Decenas de abogados, ex jueces y ex gobernantes repudian “desembozadas presiones” de algunos miembros del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial

En ese contexto los firmantes de la carta sostienen que existen “intentos evidentes de coaccionar” a los magistrados mediante “desembozadas y reiteradas presiones” por parte de algunos gobernantes. Señalan que esa “burda e inadmisible presión” ha desembocado en hechos “gravísimos y sin precedentes”, como la ocupación de la sede de la propia SCJ, lo que “hace acordar a tiempos aciagos de la ‘predictadura’, cuando grupos violentos e inescrupulosos intentaban presionar a jueces y fiscales secuestrándolos”.

“Para que no crea que exageramos, recordamos ciertos hechos que han marcado una escalada de presiones al máximo órgano del Poder Judicial”, apuntan.

“En primer lugar, cuando la SCJ, por mayoría de tres votos contra dos, declaró inconstitucionales los preceptos que gravaban con el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) a los pasivos, un prominente senador del MPP (Movimiento de Participación Popular) amenazó al doctor Hipólito Rodríguez Caorsi —a la sazón ministro de la Suprema Corte— con promoverle un juicio político inviable”, recuerda.

Más cerca en el tiempo, cuando la Corte declaró por cuatro votos a uno inconstitucional la ley que eliminó la “ley de caducidad”, un diputado del MPP “también proclamó en un acto partidario que los ministros de la SCJ debían ser sometidos a un juicio político”.

“Pero luego, por igual causa sucedió algo muchísimo más grave”, se advierte en la carta. Y de inmediato recuerda la visita que realizaron los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores), Ricardo Ehrlich (Educación), y el secretario de la Presidencia Homero Guerrero a la sede de la SCJ para transmitir que existía disconformidad internacional con la postura del máximo órgano judicial en materia de derechos humanos.

“Es claro que, en lugar de ejercer tan burda e inadmisible presión sobre la Suprema Corte, el gobierno no debió impulsar la sanción de dicha ley inconstitucional”, argumentan los firmantes.

“Habiendo demostrado la SCJ que no se doblega ante las presiones, vengan de donde vengan, ha surgido la idea de quitarle a la misma su competencia en materia de declaración de la inconstitucionalidad de las leyes, lo que requeriría crear otro órgano cuya integración y forma de elección permanecen en la nebulosa. La iniciativa es inviable, ya que obligaría a reformar la Constitución”, advierten.

El gobernante Frente Amplio discutió si incluía en su programa de gobierno la creación de un Tribunal Constitucional que asuma la competencia del control de constitucionalidad de las leyes en un año en el que ha sido tensa la relación entre el gobierno y el Poder Judicial.

“Pelos de punta”.

Esa posibilidad fue rechazada de plano esta semana por el jurista argentino Ricardo Guibourg, quien visitó Montevideo invitado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos. En una charla que el ex magistrado y docente de Filosofía del Derecho dio el martes 1º en la sala Alba Roballo del Ministerio de Educación y Cultura, dijo que si bien esa institución funciona en países europeos tiene “mala experiencia” con su funcionamiento en América Latina.

“Viéndolo como argentino me hace poner los pelos de punta. En mi país sería el fin de la Constitución, porque tendríamos una Constitución que variaría todos los años según el poder político”, opinó.

“Ya hemos tenido algo parecido: en la década del 90 teníamos una Corte de la que se decía que en lugar de currículum sus miembros tenían prontuario”, agregó, generando la risa del público.

“Estaba cortada a la medida del gobierno federal. Eran todos compinches del presidente de la República, compinches de jugar al billar”, insistió y puso como ejemplo un decreto del gobierno de Carlos Menem que confiscaba los depósitos bancarios a plazo fijo, por lo que era “notoriamente” contrario al derecho de propiedad, pero que este órgano declaró constitucional.

A su juicio, el mejor sistema es el que establece un control “difuso” de la constitucionalidad de modo que cada juez pueda declarar que una norma se opone a la Carta Magna, lo que admite recursos de alzada. “Es más lento pero más seguro”, razonó.

Según el jurista argentino, en su país también existen dificultades con el Conejo de la Magistratura, que elige una lista de jueces para que el Poder Ejecutivo designe de forma vinculante. “En este momento los concursos de oposición y mérito se hacen pero son otra burla, porque siempre gana el caballo del comisario”, sostuvo.

Unos minutos más tarde, desde el auditorio el ex presidente de la SCJ Leslie Van Rompaey festejó esa posición de Guibourg, si bien discrepó radicalmente con otra parte de su exposición.

“Me congratula que el doctor sea tan categórico con respecto a la creación de un Tribunal Constitucional porque acá también se empezó a discutir eso”, dijo Van Rompaey.

Agregó que a su juicio “el eventual enfrentamiento entre la Justicia y el Poder Ejecutivo y el Legislativo” no se solucionan “creando un organismo que no es ni siquiera mayoritario en América”.

Expresó que en países en los que existen tribunales constitucionales se generan frecuentes conflictos con las supremas cortes por la competencia. “En Colombia, cuando se producen estos conflictos, se llama choque de trenes, se crea un callejón sin salida y zonas de indefinición, lo que en definitiva no es bueno”, acotó.

Respaldo.

En este contexto, los legisladores del Herrerismo también cuestionaron las “expresiones y presiones indebidas” sobre jueces y fiscales. En un comunicado ese sector del Partido Nacional declaró su “profunda preocupación y rechazo” a los “ataques realizados contra el Poder Judicial”, entre ellos la “asonada” del 15 de febrero.

“Ese mecanismo de acoso y presión se reitera y continúa sobre los magistrados Gustavo Zubía y Gabriela Merialdo, quienes se han visto sometidos a descalificaciones y presiones improcedentes por parte de personas, grupos y hasta de la dirigencia del PIT-CNT”, señala.

Según el comunicado, ese tipo de prácticas son “totalitarias” y pretenden “amedrentar” a los magistrados y “desviar el curso de juicios en trámite”.

En la misma línea la Asociación de Fiscales respaldó al fiscal Zubía, recordó su trayectoria y señaló que los dictámenes se hacen de acuerdo con la Constitución y las leyes y no por razones políticas.

En este mar de fondo, un funcionario internacional que visitó el país en las últimas horas volvió a criticar a la SCJ. Según fuentes legislativas, el relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad y la reparación, Pablo de Greiff, dijo en la comisión de Derechos Humanos de Diputados que no está de acuerdo con la posición del máximo órgano judicial uruguayo en esta materia.