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Estamos por estos días en pleno tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas elevada recientemente por el gobierno nacional. En un momento muy particular del país, con indicadores más que preocupantes y con un ministro de Economía y Finanzas que parecía realmente preocupado hace algunas semanas al destacar el estrés de las cuentas públicas y la necesidad de ser austeros, el proyecto peca de timorato y poco gravitante, transmitiendo la sensación de que el gobierno está sin fuerza, vencido y condicionado, sin animarse a plantear cosas realmente serias y profundas, seguramente para no contradecir a quienes son los dueños de la pelota y mandan en toda su extensión (sindicalistas, radicales y Mujica), optando en consecuencia, por esas razones, por no intentar bajar —en algo al menos— un gasto público que está descontrolado y limitándose, tímidamente, a pretender un supuesto equilibrio tendencial que difícilmente se cumpla.
El proyecto de Rendición, además, por ahora, es una mera iniciativa sujeta a revisión, ya que desde las propias filas del Frente Amplio y también desde la cúpula sindical ha sido duramente cuestionado y criticado por no ser más audaz —todavía— en materia de gasto público. Los sindicatos, que fueron los primeros en recibir este proyecto, ya que el gobierno los priorizó generosamente y en forma ostensible para atenuar su previsible crítica, de todas maneras han señalado que, a pesar de haber visto el proyecto y de haber sugerido algún retoque, lo siguen sin compartir y que esperan cambios significativos bajo apercibimiento de aplicar duras medidas de lucha. Los grupos radicales del Frente Amplio, por su parte, con el MPP a la cabeza, bajo la proclama de que unos puntitos más en el déficit no cambia las cosas, también aspiran a modificaciones que vayan más allá de una mera distribución de los recursos y que signifiquen un aumento del gasto previsto. Por ese motivo, es más que razonable suponer que, antes de su votación final, la generosidad e irracionalidad progresista sumarán nuevos gastos.
Sin perjuicio de esos malos augurios, debe señalarse, por su parte, que la Rendición de Cuentas proyectada no solo no baja el gasto, sino que por el contrario ya es de por sí deficitaria y supone en realidad un aumento del gasto público. Se dice por algunos que el aumento sería muy menor (un 0,3% del PBI) y que no hay erogación prevista sin su financiamiento respectivo, pero se omite destacar que en el propio Mensaje que acompaña el proyecto se advierte que esa financiación depende de que se cumplan ciertas previsiones o circunstancias futuras que son claramente optimistas y excesivamente positivas. Astori repite su nefasta receta de gastar a cuenta del “espacio fiscal” teóricamente previsible, lo que supone afirmar que habrá equilibrio fiscal si, y solo si, llueve en forma adecuada, mejoran las economías regionales, sube el precio de nuestros productos exportables, baja o no sube más la tasa de interés internacional, baja el petróleo y todo sale a pedir de boca. En buen romance, con un déficit que ya pasa del 4% del PBI, con una inflación que llega en los últimos 12 meses al 8,1%, con tres años consecutivos de baja del empleo, con una inversión que bajó 13,8% en el 2017, con una deuda pública bruta que supera los 40.000 millones de dólares y con un nivel de actividad en retroceso en todos los sectores de la economía salvo —por ahora— en el turismo, la señal de nuestro gobierno es débil, pusilánime y hasta suicida. No se anima a bajar el gasto —que es lo que habría que hacer— pero además se juega a previsiones que seguramente no se darán, o al menos no se darán en su totalidad, cuando el margen de maniobra es ínfimo.
Por si fuera poco, además, en el proyecto de Rendición de Cuentas el gobierno propone aumentar los cargos de particular confianza en varios ministerios y en la propia Presidencia, lo que es una pésima señal en momentos en que se pide a otros disciplina y contención. Por otro lado, además, sugestivamente, le sigue negando fondos al Poder Judicial (cuando todos dicen que se precisan más recursos, entre otras cosas, para mejorar el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal) y también ningunea a los organismos de contralor y a la propia Jutep, en lo que parece una clara cruzada contra los organismos de todo tipo que deben juzgar y/o controlar al Estado en general y que han sido duros, en varias oportunidades recientes, frente a sus errores, excesos o actuaciones contrarias a la Constitución y la ley. Una actitud poco republicana, sin duda, propia de un gobierno arrogante y que parece no tener empacho en debilitar aquellas instituciones esenciales del Estado de derecho que se oponen a sus desbordes.
Lo que seguramente seguirán existiendo y gozando de buena salud, porque además “nacen” al margen de la Rendición, son los famosos adscriptos que según una publicación reciente son en promedio unos 10 por cada ministerio y ganan en muchos casos más de 100.000 pesos por mes. Estas personas, que son designadas a dedo y sin cumplir ningún requisito especial, “asesoran” supuestamente a los ministros pero tienen conocimientos y perfiles un tanto desconcertantes. Por ejemplo, uno de ellos, que es asesor del ministro Astori, es biólogo (pertenece al sector político de la senadora Constanza Moreira); el ministro Bonomi parece preferir a los deportistas, porque uno de sus adscriptos es entrenador de fútbol y otros varios son figuras del deporte. Seguramente, muchos dirán que esta práctica no es nueva, que los ministros necesitan asesores y que estos algo deben aportar, pero hay varios supuestos asesores cuya designación parece responder claramente a otro tipo de motivación, por lo que no deja de llamar la atención que la izquierda, que siempre pretendió dar clases de moralidad pública y adujo ser mejor que todos los otros, siga cayendo en prácticas que claramente hay que desterrar para siempre.
En su presentación en el Parlamento de este martes 10, Astori destacó que “en la Rendición de Cuentas no hay ningún beneficio electoral”, cayendo, nuevamente, en otra equivocación. Debe entender el ministro, que por otra parte es un muy destacado profesional de la economía, que no adoptar las medidas necesarias, no ser todo lo claro y contundente que se necesita y no llamar las cosas por su nombre por sumisión a los sindicatos y a los radicales de su partido, es claramente una actitud electoral que busca no alborotar a sus aliados a menos de dos años de las elecciones. Astori sabe perfectamente que seguir exponiendo al país con recetas voluntaristas y objetivamente no sustentables, forzando la pérdida del empleo y el retiro de la inversión, a raíz de un costo país que es hoy intolerable y que seguirá subiendo, es una timba que solo se justifica por razones y criterios electorales. Si actuara al margen de esas motivaciones, debería meter el bisturí a fondo y dar batalla contra las razones que alimentan ese gasto público, bloqueando de alguna forma el ingreso de empleados públicos, terminando con los famosos contratos privados de función pública, limpiando la larga lista de adscriptos de situaciones no aconsejables y actuando sobre la calidad del gasto de funcionamiento y sobre el supuesto gasto social que se tira con criterios clientelistas y no por razones fundadas, demostrando a los uruguayos que le preocupan el país y su futuro y no su eventual candidatura presidencial.
Si Astori quiere trascender y no seguir persiguiendo a Mujica para que le dé una bendición que nunca le dará, debe dejar de actuar de espaldas a la realidad y hacer lo mejor para el país y su gente, sin medir alianzas electorales o furias sindicales, demostrando que no cree, como algunos de sus compañeros de ruta, que la prosperidad y el desarrollo nacen de los árboles, sin necesidad de capital privado y de empresarios que arriesguen el cuero.
