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Molestos porque la jueza Virginia Ginares procesó con prisión al intendente de Colonia, Walter Zimmer, pese a que la fiscal no había aclarado en qué calidad solicitaba su enjuiciamiento y porque incluyó en el auto de procesamiento elementos que habían sido desestimados por la representante del Ministerio Público, los abogados Gustavo Bordes y Gastón Chávez solicitaron la nulidad del procesamiento del jerarca nacionalista basados en que la magistrada “ha reescrito y ampliado” el pedido fiscal.
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El escrito presentado por los abogados ante la sede judicial expresa que “surge de los propios fundamentos” de la sentencia judicial que procesó con prisión a Zimmer por “abuso de funciones” que la magistrada “no solamente ha reescrito la pretensión fiscal sino que la ha ampliado”. “Cualquiera de estas innovaciones, aisladamente considerada, es susceptible de provocar nulidad. Ni que hablar cuando, como ocurre en el caso, ambas se dan en conjunto”, destacan.
Los letrados señalan que el proceso penal “se rige por el principio acusatorio” de modo que “se reserva al Ministerio Público la decisión tocante a la relevancia de los hechos a instruir”.
“Si de conformidad al artículo 235 del Código de Proceso Penal, el pedido de sobreseimiento del fiscal obliga al juzgado, no parece razonable” que los términos del pedido de procesamiento no lo hagan, argumenta la defensa.
“Parece razonable entender que la decisión de la fiscalía debe respetarse, puesto que es coherente que quien debe acusar por determinados hechos sea el mismo que releve los hechos al momento de promover el enjuiciamiento”, agregan
Según el escrito judicial, la actuación de la jueza en este punto “disminuye las garantías del imputado” porque “se reestructura el pedido de procesamiento y se lo amplía hacia hechos que la fiscalía había desestimado como irrelevantes”.
“Improcedencia”.
Un capítulo aparte, según los defensores, merece el hecho de que la magistrada haya resuelto la prisión preventiva de Zimmer basada en “la gravedad de los hechos” y en la “continuidad” de las figuras imputadas tratándose de funcionarios “de altísima jerarquía”, lo que para los abogados es “improcedente”.
Los letrados se detienen en las expresiones de la jueza incluidas en el comienzo de su fallo, donde la magistrada afirma que todos los ingredientes políticos del caso “deben quedar fuera” de su valoración ya que los dos jerarcas son “dos habitantes de la República que por mandato constitucional son iguales al resto de las personas”.
Al respecto, la defensa de Zimmer sostiene: “Sin ánimo de sarcasmo, ese camino no ha sido muy largo para el juzgado, puesto que ya al final de la resolución, la inocencia constitucional reconocida inicialmente quedó retenida en el tamiz valorativo y los hechos pasaron a tener una gravedad que los hace incompatibles con la posibilidad de esperar la condena”.