa para visibilizar los crímenes “por razones de género”: lo que señala es que se trata de asesinatos a mujeres por el único hecho de ser mujer. Sin embargo, las organizaciones feministas prefieren muchas veces usar la palabra feminicidio. Como lo explica también el propio ministerio, la diferencia entre los términos no es menor. Si bien ambas palabras se basan en la figura delictiva del femicidio, el último término pone el acento en la responsabilidad del Estado. Y aunque desde la página del MI se entiende que esta figura no es adecuada para Uruguay —ya que el Estado no es omiso en la “prevención, investigación y represión de estos crímenes”— muchas organizaciones de mujeres vienen señalando con preocupación la creciente desarticulación en el país de las respuestas estatales a la violencia de género.

El más reciente de los retrocesos se puede ver en la nueva “Guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género”, emitida el pasado 14 de setiembre. Entre los nueve puntos que aparecen detallados, el tercero establece que la toma de denuncia “requerirá al denunciante o víctima la presentación de pruebas”. En primer lugar, rechina la redacción en “masculino genérico” siendo que las principales víctimas de este tipo de violencias son las mujeres. Redactar “el o la denunciante” hubiera sido sin dudas más adecuado. Sin embargo, en el punto siguiente sorprende el uso del lenguaje inclusivo, esta vez para referirse a la figura de quien ofende: “Asentará el domicilio del/la ofensor/a y otros lugares que frecuenta”. Me pregunto qué criterio habrá tomado la persona que redactó la guía para usar lenguaje inclusivo cuando se refiere a quien ofende, pero no cuando se refiere a quien denuncia.

De todas maneras, esto no es lo relevante en cuanto a los retrocesos mencionados. En este sentido, una de las cosas que sí preocupaba de la nueva guía era la expresión requerir pruebas, que hacía ver la presentación de pruebas como un requisito de la denuncia, cuando eso es en realidad precisamente lo que le corresponde investigar a la Policía (como explicaron al periódico la diaria fuentes del ministerio, la presentación de pruebas no es “requisito” para una denuncia en ningún delito). También preocupaba el hecho de que la guía estableciera “consultar a la víctima si entiende que está en riesgo de vida”. Nuevamente, eso es una evaluación compleja que debe realizar la Policía y no la propia persona que se encuentra en una situación vulnerable y no necesariamente ve con claridad el riesgo que corre.

Después de que estas críticas tomaran público conocimiento, el Ministerio del Interior emitió el miércoles 22 un nuevo protocolo que cambia la redacción de estos dos puntos. El problema es que las situaciones de violencia a las que están expuestas las mujeres son tantas y tan complejas que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar los instrumentos y las acciones que se toman para combatirlas, no ir hacia atrás con medidas mal tomadas. Esto requiere de un compromiso serio e informado sobre estos temas, algo con lo que, lamentablemente, no siempre se cuenta.

En este sentido, otra de las dimensiones de violencia que duele y preocupa, y en la que el Estado parece estar omiso desde siempre, es la enorme cantidad de mujeres que desaparece en el país sistemáticamente, año tras año. Desde el lunes 20 está desaparecida una funcionaria de la Facultad de Ciencias, Valeria Bagnasco Nebot, de 35 años, después de haber salido de su casa camino al trabajo a las 7.30 a.m.

En muchos casos, las desapariciones nunca son resueltas. De hecho, el 13 de setiembre pasado las madres de seis mujeres desaparecidas entre 2019 y 2020 presentaron una denuncia colectiva para exigir a la Justicia que sus casos sean efectivamente investigados. El colectivo de mujeres ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, que acompaña desde 2017 a varias familias de mujeres desaparecidas, observó que existían características en común en la desaparición de Florencia Barrales Techera, Daniela Virginia Bera Fernández, Yamila Isamar Estévez Techeira, Jennifer Gómez, Micaela Ramírez y Gina Cristal Rodríguez Sánchez. Uno de los aspectos en común es que las seis solían frecuentar el barrio 19 de Abril: el mismo barrio en el que en febrero de este año se encontraron los cuerpos de dos mujeres asesinadas, desaparecidas hacía meses. “Si el Estado no investiga, es cómplice”, se podía leer en el cartel que sostenía la madre de Estévez Techeira frente a Fiscalía el día que realizaron la denuncia.

La realidad es que no hay cifras oficiales por parte del Estado de la cantidad de mujeres desaparecidas ni hay un seguimiento de los casos que permita por ejemplo investigar posibles vínculos con redes de trata —como la organización que fue desarticulada en febrero de este año, que enviaba víctimas a España para ser explotadas sexualmente—.

Finalmente, y siendo este jueves 23 el día de la reivindicación de las identidades trans, vale la pena volver a mencionar en este espacio que los travesticidios cometidos entre 2011 y 2012 siguen sin ser resueltos, 10 años después.

Para que se haga justicia con todas las mujeres víctimas de violencia machista (las viejas, las jóvenes, las pobres, las trans), lo que se necesita con urgencia es un Estado que no desaparezca.