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Todos estuvieron de acuerdo en que es necesario aprobar medidas para mejorar la convivencia y la seguridad. Sin embargo, los senadores de la oposición criticaron ayer martes 16 algunos aspectos del proyecto sobre faltas y conservación de los espacios públicos, porque hay artículos por los que a su juicio se violarían derechos humanos.
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Blancos y colorados criticaron un capítulo entero referido al proceso en audiencia para quienes cometan las faltas. Los legisladores de ambos partidos criticaron que todo se resuelva en una sola instancia y que en el interior esté a cargo de los jueces de paz. “Este capítulo quita garantías. (...) Se pone una cota y un límite a la protección de los derechos humanos”, advirtió el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista). El legislador dijo que la respuesta que recibió cuando consultó por qué se hacía una única instancia fue la de una necesaria “rapidez” en la toma de decisión. “Ese argumento lo escuchábamos en la dictadura”, cuestionó.
Ope Pasquet (Vamos Uruguay) también expresó su preocupación por este capítulo. Además advirtió problemas para aplicar el trabajo comunitario en lugar de la prisión, previsto en el proyecto.
Por otra parte consideró que “no hay una referencia feliz” en el artículo 14 de la iniciativa, referido a la “ocupación indebida de espacios públicos”. Al respecto, el proyecto dice que “fuera” del ejercicio del derecho a la huelga consagrado en la Constitución, quien “ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos” será castigado con una pena de siete a treinta días de trabajo comunitario.
“Acá se reglamenta el derecho a huelga”, remarcó Gallinal.
Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) dijo que con ese artículo “nadie alienta a que se ocupe”, sino que se hace referencia al “quiebre de la ley”. Además, Michelini consideró que la ley en general permitirá “generar una cultura de convivencia” y demuestra que se toman medidas por la seguridad. “Se trata de terminar con la cultura de que hacer determinados delitos no pasa nada”, sostuvo.
El proyecto sanciona con trabajo comunitario o prisión —en caso de negarse a realizar lo primero— faltas como el desorden en un espectáculo público, el agravio a la autoridad, la venta de entradas no autorizadas para espectáculos, el abuso de alcohol en lugar público, la instigación de niños a mendigar, la solicitud de dinero con actitudes “coactivas o de acoso”, los juegos de azar en lugares públicos, el vandalismo en los depósitos de basura, y arrojar basura en lugares no habilitados.