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    Datos y relatos

    Director Periodístico de Búsqueda

    Nº 2203 - 8 al 14 de Diciembre de 2022

    Dice el relato que reformar la educación en Uruguay es casi imposible, que en el sistema de enseñanza mandan los sindicatos, que los docentes se resisten a cualquier tipo de cambio significativo y que por eso los resultados que obtienen los alumnos son cada vez peores. Sostiene además que esta cruz con la que carga el país sobrevive a todos los gobiernos, sean de la orientación política que sean. Que no es un tema de liderazgos, ni de ganas ni de insistencia. Que el problema está tan enquistado en el cuerpo educativo que lo que se necesita es uno nuevo.

    Muestran los datos que cuando se quisieron hacer cambios importantes en la enseñanza, se hicieron. Que a fines del siglo pasado el entonces director nacional de Educación Pública (ANEP), Germán Rama, instaló la educación obligatoria para los preescolares, las escuelas de tiempo completo, la formación de todos los docentes incluso en el interior del país y muchas otras medidas que siguen vigentes y con buenos resultados hasta hoy. Que lo que hizo fue pasarle por arriba al relato, sin importarle las consecuencias porque no tenía ninguna aspiración electoral futura. Que lo criticaron por izquierda y también por derecha, muchos de los que después lo tomaron como ejemplo —incluso en el gobierno actual—, pero que él hizo oídos sordos. Que tampoco respetó el relato el expresidente Tabaré Vázquez cuando decretó el Plan Ceibal por fuera de la estructura educativa, protestara quien protestara, o su sucesor, José Mujica, al lograr apoyo de todos los partidos en el Parlamento para la creación de la Universidad Tecnológica (Utec) en el interior uruguayo. Que ahora, en el año que comienza, algunos intentarán repetir esa historia.

    Dice el relato que lo que se debe hacer siempre es poner lo jurídico por encima de lo político, que promover lo contrario pone en riesgo la institucionalidad democrática y fomenta la discreción y los abusos de poder de todo tipo. Que son los populistas los que se pasan las leyes por sus intereses y las acomodan en función de sus necesidades. Que las reglas de juego tienen que estar claras y ser iguales para todos, y que se logran mediante un marco legal claro, contundente e inevitable.

    Muestran los datos que en el gobierno de Mujica se puso lo político por encima de lo jurídico para hacer ingresar a Venezuela al Mercosur por la ventana, y que en eso estuvieron de acuerdo al menos tres presidentes también de orientación izquierdista de otros países integrantes del bloque regional. Dejan entrever también los datos que casi una década después se volvió a poner por encima lo político sobre lo jurídico, aunque para un asunto más doméstico y en un gobierno de otra orientación ideológica. El origen de este último caso es una denuncia periodística, publicada por Búsqueda en febrero de 2020, en la que se informó con base en documentación oficial que el líder de Cabildo Abierto y senador, Guido Manini Ríos; su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, el coronel retirado Roque Moreira, eran colonos propietarios de un campo en Artigas y como tales estaban inhibidos de promover desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento cambios a la ley de colonización.

    Ellos siempre lo negaron y acompañaron las modificaciones legales, por lo que luego fueron sometidos a una investigación interna en Colonización. Como resultado, un informe técnico y dos jurídicos llegaron a la conclusión de que sí son colonos. Pero el directorio del organismo insistió y buscó una opinión externa, que falló a favor de Manini y su familia. La duda entonces fue qué poner por encima, si lo jurídico, mayoritario en contra de Manini, o lo político, que implicaba abrazarse al informe externo para mantener la coalición gobernante sólida en momentos cruciales como los actuales. Fue cuatro a uno a favor de los Manini-Moreira. Otra vez, parece ser que lo político desplazó a lo jurídico.

    Dice el relato que en Uruguay los índices de corrupción son bajísimos, que el país es como una especie de isla en la región, que acá no hay agujeros negros, ni bolsos con cientos de miles de dólares tirados en conventos, ni suicidios dudosos, ni mafias operando, ni grandes organizaciones de crimen organizado. Que los acomodos son mínimos, que la mayoría de las licitaciones son absolutamente limpias, que las coimas prácticamente no existen, que las dudas que dejan algunos episodios no son significativas.

    Muestran los datos que en el último gobierno renunció un vicepresidente de la República luego de que se hiciera público que utilizó una tarjeta corporativa del Estado para gastos personales y que mintió sobre su formación académica. Y que en el anterior fueron procesados un ministro de Economía y un presidente del Banco República por favorecer a un empresario privado. Y que en el actual gobierno quien se desempeñaba como custodio personal del presidente de la República fue enviado a prisión y es investigado por la Justicia por actividades ilícitas que involucran a policías y jerarcas públicos que le pidieron favores, supuestos seguimientos a representantes de la oposición y una lista que todavía se está llenando.

    Dice el relato que Uruguay es uno de los países más democráticos de América Latina y que prácticamente no hay ninguna falla importante en el funcionamiento de sus instituciones que genere motivos de preocupación. Pero, por encima de eso, cuenta también que los uruguayos tienen una cultura cívica ejemplar, que contemplan a los adversarios y que son muy respetuosos de las reglas de juego democráticas. Que por eso la grieta entre los distintos bloques ideológicos no es tan profunda como en otros países y que la rotación de partidos políticos en el poder se realiza en forma frecuente y casi sin traumas.

    Muestran los datos que hay senadores de primera línea del oficialismo que dedican gran parte de su tiempo a desacreditar a los opositores, pero también a periodistas, jueces, fiscales y cualquiera que se atreva a plantear una duda sobre algo que involucre al presidente Luis Lacalle Pou o a algún jerarca de primera línea del gobierno. También que desde la oposición algunos aprovechan un traspié de Lacalle Pou con su custodio personal, en plena investigación, para solicitar su renuncia. Son incapaces de al menos cubrirse con un poco de tiempo como para poder dimensionar correctamente el tema y prefieren desestabilizar y destruir todos los puentes que encuentren a su alcance, al igual que esos legisladores en la vereda de enfrente.

    Dice el relato que gane quien gane las próximas elecciones y las otras y las otras, no habrá demasiados cambios, porque así es Uruguay. Que los que se dedican a destruir siempre se terminan imponiendo sobre los que quieren hacer. Que no hay vuelta.

    Ojalá los datos terminen mostrando algo distinto y que sea desde ya. Porque cansa tanto divorcio entre los relatos y los datos.