“Pasa en todos los ámbitos de la salud y más en la salud mental”, afirmó.
A pesar de reconocer “dificultades”, Trelles se desmarcó de algunas de las situaciones de violencia denunciadas. “No atamos ni sobremedicamos” a los menores, remarcó.
La senadora del Frente Amplio Silvia Nane sigue de cerca la situación de Carpei y de los demás centros de salud mental que funcionan bajo el programa de protección del INAU. A mediados de 2021, luego de que se presentara la investigación de la Inddhh La infancia que no queremos ver, que reveló múltiples problemas en la atención de menores, la legisladora hizo al INAU un pedido de informes.
En la respuesta, el organismo indicó que Carpei es “objeto de estrecho monitoreo”. Además, adjuntó un informe del PIE que señala que, “a excepción de Carpei, en el resto de los casos las empresas han actuado adecuadamente al tomar noticia de vulneraciones de derechos”. Añade que se conformó un grupo de trabajo para “definir acciones” respecto al centro, cuyas debilidades llegaban al punto de “poner en cuestión su continuidad”.
Nane envió este mes un nuevo pedido solicitando ampliar la información en varios puntos, entre ellos algunos vinculados a Carpei. Por otra parte, la senadora informó a Búsqueda que convocará a las autoridades del INAU a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que informen sobre la situación del centro y las medidas adoptadas.
“Es un tema que viene con urgencia desde hace un tiempo largo, y las respuestas del INAU no son convincentes. ¿Se constataron vulneraciones a los derechos humanos pero no se hizo denuncia penal?”, planteó. De acuerdo a la información recabada por la legisladora, actualmente, Carpei acumula 18 denuncias. Nane cree que el accionar del INAU no llega “a tiempo para prevenir” los hechos denunciados ni para “repararlos” ni “evitar la repetición”.
“Hay que entender qué es lo que está haciendo el INAU respecto a esto. Está bravo”, señaló.
El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que el organismo está “analizando la situación” de Carpei y que el directorio aguarda a recibir un informe de un grupo de trabajo creado para estudiar el caso. Afirmó que por el momento el INAU no evalúa “como algo inminente la rescisión del convenio” con el centro. Dijo también que se han aplicado sanciones y medidas correctivas y que situaciones de esas características “no son una rareza en esta área difícil y compleja” (Búsqueda Nº 2.182).
Medidas extremas para situaciones extremas
Una adolescente alojada en Carpei denunció penalmente a un funcionario por abuso sexual. Un enfermero denunció que personal sin preparación administraba medicación. La Inddhh constató que el coordinador del centro fotografiaba con su celular a las adolescentes mientras dormían, presuntamente para constatar que usaban la ropa diaria y no la de dormir. INAU sancionó a la empresa porque una joven sufrió una fractura de hombro en una maniobra de “contención física” que le aplicó una funcionaria.
Los técnicos de la Inddhh también reportaron el uso del aislamiento como medida disciplinaria, una sobremedicación de los internados, problemas en la infraestructura y falta de mobiliario. Además, observaron un relacionamiento “inadecuado” del director técnico con los adolescentes. Según describieron, él se autodenomina “papá” y se refiere a las menores con adjetivos como divina o preciosa. También constataron que el director dormía en el centro, algo que el INAU posteriormente “inhabilitó”.
El director técnico del centro reconoce algunas de las situaciones reportadas. Por ejemplo, dice que la maniobra en la que se lesionó a una joven los “preocupó muchísimo” y asegura que “inmediatamente” lo denunciaron al INAU y a la Fiscalía. “Le impusimos a la funcionaria unos días de suspensión por falta grave. La jueza entendió que actuamos correctamente. Después trabajamos psicoterapéuticamente con la joven y la funcionaria. No hubo intencionalidad, era una muy buena funcionaria. Sin embargo, INAU nos sancionó igual porque consideró que no había relación entre la magnitud de la acción y la sanción. Tal vez tendríamos que haberla expulsado pero nos preguntamos: ¿hay que echar a una persona que está comprobado que no actuó de mala fe? (...) Yo defiendo a mis trabajadores, como defiendo a mis adolescentes”, argumentó Trelles.
Dijo que trasladó el caso al tribunal de ética del Colegio Médico para que “evalúe” su accionar. “Si tengo que ser juzgado o criticado que sea por mis pares”, afirmó.
El médico añadió que la pandemia de Covid-19 dificultó el trato con los adolescentes. “En nuestro centro, como muchos otros que albergan jovencitos y jovencitas con severos problemas psiquiátricos, hubo una eclosión de la conducta agresiva”, dijo. Según relató, en ese período se dieron episodios como la rotura de todos los aires acondicionados y también tuvieron que sacar “todos los azulejos de los baños” para evitar que los adolescentes “se cortaran”.
También reconoció como “problemático” que el coordinador tuviera fotos de adolescentes en su teléfono. “Fue trabajado, fue observado, porque no se puede hacer eso”.
En otros puntos Trelles discrepa con las valoraciones y el método de trabajo de la Inddhh y el PIE. Cuestionó por ejemplo que recién en la última visita —de mayo de este año— la institución incorporara la visión de una psiquiatra pediatra. Lo mismo pasa con el PIE, a su entender: “Nos llama la atención que seamos juzgados por un programa que no tiene entre sus asesores un médico. Son educadores, trabajadores sociales. Pero ¿quién debe juzgar una sobremedicación?”, planteó.
El psiquiatra del centro, Juan Irigoyen, aseguró que no hay un exceso en la medicación que se suministra. “Lo rechazo y me parece llamativo que se diga eso”, afirmó.
El director también negó que se use el encierro de los adolescentes “como sanción”, aunque luego aclaró que “en un principio” se empleó “como mecanismo sancionatorio para faltas graves”. Aseguró que el uso de esa medida “se fue modificando”.
“No utilizamos el término aislamiento, pero la sanción era con tres días sin salir del centro, ni siquiera al patio, solo para fumar”, dijo. El equipo rechaza que se den encierros en habitaciones. “No le digo que en alguna ocasión no haya sucedido, pero sistemáticamente no”, dijo Trelles.
Otro punto que cuestionó de los informes de la Inddhh es el hecho de que se considere un dato relevante que los jóvenes del centro lo llamen “papá”. Dijo que no es cierto que él se “autodenomine” así. “Los chiquilines vienen y te dicen papá, lo dicen espontáneamente, como le dicen ‘tío’ a los educadores o ‘mamá’ a las enfermeras. Es como una distorsión que traen, que tiene que ver con las ausencias y con como ellos llenan esos vacíos”, continuó. Respecto a utilizar adjetivos como divina para referirse a las menores, dijo que eso “no tiene ninguna connotación”.
“Me llamó tanto la atención que hicieran hincapié en detalles tan banales… Comentar que alguien es divino quiere decir que destaca por sus cualidades. ¿Ellos entienden que le digo divina porque está divina? La verdad que es jodido”, cuestionó.
“Los estereotipos de género nos atraviesan a todas las personas, aun en nuestros roles profesionales”, agregó Trelles, citando el informe elaborado por el equipo. “Y bueno, capaz este es un estereotipo de género. Pero la verdad, en el contexto del servicio que nosotros damos, es una cosa totalmente irrelevante. Tampoco me acuerdo de haberlo dicho, capaz que lo dije… Me voy a tener que cuidar de aquí en más”, cerró.
En la misma línea que Trelles, el psiquiatra Irigoyen sostuvo que el hecho de que los adolescentes se refieran al personal del centro como “papá, mamá o tía” es algo común en las instituciones de INAU y “tiene mucho que ver con las historias de vida de los gurises”.
“A veces cuesta poner un freno a eso. Que hay que ponerlo, estamos de acuerdo”, dijo.
“También nos pueden cuestionar que nosotros somos abrazadores”, añadió Trelles. “Yo me formé en psicodrama, con mucho contacto en lo visual y en lo gestual”, explicó, y contó que hasta hicieron talleres de abrazos en Carpei. “Somos seres afectuosos todos”, defendió.
El director técnico del centro dijo, por otra parte, que una de las dificultades que han tenido es insertar a los menores en los centros educativos de la zona. Según afirmó, el año pasado un liceo de tiempo completo que no quiso identificar rechazó el ingreso de “siete u ocho chiquilines” luego de que se enteró que provenían de Carpei. Dijo también que la mayoría de las denuncias que recibieron fueron realizadas por los jóvenes en las instituciones educativas. Pero muchas eran “infundadas” y lo atribuyó a la falta de comprensión sobre el tipo de atención que brindan.
Para el psicólogo Mauro Magnone, que también trabaja en Carpei, el vínculo con los centros educativos y la sociedad en general es complejo porque “hay una relación muy tirante con la salud mental”.
“La enfermedad mental siempre es algo rechazado. La gente de a pie no tiene idea del sufrimiento, y nos toca trabajar con eso todos los días”, dijo.
