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“Aunque se diga que tenemos afán recaudador, lo cierto es que cada uno debe pagar lo que le corresponde”. Esta expresión fue emitida por el Intendente de Montevideo.
¿Y quién puede quitar sustento a que “cada cual debe pagar lo que le corresponde”? Ahora bien. ¿Es la misma tesitura la que aplica el Ing. Daniel Martínez cuando es la Intendencia quien debe cumplir con sus obligaciones, ¿o será que prefiere aplicar los viejos aforismos “consejos vendo y para mí no tengo” y “hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago”? Hermosa forma de predicar con el ejemplo.
Veamos un caso concreto. Hace un tiempo dejamos nuestro automóvil correctamente estacionado en la rambla en horas de la noche, pero a la mañana siguiente había desaparecido. Luego de comunicarnos con la Cooperativa 31 de Enero (titulares del depósito al que la IMM lleva los vehículos mal estacionados) y comprobar que no estaba allí, hicimos las denuncias correspondientes ante la Policía y el Banco de Seguros.
Quince días más tarde, por casualidad, un vecino localizó nuestro automóvil a la intemperie en un descampado a cuatro cuadras del lugar en que lo habíamos estacionado. Se encontraba absolutamente sucio, con diversos rayones y numerosos golpes en su carrocería, así como forzada y rota la cerradura del portavalijas. Al abrir el auto se nos acercó un cuidacoches para decirnos que hacía dos semanas que un camión de la IMM había dejado allí el vehículo, presuntamente a causa de la realización de un evento deportivo y se habría querido liberar la calzada sur de la rambla.
Podría suponerse que ante un traslado de estas características (a cuatrocientos metros de distancia) debería haberse avisado a la Policía, pues es allí donde el afectado concurriría a efectuar la denuncia. Sin embargo, al acudir a la Seccional con esa finalidad no había ninguna información al respecto, y de parte de un subcomisario se nos dijo que allí solamente se recibe información cuando los vehículos son trasladados al depósito de la cooperativa mencionada y que es la cooperativaquien les notifica del hecho.
En consecuencia, realizamos un reclamo ante la sección Vigilancia de la IMM, responsable de lo sucedido, por los daños padecidos durante esas dos semanas en que nuestro automóvil fue trasladado y abandonado a la intemperie. La respuesta recibida por parte del titular de ese servicio señaló que esa repartición informó a la Policía y que la responsabilidad del hecho les era ajena.
Recurrimos de nuevo a la Seccional Policial para salir de dudas y allí un oficial nos dijo textualmente que la respuesta dada por el jefe de Vigilancia constituía “una verdadera infamia”.
Finalmente, hablamos por última vez con el jefe de Vigilancia, quien se atuvo a su respuesta inicial, desligándose otra vez de su responsabilidad y faltando a la verdad nuevamente.
En suma: fue un camión de la Intendencia quien dispuso de nuestro automóvil, lo trasladó a cuatrocientos metros de distancia y lo dejó abandonado fuera de la vía de tránsito sin informar a nadie. ¿Debemos nosotros hacernos cargo del costo de reparación del vehículo, de las incomodidades que nos provocó su privación, de los gastos suplementarios de transporte particular en los que debimos incurrir, del costo de patente y seguro por el tiempo en que no dispusimos de su uso, y como si todo esto no bastara tuvimos que escuchar falsas atribuciones de responsabilidad a la Policía por parte del responsable de este atropello?
Que un funcionario subalterno cometa un error o una omisión inexcusable ocasionando severos daños a un particular puede ocurrir, pero que la autoridad respalde ese accionar pretendiendo responsabilizar a la Policía para negarse a reparar el perjuicio y mintiéndole al afectado es inadmisible.
¿Es esta la ciudad de Montevideo a la que nuestro intendente nos ha convocado reiteradamente a “disfrutar con alegría”?
