—Porque no somos iguales. Las mujeres en Argentina recién tuvimos el derecho al voto en 1949, recién tuvimos derecho a administrar nuestro patrimonio a fines de los 60, recién tuvimos derecho a tomar decisiones sobre nuestros hijos a inicios de los 80, recién tuvimos derecho a divorciarnos a fines de los 80. Hay una relación de desigualdad que es histórica y está muy arraigada. A fines de los 60 en Argentina vos eras mujer y tenías que salir de la casa de tu papá a la casa de tu marido porque no tenías posibilidad de tener bienes a tu nombre. Entonces no somos iguales, y eso se refleja en todos los órdenes de la vida. Por eso en los 70 se empiezan a crear instrumentos internacionales de protección específica de la mujer. Cuando nosotros vamos a un proceso, lo que indica la metodología de la perspectiva de género es que no podemos perder de vista esas desigualdades, que tenemos que ver dónde está la relación de poder. No tiene que ver con darles la razón siempre a las mujeres o con ponerlas en un sitial distinto por una cuestión arbitraria, sino con identificar esas desigualdades y tratar de equiparar las relaciones para producir equilibrios.
—¿Cree que la Justicia es machista?
—Cultural y socialmente somos parte de una sociedad fuertemente machista y conservadora. Más allá de los destellos que tengamos de progresismo. El Poder Judicial es el más tradicional de los poderes, por su conformación, por la estabilidad que tenemos, por la forma en que se nos selecciona. Entonces nos cuesta muchísimo más ponernos a la vanguardia en cuanto a las exigencias que tenemos por esta nueva época donde se está poniendo de relieve fuertemente la desigualdad histórica que ha existido entre hombres y mujeres, y ni que hablar de otras identidades sexuales. Lamentablemente también nuestra formación en la carrera de Derecho fue superpatriarcal. Esto es como aprender un idioma. Nosotros aprendimos el idioma patriarcal y ahora nos proponen aprender el de la perspectiva de género. Hay algunos que tenemos más facilidad para aprender ese idioma, y lo incorporamos más naturalmente, y hay otros que desde su zona de confort les cuesta muchísimo. Lo que falta son decisiones más fuertes que hagan que todos tengamos que empezar a hablar ese idioma.
'Cultural y socialmente somos parte de una sociedad fuertemente machista y conservadora. Más allá de los destellos que tengamos de progresismo. El Poder Judicial es el más tradicional de los poderes, por su conformación, por la estabilidad que tenemos, por la forma en que se nos selecciona'.
—¿A qué se refiere con decisiones más fuertes?
—Falta seguimiento. Porque en general se habla de la capacitación como una herramienta mágica. Y la capacitación es necesaria y está superbién que los poderes judiciales encaren procesos de capacitación. Pero donde falta una decisión es en la pata del seguimiento sobre lo que se hizo con lo que incorporamos en la capacitación, porque no sirve de nada ir a un taller, sensibilizarme, plantear situaciones terriblemente jodidas, decir ‘sí, está muy bien Belem do Para (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer)’, pero después guardar todas esas herramientas en un cajón de mi escritorio y seguir decidiendo como si esos instrumentos no existieran. Lo que necesitamos es visibilizar más las decisiones sin perspectiva de género en todos los ámbitos. Y no por una cuestión de persecución disciplinaria, sino para poner en discusión lo que estamos haciendo. Pongo un ejemplo que pasó hace poco: una mujer hizo una denuncia por abuso sexual contra su hija, el presunto responsable es absuelto al final de proceso, y dos años después le llega una condena en costas, es decir, que tenía que pagar los honorarios del proceso. Eso es casi una decisión disciplinaria. Porque una mujer sin recursos que tiene una absolución, pero está convencida de que su hija fue víctima y que encima le digas que le tiene que pagar el abogado al que denunció es una decisión sin ninguna perspectiva de género. ¿Hay que echarla a la persona que tomó esa decisión? Probablemente no. Pero sí hay que revisar qué estaba pensando cuando tomó esa decisión, cuánto revisó los instrumentos internacionales. Porque ahí es donde está el problema, que seguimos decidiendo en forma patriarcal y no tenemos una revisión seria de nuestras prácticas.
—Usa el lenguaje inclusivo en sus fallos. ¿Por qué cree que su uso motiva tanta molestia?
—Porque visibiliza. Creo que lo que nos irrita es que se visibilicen todas las diferencias sociales que existen. La ventaja de usar el lenguaje inclusivo es que estoy tratando de referirme a todas las identidades que existen, y no solo al hombre o la mujer. Me parece que tenemos una obligación de reconocer la diversidad que hay en nuestro mundo, sobre todo porque trabajamos en el ámbito del acceso a la Justicia. Donde yo trabajo no ha generado grandes resistencias porque en mi provincia somos un Poder Judicial como adolescente, tiene menos de 70 años, y no tiene esa raigambre conservadora de los poderes judiciales más tradicionales. Sí causa mucha indignación desde el desconocimiento, o desde lo que hoy es tan usual que es la opinión anónima en redes. Recibo mensajes enceguecidos de indignación.
—También es una firme defensora de que las sentencias usen un lenguaje claro.
—Lo más importante en materia judicial es la claridad de las sentencias. A mí no me interesa usar el todes por una cuestión esnob. La principal obligación que tenemos como juezas y jueces es transmitir de la forma más clara posible no solo lo que estamos decidiendo sino también por qué lo estamos decidiendo, que es donde suele haber enormes dificultades. Tenés sentencias con 800 citas doctrinarias y 10 frases en latín y no entendés por qué decidieron. Hay un instrumento que está aprobado desde inicios del siglo XX, que son las Reglas de Brasilia, que nos crean una serie de mandatos y entre esos está el uso del lenguaje claro. Y da pautas muy concretas: estructuras gramaticales sencillas, oraciones cortas, palabras accesibles para toda la población. Ser clara en el uso del lenguaje tiene que ver con hacer las resoluciones de forma tal que lo leas y no necesites ayuda de un abogado.
—Cuando se busca su nombre en Google, de inmediato aparece la frase “típico de machirulo”, un acróstico que escribió en un fallo en respuesta a un abogado defensor que alegó, en un caso de violación, que no se había acreditado que faltó el consentimiento porque no había marcas en el cuerpo de la víctima. El recurso que usó ocasionó mucha polémica ¿Por qué lo hizo de ese modo?
—El acróstico más que un mensaje a ese defensor en particular, intentó ser una llamada de atención general, porque no es solo un tema de ese defensor, es un tema de las defensas cuando plantean este tipo de cosas, es un tema de la Fiscalía cuando recibe a una denunciante y lo primero que le pregunta es qué estaba haciendo a esa hora en ese lugar, o cómo estaba vestida, y también es un tema de los jueces cuando construimos decisiones sobre la base de estereotipos. Tenemos una justicia arraigada en el patriarcado, y lamentablemente te encontrás con gente que cree que puede no hacerles caso a los instrumentos internacionales. No podés basar una defensa en prejuicios y estereotipos, pero no porque te lo digo yo, porque lo dice la Cedaw, que en Argentina forma parte de la Constitución. Ese fue el llamado de atención. Y la verdad es que funcionó bastante bien, porque si lo hubiera escrito en la sentencia, nadie hubiera dicho nada, pero así tuvo una repercusión que por lo menos nos obligó a pensar en estas cosas. Al principio se enojaron mucho, se ofendieron, me dijeron que había estado totalmente fuera de lugar, pero a la larga por lo menos terminaron asumiendo que es un tema sobre el que hay que trabajar.
'Lo más importante en materia judicial es la claridad de las sentencias. A mí no me interesa usar el todes por una cuestión esnob. La principal obligación que tenemos como juezas y jueces es transmitir de la forma más clara posible no solo lo que estamos decidiendo sino también por qué lo estamos decidiendo, que es donde suele haber enormes dificultades'.
—Tras el acróstico se cuestionó si usted era lo suficientemente imparcial. ¿Puede haber un problema de parcialidad en una jueza o juez explícitamente feminista?
—En lo que tengo que ser imparcial es en la mirada sobre el caso, y la prueba que me presentan. Por más que yo tenga un feminismo radical, tengo clarísimo también que si la acusación presenta un caso en el que no tiene prueba suficiente, mi obligación legal es la absolución. Yo soy muy estricta en la admisión de la prueba, y cuando no se han brindado posibilidades de control por parte de la Fiscalía, no admito la prueba, por más que sea un caso de abuso sexual. Porque ahí hay una cuestión de garantías del imputado. Y cuando me toca intervenir en juicios, sé que lo que tengo que ver es si la Fiscalía logra o no probar su caso. Y si no lo logra, voy a absolver, porque es el mandato legal que tengo. Pero también tengo el mandato legal de no asumir estereotipos como cuestionamientos. Si me planteás que la víctima es promiscua, y tiene muchas parejas sexuales y entonces cómo puede ser que no haya consentido, ahí lo que estás planteando es una defensa estereotipada. Y eso no es válido. Ese es el trabajo que tenemos que hacer: ver cuándo los argumentos son sobre la prueba, y cuándo son sobre prejuicios que te quieren instalar una visión del imputado o de la víctima. Y no podemos valorar eso porque no hay ningún argumento de fondo para sostener que una mujer que se acostó con cinco hombres, con el sexto se acostó también porque quiso. Ahora, si vos no tenés cómo vincular a ese sexto con la relación sexual, lo que corresponde es la absolución. Entonces, el hecho de que yo diga que tenemos que cumplir los instrumentos internacionales no me hace parcial. En todo caso me hace conocedora de las obligaciones legales.
—Suele cuestionarse que algunas mujeres prefieran denunciar abusos en las redes o en los medios en lugar de ir a la Justicia. ¿Son esos argumentos basados en estereotipos los que alejan a las víctimas de la Justicia?
—Tal cual. Sienten que si van a la Justicia, las van a maltratar. En materia penal tenemos muy instalado que el derecho penal es de acto, no de autor. Es decir, nosotros juzgamos un hecho y no a la persona que cometió ese hecho. Entonces, para determinar si alguien es responsable o no penalmente no me podés proponer prueba sobre su modo de vida. Eso aplica también para las víctimas. Cuando nosotros admitimos la prueba, que es una audiencia previa al juicio, si viene la Fiscalía y me dice que quiere incorporar el registro de antecedentes penales del imputado, no se los voy a admitir porque no tiene nada que ver con lo que se está juzgando. Y si viene la defensa y dice que quiere ofrecer como testigo a las tres últimas parejas sexuales de la víctima, tampoco lo voy a admitir porque no estamos para juzgar la conducta sexual de la víctima. Estamos para juzgar un hecho y a eso nos tenemos que circunscribir. Eso tampoco está tan claro hoy, porque muchas veces se permite que se avance sobre la vida de la víctima. Tenemos muy claro que al imputado solo lo podemos ver en relación con el hecho por el que se lo acusa, pero no tenemos la misma claridad a la hora de controlar la información que brinda la víctima. Si denuncio que una persona me abusó sexualmente, la defensa tiene todo el derecho a preguntarme hasta el más mínimo detalle de ese hecho, dónde estaba, cómo estaba, si había tomado, si lo conocía, cómo estaba vestido... Lo que no me puede preguntar es cuántas relaciones sexuales tuve en el último mes, o cuántas interrupciones del embarazo tuve, o cuántos hijos de cuántos padres distintos tengo. Ahí es donde fallamos, porque permitimos que se avance mucho en ese sentido, y después pasa que las víctimas terminan haciendo escraches sociales, que son mucho más perjudiciales para todos, porque descreen de la Justicia.
