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Casi tres años después de asumir como diputado, Eduardo Rubio, el único representante del partido Asamblea Popular, logró que en una comisión le aprobaran un proyecto de ley. “Histórico, ¿no?”, bromeó Rubio al evaluar el resultado de la sesión de la Comisión de Vivienda.
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El martes, la comisión aprobó el proyecto de ley que crea un Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. En esa comisión, el Frente Amplio tiene cuatro de los ocho integrantes, por lo que la propuesta necesitaba un voto oficialista. Rubio tenía comprometida la “palabra” de Darío Pérez desde hacía tiempo y el martes la cumplió.
Esta decisión le generó algún “problema” en la interna del Frente Amplio, dijo Pérez a Búsqueda. El legislador comentó que apoyó el proyecto para que se “discuta” sobre la situación de un grupo de personas que no pueden acceder a un préstamo del Banco Hipotecario y que tampoco aplican para la vivienda económica. “Se trata de gente que no tiene capacidad de ahorro pero puede pagar algo”, explicó.
Pérez señaló, no obstante, que hay temas incluidos en el texto que están referidos a los recursos para financiar el plan y que esos dependerán de la voluntad del Poder Ejecutivo. “Esto es como una expresión de deseo: tenés el cañón pero no la bala”, acotó.
Rubio, que en la comisión también tuvo el apoyo de los legisladores del Partido Nacional, conversará con representantes del Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente para tener su respaldo y que el proyecto sea votado en marzo del año próximo en el pleno de la Cámara. Si consigue a la oposición y a Pérez, el texto tendría los votos necesarios para su aprobación. En ese caso, el problema se generará en el Senado, donde es difícil que logre una mayoría.
Rubio dijo que junto a algunos sindicatos y organizaciones sociales comenzarán una movilización para lograr el apoyo de los legisladores. Además comentó que hay siete intendencias que declararon de interés departamental la iniciativa.
El proyecto fue presentado por Rubio en 2015. En la sesión del martes se realizaron algunos cambios. Por ejemplo, se eliminó la referencia a que el presupuesto del plan de vivienda sería del 1% del Producto Bruto Interno. Esto es iniciativa del Poder Ejecutivo.
El proyecto declara de interés nacional la implementación de un Plan Nacional de Vivienda Popular. Las viviendas serán construidas por la Agencia Nacional de Vivienda, quien podrá licitar la construcción a empresas que deberán emplear mano de obra y materiales “preferentemente nacionales”.
Asimismo, declara de “utilidad pública” las expropiaciones de inmuebles para la ejecución del plan. Las viviendas se construirán en tierras “improductivas e inutilizadas de cualquier organismo público que sean aptas para el desarrollo del plan”, dice el artículo 12.
En cuanto a las expropiaciones de tierras privadas, se realizarán siguiendo un orden de preferencia: tierras improductivas e inutilizadas de personas jurídicas privadas; tierras improductivas e inutilizadas de personas físicas extranjeras; tierras improductivas e inutilizadas de personas físicas nacionales.
Los beneficiarios del plan serán personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 72.220 al valor actual).
El proyecto dice que “no se tendrán en cuenta los antecedentes crediticios y financieros, incluso los contenidos en base de datos, de los integrantes del núcleo familiar”. Y agrega que “tampoco se exigirá ahorro previo alguno”.
No se computarán como ingresos las prestaciones de seguridad social, ni las de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social ni otras similares a cargo del Estado.
La prioridad será para los núcleos familiares que tengan alguna de estas características: jefatura de hogar monoparental, discapacitados, niños, adolescentes, adultos mayores, o personas con enfermedades raras o crónicas a cargo.
Los beneficiarios de este plan deberán pagar, desde el momento de la ocupación, el equivalente al 10% de los ingresos mensuales del núcleo familiar hasta amortizar el valor de la vivienda, o por un plazo máximo de 25 años si no se llegara a amortizar.
