Diputado afirma que el Estado “promociona” el negocio financiero

“Tenemos que avanzar en la inclusión financiera pero respetando los derechos de todos los actores” del sistema, apuntó en diálogo con Búsqueda.

A su juicio, el gobierno “miente” diciendo que la defensa de los derechos de los ciudadanos que usan el dinero electrónico está prevista en la ley de inclusión financiera Nº 19.210, de abril de 2014, que promociona el uso de ese medio de pago y el acceso de la población a los servicios financieros.

“No estoy en contra de la inclusión financiera, ni soy enemigo de las tarjetas de crédito. Soy enemigo del abuso por parte del sistema financiero, y de que el gobierno —por acuerdos que vayan a saber cómo son, o por intereses individuales— termine poniendo en juego los derechos de la gente”, afirmó.

En la anterior legislatura un proyecto de ley que regulaba el sistema de tarjetas de crédito —presentado por Peña— tuvo media sanción en Diputados, pero luego el Senado no lo trató. Con algún cambio formal, Peña volvió a presentar la iniciativa en junio de 2015 y ahora pretende que se discuta en el Parlamento. Consideró que esa iniciativa, u otra que vaya en el sentido de proteger los derechos de todos los actores y establezca “reglas claras” en materia de aranceles, por ejemplo, es el marco que el país debe darse para solucionar el “tema de fondo”.

El legislador presentó el viernes 2 otro proyecto de ley donde propone derogar dos artículos de la ley de inclusión financiera porque considera que “inciden directamente en la constitucionalidad del desarrollo de la actividad comercial”.

El “acuerdo”.

Al ser consultado sobre por qué no prosperó su iniciativa para regular por ley el sector de las tarjetas de crédito, Peña señaló que “existe un acuerdo por necesidad del gobierno de avanzar rápidamente en la inclusión financiera, en donde se les dio todo el poder al sistema financiero y a los bancos, por presión de los bancos y por cesión del gobierno”.

A su juicio, con la rebaja de aranceles que operó con la puesta en marcha de la ley Nº 19.210, la ganancia de los bancos no ha bajado, sino al contrario. “El gobierno nos quiso vender una cortina de humo, bajando el arancel, pero dejó abiertas otras puertas que les permitieron a los bancos ganar más de lo que ganaban con el arancel”, señaló. Esos mecanismos fueron, apuntó, la “duplicación de los aranceles a las tarjetas de crédito internacionales y el 0,3% del seguro de vida sobre el saldo. Dijo que no se trata de un “seguro” sino de una aumento de tasas que, como no “sobrepasa la ley de usura”, el Banco Central “lo permitió”.

Además, consideró que hay una “transferencia directa, que forma parte del acuerdo”, a través del descuento de puntos de IVA en las operaciones con tarjetas de crédito”. Para el legislador de la oposición, ese es el “pago que el gobierno les hace a los bancos, es la inversión promocional por parte del Estado de la utilización de un producto que es de un privado y por el cual cobra y se beneficia un privado”.

“Los bancos han tenido espectaculares ganancias; estoy seguro de que en los negocios minoristas o de mayoreo con tarjetas de crédito ninguno pierde, ganan mucha plata”, aseguró.

Y agregó: “Al gobierno le interesa sostener un sistema financiero que se vea sólido. Y no estoy en contra de eso. Pero que no nos pongan de rehén, en defensa de los negocios rentables que tienen los bancos —que son las tarjetas de crédito— que las termina pagando el gobierno porque le sirve formalizar la economía para recaudar más, para poder seguir gastando”.

En julio, en la Cámara de Diputados, Peña planteó que el Estado está “obligando” a la gente a pagar con “plástico”, pero “no le da ningún mecanismo de defensa, ni mediante una ley, ni mediante decreto, ni mediante nada”. Indicó también que hay “una orden de los gerentes de los bancos, que funcionan en acuerdo con el MEF”, para que su proyecto de ley no avance.

Otro proyecto.

El viernes pasado, Peña presentó una nueva iniciativa que propone derogar los artículos 39 y 64 de la ley de inclusión porque considera que son contrarios a la “libertad de comercio” y a la libre contratación amparada en la Constitución.

En la exposición de motivos, el diputado plantea que existe una “violación” al principio de acceso a la Justicia al imponer que se pruebe ante, por ejemplo, un juicio de desalojo, que el arrendador o el propietario de la vivienda cobraba el alquiler mediante cuenta bancaria abierta y a nombre del arrendador. Cuestiona además que se imponga una sanción dura, mediante una multa a las inmobiliarias, cuando los pagos se realizan en su cuenta por considerarlas solidariamente responsables.

Por otra parte, el ar­tículo 64 —señala la exposición de motivos— “prohíbe a los proveedores y comercios” cobrar productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza con dinero electrónico que si se abona en efectivo. Con ello, sostiene, el arancel que debe pagar el comerciante o empresario por el pago mediante tarjeta ya sea de crédito o de débito, tiene que ser absorbido por este y no puede trasladarlo al precio del producto o servicio. Eso “atenta” contra el “libre comercio” y la “libre contratación”, al no permitirle al privado “determinar a su conveniencia un sobrecosto que se le impone de manera arbitraria”, alega.

La empresa Office 2000 del giro informático y papelería presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que se enfoca en este artícu­lo (ver Búsqueda Nº 1.877).