Después de Cuba, Uruguay tiene la mayor carga de tributos y contribuciones previsionales en la región; es 35% del PBI

La “presión fiscal equivalente” es un concepto relativamente novedoso de cálculo que busca medir de manera más precisa la totalidad de los recursos recaudados por los Estados, que bajo las metodologías tradicionales suele ser subestimada. Abarca cuatro componentes: los ingresos tributarios nacionales y departamentales; los aportes a los sistemas públicos de seguridad social; las contribuciones obligatorias a regímenes previsionales privados; y los ingresos no tributarios provenientes de la explotación de recursos naturales (que en el caso uruguayo son nulos pero son significativos en algún país).

El documento de trabajo del CIAT que incluyó el nuevo cálculo, fechado este mes, señala que “destacan los avances de Uruguay, consolidándose como el país de mayor carga tributaria de América Latina (solo superado por Cuba), como resultado de un aumento sustancial de la recaudación del Impuesto sobre la Renta, especialmente del gravamen aportado por personas físicas”.   

En el entendido de que en América Latina y el Caribe hay espacio para cargar con más impuestos, plantea como algo positivo que los gobiernos logren elevar sus ingresos. “La región continúa acercándose a los niveles de recaudación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), aunque con menor impulso en los últimos años”, compara. Así, desde 1990 el “mayor esfuerzo fiscal” de los contribuyentes y “contextos favorables externos” le permitieron a los países latinoamericanos y caribeños cierta convergencia respecto de economías más avanzadas agrupadas en la OCDE, pasando de una presión fiscal equivalente que en ese año representaba 54,9% de la carga tributaria de la organización, a 69,8% en 2017. Sin embargo, desde 2010 hubo un “estancamiento” que coincidió con una fase de menor demanda de los productos primarios que exportan América Latina y el Caribe —cuya recaudación fiscal asociada es muy relevante en el promedio.

Análisis hechos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierten que fenómenos como la evasión o la manipulación de los precios del comercio internacional tienen un impacto fiscal adverso para los gobiernos de la región, estimado en casi ocho puntos porcentuales del PBI para 2017. Son recursos que deberían lograr captar para financiar sus políticas, pero que se escapan.

Los impuestos

El 35,4% de presión fiscal equivalente que recayó sobre los contribuyentes uruguayos se compuso de la siguiente manera: 7,4 puntos del PBI provino de los gravámenes sobre las rentas (personales y empresariales); 12,1 de impuestos sobre bienes y servicios; 2,1 en tributos a la propiedad, y 10,1 de contribuciones a la seguridad social. La explotación de recursos naturales no generó ingresos fiscales en el caso de Uruguay, a diferencia por ejemplo de lo que sucedió en países como Bolivia o México (donde aportaron más de cuatro puntos de su PBI).

El estudio hace algún comentario sobre medidas tributarias más o menos recientes en Uruguay. Aludiendo a la reforma del 2007, menciona al país como “pionero en adoptar un sistema de imposición dual (adaptando el modelo nórdico) con el objetivo de ampliar la base tributaria” sobre las rentas personales –el IRPF— a través del cual comenzó a gravar en forma separada aquellas provenientes de trabajo con una escala progresiva en función del nivel de ingreso, y las de capital con una tasa proporcional “relativamente baja”.

Desde una perspectiva general en la región, el documento señala que en el caso de la carga impositiva sobre las personas jurídicas el “foco de atención ha estado puesto en el control de las operaciones e ingresos generados por empresas multinacionales ante la creciente preocupación por parte de los gobiernos” frente a “estrategias de planificación fiscal que han contribuido con la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios hacia el exterior de los límites geográficos de cada país (…). Esto se ha reflejado en una serie de actualizaciones en la legislación tributaria de los países y en una mayor cooperación internacional para dar respuesta a estos fenómenos. Adicionalmente, aunque con menos éxito general, algunos países han realizado esfuerzos tendientes a limitar y racionalizar una serie de costosos incentivos fiscales otorgados en el marco de regímenes de promoción económica (zonas francas)”. Por otro lado, agrega que si bien no ha sido unánime —y Chile sería la excepción—, en los últimos años hubo “algunos movimientos (y crecientes debates) hacia la baja de la alícuota general para las sociedades”, lo cual está “en línea con la tendencia internacional y, en particular, con la reforma estadounidense” promovida por la administración de Donald Trump.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), afirma que el tributo parece haber llegado a un “estado estacionario” en su diseño en varios países, aunque no así en su funcionamiento efectivo como principal fuente de recaudación. De todos modos, hubo “ciertos progresos en varios casos a través de la instrumentación de mecanismos para facilitar y asegurar la imposición efectiva a las operaciones vinculadas a la economía digital y otras transacciones electrónicas”. Y cita a Uruguay como uno de los que hizo modificaciones recientemente para que los servicios digitales prestados desde el exterior fueran alcanzados por el tributo.