Cuestionamientos a plan contra consumo de alcohol

El mandatario Tabaré Vázquez reinstauró una comisión multisectorial (con representantes de todos los partidos, la Presidencia, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines, y el sindicato de la bebida) que trabaja en la regulación del mercado del alcohol y que viene acordando límites a la venta y consumo de bebidas etílicas. De ese ámbito surgió además, un proyecto de ley de “tolerancia cero” —con reducción de 0,3 a 0,0 gramos por litro de sangre el máximo permitido para los conductores de cualquier tipo de vehículo— que en mayo entró al Parlamento.

Informaron que en Uruguay se consume entre 7 y 8 litros en promedio por persona al año, un guarismo relativamente bajo en la comparación con otros países de la región.

Señalan que el abuso tiene una raíz “multicausal” asociada a la “pérdida de valores, la falta de contención del sistema educativo y familiar, y la incorporación de las bebidas alcohólicas desde edades tempranas”. A su juicio, esos problemas “son mucho más profundos que las decisiones que se puedan tomar en la legislación, que hay que discutir e implementar, pero que por ahora no están apuntando a resolver el fondo de la cuestión”. Y agregaron: “Es un acierto que el tema se discuta, pero hay que educar, informar y trabajar en el concepto de prevención”.

Las fuentes mencionaron estudios y experiencias exitosas en Australia, los países nórdicos y algunos estados de Estados Unidos, donde las soluciones pasan por ofrecer un buen sistema de transporte colectivo, una zona de inspección de los conductores para apreciar las condiciones de manejo, libreta con puntos y equipos de espirometría de muy buena calidad que se complementan con sanciones y niveles de tolerancia distintos según la edad de los infractores.

En esa línea, los fabricantes son partidarios de que se hagan “intervenciones programadas” y no “masivas”, para medir el problema antes y después de aplicar la normativa. También plantean que se dispongan planes de educación acerca de las consecuencias de consumir alcohol en demasía, y un “espacio de tiempo y tolerancia” para que los jóvenes reciban sanciones razonables que los hagan “tomar conciencia” del riesgo en edades tempranas.

Además reclaman que se comience por “aplicar las leyes y disposiciones” que ya están vigentes. “No tenemos un sistema de inspección riguroso que se aprecie en la calle, en las rutas, y se controle efectivamente el cumplimiento de las normas”, indicaron. Y afirman que si lo hubiera el problema disminuiría sin cambiar el tope de 0,3 gramos.

Según los empresarios consultados, en Uruguay existe pluriconsumo (alcohol y otras sustancias) que requieren de acciones distintas a las implementadas en otros países.

Otro argumento es que con la regulación que se plantea —que, eventualmente, introduciría restricciones de los espacios publicitarios, aumento de impuestos y licencias para el expendio de bebidas etílicas— disminuirán las ventas de las fábricas y se perderán puestos de trabajo. Frente a ese panorama, los empresarios entienden que deben darse plazos para una adecuación del sector.

Comerciantes.

Fuentes de la Asociación de Supermercados dijeron a Búsqueda que la regulación no debería ser el “único camino. El cambio de conducta y conciencia no se produce con una norma”.

Las medidas restrictivas pueden hacer crecer la venta informal de bebidas alcohólicas. Sobre las grandes superficies “impactarán muy poco” porque abastecen sobre todo un consumo familiar, añadieron.

Mientras, desde la gremial de baristas indicaron que apoyan en general la idea de controlar más el consumo de alcohol. Sin embargo marcaron que tienen diferencias con la propuesta que discute la comisión de ampliar el horario en que está prohibido expender bebidas (desde las 22 a las 8, en lugar de las cero a seis, hora que rige actualmente).