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La calificación crediticia —dentro del rango de investment grade— con perspectiva “estable” asignada a Uruguay por la agencia Standard & Poor’s (S&P) se basa en la expectativa de que el futuro gobierno dará continuidad, en lo central, a una política económica “prudente” y “predecible” aplicada hasta ahora. Pero, al mismo tiempo, durante la próxima administración dicha nota se verá desafiada por un déficit fiscal y una carga de la deuda “persistentemente elevados y crecientes”, al igual que la inflación relativamente alta y la dolarización del sistema financiero.
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La agencia hizo esas valoraciones en un informe fechado el martes 26 y difundido al día siguiente por el Ministerio de Economía. S&P plantea siete preguntas en torno a la calificación de riesgo del país en el contexto del cambio de gobierno del 1º de marzo del 2020. La mejor posición crediticia lograda en los últimos años “demuestra la importancia de un liderazgo estable que persiga políticas económicas pragmáticas y favorables al crecimiento basadas en un consenso”.
¿Qué significa el resultado cerrado que tuvo el balotaje del domingo 24 para la calificación de riesgo del país? Según S&P, la corta ventaja en los votos a favor de Luis Lacalle Pou “probablemente aumentará la importancia de construir un consenso político sobre las políticas clave”. Y dada la composición del futuro Parlamento, el futuro mandatario tendrá que generar apoyo en varios partidos para avanzar con “medidas difíciles” que alienten el crecimiento económico, ataquen las debilidades en las finanzas públicas y contengan la inflación.
Desafíos
El informe incluye algunas proyecciones macroeconómicas. La agencia espera que el Producto Bruto Interno (PBI o PIB) crezca “solo” 1,5% en 2020, lo que de todos modos supondría un cierto repunte tras el estancamiento de 2019 (0,5%). “Sin embargo, impulsar y mantener el crecimiento económico sigue siendo un desafío, como en otros países latinoamericanos”, afirma. Y plantea que aumentos graduales de la inversión en los próximos dos años llevarán el incremento del Producto per cápita hacia el 2%. “Mucho depende de la capacidad de la próxima administración para avanzar en grandes proyectos de infraestructura a través de asociaciones público-privadas”, además de la obra de UPM2.
Por otro lado, contener el déficit fiscal y el aumento de la deuda “será un desafío”. Parte del problema es el envejecimiento de la población; sin políticas que aumenten la productividad laboral, se afectaría el crecimiento económico. Además, el gasto en transferencias a la seguridad social “es alto según los estándares internacionales debido a la amplia cobertura del sistema, así como al impacto de la indexación” de las pasividades, advierte. En ese sentido, para la agencia, garantizar la salud a largo plazo del sistema de pasividades y la consolidación de las finanzas públicas depende de las reformas fiscales y de mantener un buen ritmo de crecimiento económico. Ambos desafíos requerirán de un “hábil liderazgo político y consenso político”.