De hipócritas y ladrones

La Justicia procesó a 14 comerciantes de empresas fotocopiadoras, organizados para robarle el derecho de autor a juristas como Santiago Carnelli, Jorge Gamarra, Milton Cairoli, Gonzalo Fernández, Daoiz Uriarte, Raúl Cervini o Martín Risso, entre otros de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU). Desde hace décadas generan producción científica de primera línea para los estudiantes, paradójicamente, los mismos que les meten la mano en el bolsillo.

Quienes ahora se quejan o reclaman una salida, entre otros el rector de la Udelar, Rodrigo Arocena, el Centro de Estudiantes de Derecho, el director general del MEC, Pablo Alvarez, el director de Educación del MEC, Luis Garibaldi, y algunos legisladores, han vivido de espaldas a la ley y, por omisión, han sido coautores del delito.

La ley 17.616 de enero de 2003 actualizó la protección de los derechos de autor estancados desde 1937. Castiga la copia, venta o comercio de reproducciones no autorizadas por sus autores con penas de entre tres meses de prisión y tres años de penitenciaría.

Desde entonces hemos tenido tres presidentes de la República, dos legislaturas y media, cuatro ministros de Educación y Cultura, varios jerarcas de la Udelar y alternancia gremial universitaria. Nadie hizo nada para cambiar lo que diez años después consideran injusto. ¿No tuvieron tiempo? ¿O en realidad se dieron cuenta de que cambiar la ley es una utopía y no lo admiten porque la demagogia deja más réditos?

¿Nadie se dio cuenta en 2003 de que se castigaba el fotocopiado ilegal? ¿Acaso los legisladores levantaron la mano sin razonar? ¿Qué hicieron en ese momento los gremios estudiantiles? Ahora, con un objetivo proselitista y “socializante”, juntan firmas apelando al sentimentalismo barato y mintiendo: los tratados internacionales firmados por Uruguay no se pueden cambiar y la ley está atada a ellos.

¿Por qué no le reclaman al Estado que invierta para que los libros sean accesibles? ¿Por qué no exigen que las llamadas economías presupuestales se reinviertan en libros? Porque es más sencilla la cháchara barata y evitan enfrentarse al gobierno.

La mala fe rompe los ojos: a) Los empresarios de las fotocopiadoras pudieron (pueden) pagarle un canon a FCU para reproducir sus libros. Nunca lo hicieron; b) En la FCU los estudiantes pueden acceder a un sistema de préstamo (alquiler) de libros que solo unos pocos han gestionado. Pudieron elegir el camino legal y optaron por el ilegal. El argumento sobre el alto costo de los libros tiene escaso fundamento: en estos días, al no poder acceder a fotocopias, en la biblioteca de la Facultad de Derecho, habitualmente vacía, había cola.

Apuesto a que todos los quejosos, incluidos los gobernantes, actúan ilegalmente. No solo fotocopiando. Alentando, además, directa o indirectamente a sus hijos o nietos a la piratería de juegos, videos, películas y música y a robar libros para las tabletas. Encierran la conciencia social en un cajón y se dedican al pillaje.

Esos mismos gobernantes, la Justicia (que pudo actuar de oficio ante un delito que rompía los ojos) y los estudiantes, que con razón se quejan del avance de la delincuencia y de la falta de controles, han tolerado durante una década estas violaciones. Tan delictivas como las otras, aunque no haya muertos ni sangre.

Más vale ni hablar de los comentarios idiotas en las redes sociales sobre la acción judicial. A Pablo Álvarez le resultaron jocosos. ¿También considerará jocoso el atentado incendiario contra la FCU? Ese atentado y que a un gobernante del sistema educativo le cause gracia el aliento a violar la ley explican por qué la cultura y el respeto por el Estado de derecho están en el fondo del pozo.

Vale preguntarse si los estudiantes que hoy reclaman libros gratuitos aplicarán —cuando se reciban— esa misma filosofía a la hora de cobrarles honorarios a sus clientes. ¿A qué no?

Decía hace tres meses que del Estado debe surgir una solución para que estudiantes sin recursos accedan a material de estudio, pero no es cambiando la ley. Se requiere una política clara y sostenida de compras para bibliotecas públicas y centros de enseñanza de textos actualizados y de libros recreativos. En 2012 el Plan Ceibal fue una excepción. Adquirió archivos PDF de textos y libros infantiles que ahora están disponibles en las computadoras (Búsqueda, Nº 1.725).

Por la razón que fuere, el gobierno argentino —sin contar las inversiones provinciales— compró este año 13.500.000 libros destinados a la enseñanza pública. En Uruguay, en la Rendición de Cuentas, una instancia ideal para el cambio, ni el gobierno, ni los gremios estudiantiles, ni los partidos propusieron nada. A llorar al cuartito o a quejarse a Magoya.