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Para prevenir cualquier accidente y detectar fallas que pueda haber en sus líneas eléctricas, UTE realiza periódicamente controles aéreos. Para eso contrata horas de servicios en helicópteros y drones, que gracias a los avances tecnológicos pasaron a ser una opción. En 2017 comenzó a comprar artefactos definidos técnicamente como vehículos aéreos no tripulados y en 2020 inició un proceso para adquirir otro más sofisticado, aunque hasta ahora esa transacción no ha llegado a buen puerto.
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En agosto de 2020 la empresa de energía eléctrica recibió invitaciones, mediante su director blanco Felipe Algorta, para participar en reuniones junto con la Fuerza Aérea. Esos encuentros fueron el origen del ofrecimiento que derivó en la licitación abreviada en la que UTE propuso comprar un dron y un software. El proceso, iniciado en 2022, contemplaba un costo de 1 millón de dólares.
La adjudicataria fue la sociedad anónima Lunacar, relacionada a Vertical Skies, empresa que estuvo vinculada al “caso Astesiano” (Búsqueda N° 2.222). UTE recibió el software a comienzos de 2023, pero el dron, que debería haber llegado en marzo, todavía no fue entregado.
A fines del mes pasado el ente intimó a Lunacar —en tres domicilios— para que entregue el aparato, lo que fue una especie de “ultimátum” que tenía como fecha límite ayer, miércoles 14. Vencido ese plazo, el dron tampoco llegó. “¿Por qué UTE lo sigue tolerando?”, dijo a Búsqueda la directora por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, quien consideró que la intimación llegó “dos meses tarde”.
A última hora de ayer, la jerarca solicitó que en la sesión del directorio de hoy, jueves 15, se trate como asunto la recesión del contrato con Lunacar.
Sin cámaras
Durante los últimos meses Cardona solicitó información a los equipos gerenciales sobre la compra del dron. Uno de sus últimos pedidos fue conocer las conversaciones “informales” que UTE tuvo con el representante de Lunacar, Gabriel Lamas. De esa respuesta surge el último dato que la jerarca recibió: el fabricante del dron no tiene las cámaras que el artefacto necesita. Por este motivo, no fue entregado.
“Termina siendo algo tragicómico. Es difícil de entender un procedimiento que se mentó en 2020, se ejecutó como compra en el 2022 y, a casi un año de la adjudicación, no tiene la condición básica para el objeto de la compra”, criticó.
Esas cámaras son las que “hacen la diferencia” entre el costo de un dron estándar y el que adjudicó UTE a través de la licitación abreviada, indicó la directora basándose en la explicación que dio el gerente general. Cardona dijo que en la información que recibió de la empresa no detallaron si la estructura del dron está creada.
Un dron estándar como el que compró UTE tiene un costo de US$ 400.000, pero el precio que aceptó el ente fue de US$ 750.000. La diferencia (US$ 350.000) era por el valor de las cámaras, una “parte medular” del servicio de los drones. Esa falta haría que el artefacto no sirviera para analizar las redes eléctricas, sostuvo la directora por el Frente Amplio. Tampoco podría ser utilizado por el Ministerio de Defensa, que por un convenio con UTE lo iba a manejar.
La invitación a la licitación abreviada que hizo UTE a través de la Gerencia de Tecnologías de la Información incluía ese precio final. La solicitud, firmada por el gerente Raúl Feijo, fue dirigida a Miguel Remuñan, representante de DJI —una conocida empresa de drones a nivel mundial— y a Vertical Skies.
Hasta ahora UTE pagó US$ 275.000 por el software que formaba parte de la compra. “Ya pedí información dentro de la UTE para saber para qué se está utilizando y qué knowhow nos viene dejando desde enero hasta acá”, contó Cardona.
Por el retraso en la entrega del dron, estaba previsto que UTE cobrara una multa a Lunacar que se descontaría del pago. Por lo tanto, si se rescinde el contrato, el ente tampoco cobrará esos montos, dijo la jerarca.
Aclaró que no se opone a que haya una “innovación tecnológica” para UTE, pero cuestionó que el proceso estuvo “mal pensado” desde el origen.
La directora recordó que uno de los motivos para comprar el dron es que iba a significar un ahorro para UTE al evitarle contratar los helicópteros que utiliza para hacer seguimiento de las redes eléctricas. Sin embargo, el ente continuará comprando esos servicios, según dijo, por lo que no está claro de cuánto será ese ahorro.
La empresa estatal tiene actualmente 34 drones, pero menos sofisticados que el que adjudicó a Lunacar. Cardona propuso adquirir otro aparato, con una mayor tecnología que los que ya tiene, pero más barato que el que compró y aún no recibió. Su planteo quedó en minoría en el directorio.
“Desde marzo hasta acá hay una responsabilidad eminentemente política. Si el aspecto técnico de la compra nunca se cumplió, la decisión de retrasar esto en la vía de los hechos es política. Estamos a destiempo y atrasados. Ojalá se vote la rescisión del contrato. Esto costó horas de trabajo para la UTE”, afirmó Cardona. La directora definió que el proceso estuvo teñido de “suspicacias”, “irregularidades” y “dudas razonables”.
