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Entre la aprobación de la Ley de Urgente Consideración y el comienzo del tratamiento del Presupuesto, un grupo de diputados comenzó a trabajar para actualizar la normativa sobre financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
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Los partidos coinciden en que es necesario dar “transparencia” al sistema para “fortalecer” la democracia. Sin embargo, aún no tienen claro cómo conseguir ese objetivo. El Frente Amplio pretende que la base sea un proyecto aprobado en el Senado en el período pasado, mientras que en filas blancas plantean realizar varios cambios y no aprobar “parches” a la ley vigente desde 2009.
La Cámara de Diputados creó una comisión especial para que trabajara en el tema durante seis meses. El plazo vence a mediados de enero, pero debido a que los legisladores estuvieron gran parte del tiempo discutiendo el Presupuesto, solicitarán una prórroga para avanzar en el análisis. La comisión resolvió pasar a un régimen semanal de trabajo para terminar de recibir a expertos y comenzar a discutir qué votarán.
Si el financiamiento será exclusivamente público, si los privados pueden aportar pero de manera nominativa, si habrá acceso gratuito a publicidad en televisión, si existirán sanciones por no cumplir con las normas; esos son algunos de los puntos de debate.
El Parlamento sancionó en mayo de 2009 una ley sobre funcionamiento de los partidos político que, entre otras cosas, regulaba el financiamiento de los partidos y sus campañas. Sin embargo, ante fallas en este capítulo, el Frente Amplio impulsó en el período pasado una serie de modificaciones. Los partidos dieron sus votos en el Senado a fines de noviembre de 2017, pero en Diputados hubo diferencias y ni siquiera el Frente Amplio logró aprobarlo con su mayoría en la cámara, por lo que el proyecto fracasó.
La iniciativa fue desarchivada en esta legislatura. Ese proyecto propone que todas las transacciones en dinero que hagan los partidos sean realizadas por medio de pago electrónico, pone límites a los aportes que pueden hacer los candidatos a cargos electivos, establece que las donaciones deberán ser nominativas, prohíbe la publicidad del Estado durante el período electoral, dicta normas de transparencia, de rendición de cuentas y fijan sanciones por su incumplimiento.
Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) dijo que hoy se hace necesario hacer un “giro copernicano” y no aprobar “parches” a la ley de 2009. Sostuvo que el financiamiento “no puede ser para hacer caja” en los partidos. Explicó que tiene un planteo “polémico” para hacer en la comisión: limitar las donaciones y también la “capacidad de gasto” de los partidos en campaña electoral.
Es que hay sectores que pueden tener una mayor capacidad para recibir dinero vía donaciones y eso aumenta su poder para desarrollar una campaña, en especial para aparecer en los grandes medios de comunicación. Según datos proporcionados por los partidos a la Corte Electoral, en la elección nacional de octubre de 2019 la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón tuvo egresos por US$ 2 millones e ingresos por US$ 2,3 millones. La fórmula del Frente Amplio, en tanto, tuvo ingresos por US$ 8 millones y gastó un poco menos, US$ 7,8 millones. El Partido Colorado manejó menos recursos: tuvo ingresos por US$ 737.000 y egresos por US$ 656.000.
El diputado Rodríguez dijo que el eje de este debate es la “transparencia”. “Se habla de financiamiento público, financiamiento privado; acá la gente tiene que ver a dónde va la donación”, dijo. “Cuando el sistema es criticado por falta de transparencia, el daño se le hace al que realiza bien las cosas. Caemos todos en la misma bolsa”.
Daniel Caggiani, diputado del Frente Amplio, dijo que es necesario aprobar lo antes posible una nueva norma para que los partidos se preparen de cara a la próxima elección. El legislador del Movimiento de Participación Popular sostuvo que aspiran a que se tome como base el proyecto aprobado en la legislatura pasada a instancias del Frente Amplio y a una serie de medidas que ya tienen prontas. En la coalición de izquierda apuntan a eliminar el financiamiento empresarial, que haya minutos gratuitos y que todos los movimientos de dineros se hagan a través de la ley de inclusión financiera.
El colorado Conrado Rodríguez afirmó que hay que darle “transparencia al sistema”, en especial al “financiamiento”. Sostuvo que las contribuciones deben ser nominativas y opinó que debe haber “topes” a las contribuciones de los candidatos que sean “razonables”. “No puede ser que un candidato al Senado no pueda financiar la impresión de las listas”, señaló. En el proyecto que fracasó en el período pasado el límite en este caso era de 300.000 Unidades Indexadas (poco más de US$ 33.000 al valor actual).
Gasto absurdo
La comisión ha recibido a representantes de los partidos. Cuando fue el Partido Colorado, el dirigente y diputado Felipe Schipani explicó que el problema del financiamiento de las colectividades está en los periodos electorales. “Y la madre del borrego es la televisión, porque es la que insume la gran erogación con la que, lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo”, dijo.
“Es absurdo lo que se gasta en televisión en campañas electorales. Nosotros partimos de la base de que las ondas son del Estado, es decir, que los canales de televisión son permisarios, y en esa medida tendrían que hacer una contribución a la campaña electoral y a la democracia; no pueden hacer de las campañas electorales zafras para obtener recursos”, afirmó.
Diego Fernández, del Partido Ecologista Radical Intransigente, dijo que se debe tener “cuidado” con el aporte de empresas privadas porque “eso puede condicionar y generar corrupción”.
El jueves de la semana pasada fueron a comisión integrantes del Tribunal de Cuentas. El ministro Darwin Machado sostuvo que dado que el financiamiento de las campañas y de los partidos se hace con aporte estatal, “es natural” que el Tribunal de Cuentas analice y estudie las rendiciones de cuentas de los partidos. Por esa razón, dijo que el Tribunal podría hacer esa tarea una vez aprobada una norma.
Los legisladores destacaron este planteo, ya que entienden que el Tribunal de Cuentas podría funcionar como una especie de “auxiliar” de la Corte Electoral, encargada de controlar todo lo referido a la campaña.
