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    El Poder Ejecutivo rechazó pedido de empresas públicas para acceder a régimen de exoneraciones fiscales

    La gestión estuvo avalada por el Ministerio de Industria; Ancap pretendía “igualdad de condiciones que los actores privados que compiten en el mismo mercado, en el caso de actividades no monopólicas”, indicó su presidenta

    Las empresas privadas pueden beneficiarse de exoneraciones impositivas al amparo de un régimen de larga data en el país pero que acaba de tener una revisión. Mientras se discutían en el interior del gobierno esas modificaciones, algunos entes trasladaron su aspiración de ser contemplados y también de que sus proyectos de inversión reciban ventajas fiscales, un planteo que fue desestimado por el Ministerio de Economía (MEF), según reconstruyó Búsqueda a partir de consultas a jerarcas del Poder Ejecutivo y de las empresas públicas.

    La promoción de inversiones en equipamiento o infraestructura productiva mediante incentivos fiscales es uno de los regímenes más potentes de los que se encuentran vigentes y ha trascendido, con ajustes, a diversos gobiernos desde 1998. Las empresas deben postular sus proyectos ante la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley; esta oficina del MEF analiza las iniciativas y sugiere al Poder Ejecutivo otorgarles o no la ventaja tributaria.

    Un decreto que entró en vigencia este 1º de febrero introdujo modificaciones respecto a cuál es la inversión “elegible” para beneficiarse del régimen, contempla incentivos adicionales para las micros, pequeñas y medianas empresas (de “hasta 50 empleados”) y ajusta los indicadores que son computados.

    Según indicó en agosto del año pasado a Búsqueda la ahora titular de la nueva Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, Isabella Antonaccio, esas modificaciones apuntan a “democratizar” el acceso a estos incentivos fiscales —para que también lleguen a empresas de menor porte al sacar del medio los servicios de consultores especializados— y a ser exigentes con los proyectos, en el sentido de que tengan “sustancia productiva”, de modo de evitar por ejemplo que “un estudio jurídico” haga “una reforma de su equipamiento”, ponga “una lamparita led, un air inverter” y su director se compre “un vehículo eléctrico”.

    “Igualdad de condiciones”

    Mientras el Poder Ejecutivo preparaba estos últimos ajustes al “régimen Comap”, las empresas públicas pretendieron ser parte de la discusión haciendo un planteo para tener acceso a los beneficios.

    Consultada por Búsqueda, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, informó que se solicitó al Poder Ejecutivo que permitiera al ente “acceder a los beneficios fiscales establecidos en la Ley 16.906, en igualdad de condiciones que los actores privados que compiten en el mismo mercado, en el caso de actividades no monopólicas”.

    Alegó que la actual “exclusión genera una asimetría competitiva injustificada, en los casos en que Ancap actúa en condiciones de libre competencia, lo que sería contrario al espíritu de las leyes que lo habilitan. Esta imposibilidad de contar con dichos beneficios encarece los proyectos del ente, afectando su competitividad y capacidad de innovación”.

    Por su lado, fuentes de UTE señalaron a Búsqueda que la iniciativa de solicitar al MEF la inclusión de las empresas públicas en el régimen Comap “fue decisión del Ministerio de Industria, Energía y Minería” (MIEM) mientras estaba en preparación el nuevo decreto reglamentario emitido en enero, y confirmaron que sí hubo “intercambios” sobre el tema entre las autoridades ministeriales y las del ente.

    Pero, preocupado por la magnitud actual del déficit fiscal, la postura del MEF fue tajante en el sentido de rechazar estos planteos.

    Proyectos beneficiados

    Las últimas estadísticas relacionadas con este esquema de ventajas fiscales publicadas por el ministerio corresponden a proyectos recomendados por la Comap para que el Poder Ejecutivo apruebe las exoneraciones y son al cierre del 2024. En conjunto, estos planes involucraron inversiones por casi US$ 2.000 millones.

    En lo que va del 2026, las resoluciones de aprobación de beneficios son algo más de medio centenar.

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