De colonos a colonizados

Hasta hace menos de una semana, era imposible referirse a algunos temas sin ser arrastrado al barro y terminar envuelto en una nube de manotazos y gritos que dificultaban cualquier tipo de reflexión o intercambio. Aunque lo único que se pretendiera fuera un debate sensato, más allá de los celestes o rosados. Todo, absolutamente todo, se teñía de esos colores y de una guerra sin mucho sentido.

El desencadenante de esta sentencia es el episodio que involucra al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a su suegro, el coronel Roque Moreira, y al campo de 4.350 hectáreas que poseen en el departamento de Artigas. Una parte de ese establecimiento, originalmente del Instituto de Colonización, fue adquirida en 1971 por el coronel Moreira y luego se desarrolló un periplo con varias instancias burocráticas, sumatorias de nuevas tierras y otros involucrados. Es un gran embrollo, digno de ser resuelto por una legión de abogados y escribanos. Algunos ya están en eso, pero ese no es el tema de esta columna. Lo que causa vergüenza es cómo se ha abordado la disyuntiva de si Manini Ríos, su esposa y su suegro son colonos propietarios o no lo son.

Primero porque es recién en febrero de 2020, unos días antes de que asumiera el actual gobierno, que se conoció públicamente la posibilidad de que uno de los principales socios de la coalición ganadora y una futura ministra fueran colonos propietarios de 2.856 hectáreas. Y se supo a través de una investigación de Búsqueda, realizada porque algunos de los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que ya habían sido redactados, implicaban un beneficio para los colonos. Nada se dijo al respecto durante todos los años anteriores, en los que Manini Ríos realizó una muy exitosa carrera militar, que finalizó con la comandancia del Ejército asumida al final del segundo gobierno del Frente Amplio. En ese momento parecía no importar de qué forma estaba compuesto su patrimonio y si no había algún apartamiento a las leyes vigentes.

Segundo porque solo uno de los actuales directores de Colonización, el representante de la oposición, fue el que solicitó una investigación formal al respecto. Los demás hicieron como si el episodio no hubiera existido. Luego de la difusión pública de la noticia en febrero de 2020 y el revuelo que se produjo, parecía muy necesario, casi de orden, que todos hicieran un chequeo de papeles, por fuera de intereses políticos. Pero no ocurrió.

Tercero porque una vez conocidos públicamente los resultados de la inspección formal por parte de Colonización, que llega a la conclusión —después de un trabajo de meses realizado por profesionales— de irregularidades cometidas por Manini Ríos, su esposa y su suegro, a los que cataloga como colonos propietarios, lo que más se escuchó fue el ruido generado por la campaña electoral prerreferéndum. Deberían haberlo previsto los integrantes del directorio de Colonización y haberlo tratado de otra forma o en otro momento.

Cuarto porque la reacción casi inmediata de una parte importante del oficialismo fue denunciar una conspiración encabezada por el director opositor en Colonización, Andrés Berterreche, sin darse cuenta de que eso deja muy mal parado también al gobierno. ¿Cómo es posible que un solo jerarca pueda pasar por arriba de la mayoría y armar a medida un informe mediante una abogada, que entró por concurso al Estado? De ser así, es gravísimo y deja como inoperantes a los que tienen la mayoría.

Quinto porque la primera respuesta de algunos dirigentes políticos, y en especial de Manini Ríos, fue criticar directamente al mensajero, al que difundió públicamente la información, en este caso Búsqueda, como si un informe oficial que acusa a un senador y a una ministra de infligir la ley no fuera de interés público. “Sicarios”, nos dijo Manini. Por segunda vez, en poco tiempo. Asesinos a sueldo. Un despropósito absoluto que el propio general retirado atribuyó días después en una entrevista radial en Sarandí al enojo del momento. Pero no hubo un pedido de disculpas, como hubiera correspondido.

Sexto porque unos pocos días después de conocidas públicamente las conclusiones del informe el presidente del Instituto de Colonización, Julio Cardozo, fue a visitar a Manini Ríos al Palacio Legislativo, algo totalmente fuera de lugar. Uno es el encargado de investigar y otro es el investigado. Hasta no tener las conclusiones finales, no debería haber contacto entre ambos. Tampoco parece sensato que muchos políticos ya hayan dado como un hecho que el líder de Cabildo Abierto es inocente o culpable sin esperar a que termine todo el proceso.

Séptimo por la decisión de Colonización de la semana pasada de contratar una auditoría externa para investigar cómo se filtró la información referida a Manini Ríos, Moreira y su padre. Dos problemas importantes tiene esa resolución. Primero que en lugar de gastar el dinero de los que pagamos impuestos en lo importante lo destinan a perseguir a los que funcionaron como fuentes de información de periodistas en un caso de alto interés público. No parece muy sensato. Y segundo porque ese organismo tiene cientos de funcionarios y da la sensación de que ninguno de ellos cuenta con la confianza suficiente como para hacer ese trabajo. Es necesario salir a buscarlos afuera y encima pagarles. Difícil de justificar.

El listado no se agota aquí. Seguramente vendrán otros puntos porque así parece ser el modus operandi que está instalado en este caso. El problema central no son los colonos o no colonos, sino los que de una cuestión técnica muy trascendente construyen una batalla política partidaria recurriendo a la estructura estatal. Y también de los colonizados, que permiten que eso se haga con el dinero público y hasta lo ven como normal. Una vez finalizada toda la investigación, si este caso no termina con medidas drásticas para los responsables, estén del lado que estén, será como un asteroide que cae en el ya castigado edificio de la credibilidad del sistema político. Viene en camino, aunque todavía hay tiempo para desviarlo.