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En mayo de 2019 el Consejo Honorario de la Fiscalía aprobó una instrucción general que generó polémica. La resolución incluyó a la defraudación tributaria entre los delitos cuya persecución tiene interés público. Una anterior resolución había ordenado a los fiscales archivar los expedientes en etapa de presumario con más de un año de duración, excepto los que tuviesen interés público.
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Así, se impedía el archivo de los expedientes que investigaran esos delitos. La medida fue propuesta por el Poder Ejecutivo (integrante del consejo), que explicitó que tenía interés en evitar el archivo de “dos casos concretos”. Uno de ellos era, presuntamente, una causa por defraudación tributaria contra el exedil blanco Rodrigo Blas. Eso alarmó a la Facultad de Derecho y al Colegio de Abogados, que se negaron a votar la resolución y advirtieron sobre el peligro que suponía para la “independencia” de los fiscales (Búsqueda Nº 2.024).
Ahora, nueve meses más tarde, el Consejo asesor de la Fiscalía —que está integrado por diferentes organismos— decidió retirar la defraudación tributaria de los delitos de interés público. En una resolución firmada el 14 de febrero indicó que “la aplicación práctica” de la medida adoptada en mayo no tuvo los resultados “buscados”.
Según dijo a Búsqueda el representante de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, que integra el Consejo, si bien “en un primer momento” apoyaron la decisión de sumar la defraudación tributaria a los delitos de interés público, cambiaron de posición tras conversar con los fiscales de Delitos Complejos, quienes tienen la mayoría de las investigaciones por esos crímenes.
“En el caso de defraudaciones menores tenían la posibilidad de hacer un acuerdo y que el responsable resarciera a la administración, pero ahora no lo podían hacer porque al declararse de interés público se limitan los acuerdos o las suspensiones condicionales del proceso”, explicó Rosa. “Entonces los ataba de manos para resolver casos que no eran de gravedad”, añadió.
El Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho ya habían expresado su objeción a la priorización de ese delito, por lo cual apoyaron la idea de dar marcha atrás. La Fiscalía General no objetó la propuesta y el Poder Ejecutivo, que había impulsado el cambio previo, no compareció en las reuniones en las que se trató el tema, dijo Rosa.
Desde el Colegio de Abogados dijeron a Búsqueda que el cambio fue parte de un proceso de revisión de algunas instrucciones que habían suscitado confusión. En ese marco, se volvió a estudiar la disposición de mayo y hubo coincidencia en que lo conveniente era deshacerla.