Debilitemos la información

Con inteligencia Gil evitó utilizar palabras más fuertes. Porque la decisión puede ser calificada también como una hipocresía y hasta una traición, en cierta medida, a la opinión pública.

La Jutep asumió competencia en temas centrales del debate político como el uso que dio Raúl Sendic a las tarjetas de crédito de Ancap cuando integraba su directorio. La conducta irregular del entonces vicepresidente, informada por Búsqueda, fue objeto de un dictamen lapidario. Si bien esa resolución llegó poco después de que Sendic hubiera renunciado al cargo, el documento fue un insumo importante para que la Justicia Penal lo procesara por el delito de peculado.

La denominada “junta anticorrupción” emitió otras resoluciones sobre asuntos de debate público importantes. Cuestionó, por ejemplo, al senador Leonardo de León y al intendente blanco de Soriano, Agustín Bascou. Aprobó también una resolución días atrás en la que informó que, por el momento, no había motivos para investigar al viceministro de Interior y hermano del presidente, Jorge Vázquez, por las presuntas irregularidades en la compra de sistemas de cámaras de seguridad para algunos estadios. En su decisión, redactada por su vicepresidente, Daniel Borrelli, la junta entró en consideraciones fuera de lugar sobre las redes sociales y los medios de comunicación. 

Gil criticó en la entrevista que los fallos de la Jutep son tenidos en cuenta por los políticos cuando afectan a sus rivales, pero no cuando son sus correligionarios los que están en falta. Una reacción que abona al descrédito creciente de la ciudadanía hacia el sistema político.

Uno de sus fallos más polémicos fue el dictamen en el que sugirió al presidente Tabaré Vázquez que cesara en el cargo de chofer del presidente a su consuegro. Esta decisión provocó mucho malestar en la cúpula del Poder Ejecutivo, y probablemente sea uno de los motivos por los cuales el oficialismo no apoyó los pedidos de la Jutep en la Rendición de Cuentas. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen.

Independientemente de si hubo un motivo concreto para mantener asfixiada a la Jutep, el diagnóstico general de Gil es muy grave. Porque el jerarca habla de una intención deliberada de los políticos, y en especial del oficialismo, de mantener en situación de debilidad al principal organismo encargado de combatir la corrupción. Es decir que prefieren que nadie los controle y que el resto de los ciudadanos quedemos en un estado de indefensión ante sus posibles abusos.

Y mientras tanto la región está prendida fuego por casos de corrupción pública que incluso tienen algunas conexiones locales, como la “ruta del dinero K” y el Lava Jato.

Debilitar a la Jutep, debilitar a los comunicadores con la mentada ley de medios o quitándoles las exoneraciones que en algún momento tuvieron —podríamos sumar el intento de modificar la leyes en materia de abuso de funciones— son errores garrafales que se pagarán caro.

Quizás en el oficialismo creen que los controles y el combate a la corrupción no son necesarios porque comparten aquella tontería que dijo Sendic: “Si es corrupto, no es de izquierda”. Abran los ojos, señores, este no es un juego político, es una plaga que azota en todos los terrenos.