Degollarlos de parado

“Doctor, no puedo transar porque mis jerarcas no me lo permiten”, argumentó el joven abogado del Ministerio ante el juez que intentaba una conciliación económica entre demandante y demandado. Como no la hubo, el trámite siguió. El juicio lo perdió el Estado y pagó mucho más que con un acuerdo.

Estos cuatro antecedentes de diferentes épocas tomados al azar demuestran la ineficiencia, inoperancia, incapacidad, negligencia o abulia (elija el calificativo que prefiera) de algunos abogados del Estado y de sus jerarcas.

Se trata de una adormecida preocupación del presidente José Mujica que fue reavivada a raíz de un juicio por el cual el Estado debería pagar un millón de dólares al empresario Fernando Barboni. Ahora el presidente reclamó saber cuántos juicios hay, contra qué dependencias y cuánto se debería pagar en caso de sentencias en contra.

Esto no es nuevo para Mujica. Por el contrario. A comienzos de 2004, cuando era senador, remitió 24 pedidos de informes con el mismo objetivo.

La solicitud incluyó a UTE, OSE, AFE, Ancap, ANP, Antel, Sodre, Banco Central, Banco Hipotecario, Banco de Previsión Social, Banco República, ministerios de Defensa, Deporte y Juventud, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, Interior, Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, Transporte y Obras Públicas, Turismo, Vivienda, Relaciones Exteriores, Educación y Cultura y Suprema Corte de Justicia.

Desconozco si le respondieron. De repente tampoco lo sabe él. Pero su preocupación se estancó durante la Presidencia de Tabaré Vázquez, tal vez porque imita a algunos de sus compatriotas a los que define como “atorrantes”.

Como si se tratara de algo novedoso, nueve años después, al enterarse de esa eventual condena por un millón de dólares, embistió contra los abogados “picapleitos que terminan robándole suculentas sumas al Estado”. Los definió como “una de las peores patologías que tiene el país”.

Una gigantesca contradicción con lo que había expresado en 2004. Entonces dijo conocer uno de los problemas: “Hay una especie de orden general tácita de que se trata de chicanear, de tirar las decisiones hacia adelante, lo que inevitablemente significa aumentar los costos a la larga, de tal manera que quien viene atrás que arregle (…); hay una especie de orientación general de orientar el trabajo de los abogados defensores de los intereses del Estado para que chicaneen, que tiren la pelota con recursos jurídicos hacia delante, que no negocien nada y que el (gobierno) que venga se haga cargo”, declaró en 2004 al diario “La República”. Era y es la realidad.

Esa certeza surge de los ejemplos citados al comienzo. No es la única. La mayoría de las demandas son consecuencia de decisiones políticas de todos los colores que desde siempre se sabe que originarán juicios que se perderán.

Muchos abogados del Estado —probablemente la mayoría— cumplen su función con eficiencia y responsabilidad. Otros le dedican más tiempo al trabajo particular que al de funcionario público: la doble jubilación hace fuerza. Por eso hay acciones que no tienen explicación.

Para evitar sentencias adversas, el Estado debe tener en las cúpulas mandos responsables que no decidan en contra de la ley. Esa es la génesis. Igual las toman pese a las advertencias de los departamentos jurídicos. Las desoyen porque no les sirven política o electoralmente. ¿Qué camino siguen en ese caso? Ordenan dictámenes jurídicos a la medida de sus intereses que algunos sumisos abogados del Estado acatan. También solicitan consultas a especialistas que —a su medida y pagadas por el Estado— le buscan la quinta pata al gato. Entonces, cuando llegan las sentencias adversas, a llorar al cuartito.

El abogado del Estado es un servidor público que tiene la obligación de emplear todas sus energías y recursos legales en defensa de su empleador o cliente que, en definitiva, somos los contribuyentes. Los que pagamos su salario y también las condenas.

Por esa razón, además del lícito interés en conocer el detalle de los juicios, Mujica debería investigar la responsabilidad de los gobernantes en la toma de decisiones. Si comprueba la negligencia del abogado y/o del jerarca debe degollarlos de parado. Pero para eso hay que tener el coraje de mirar dentro de su propia administración (y amigos) y terminar con los discursos demagógicos, como el de 2004.