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Las autoridades de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) deben tomar en el corto plazo “medidas antipáticas” ante el deterioro financiero de ese instituto paraestatal. Y entonces aparecen dos caminos: ser el “buenito” y “seguir tocando música” en la orquesta del Titanic para “luego hundirse”; o pasar a ser uno de los “malos” que salvó a la institución de una situación comprometida, comparó Gerardo López Secchi, designado por el gobierno en el directorio de la caja, en una sesión de este órgano.
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La CJPPU tiene la relación activo/pasivo más alta de todos los subsistemas. En 2019 eran 60.740 los profesionales que aportaban, mientras que había 17.246 personas que cobraban pasividades (3,5 cada 1). Pese a esto, presenta un resultado operativo negativo que, según proyecciones, crecerá desde 2022 a 2026, con cifras que van de US$ 55 millones a US$ 120 millones por año. Estos números implican que la Caja de Profesionales deba tomar medidas para cambiar el rumbo financiero, un tema que se discute en el directorio del organismo paraestatal.
Los planes de sus autoridades son en dos planos, según dijo la presidenta Virginia Romero: el “hoy” —en referencia a las medidas para “hacer caja”— y una “reforma” estructural de la CJPPU, que requerirá un proyecto de ley. Las acciones más urgentes que los directores presentaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluyen un aumento de los aportes de activos, una “contribución” de los pasivos y que quienes no ejerzan paguen el equivalente al 10% del ficto ($ 4.279, a 2021) de la categoría 1 (Búsqueda Nº 2.161).
Sin aumento
Para sentirse “más cómoda y más tranquila”, Romero decidió renunciar al incremento del salario del 7% que le correspondía recibir a partir de enero. “En el momento que está la caja es oportuno”, justificó en el directorio.
El gerente general, Miguel Sánchez, le informó que existen “antecedentes” de situaciones de este tipo y que el mecanismo establecido para estos casos es el de “donación”.
La presidenta comentó que los directores que pertenecen a la gremial Agrupación Universitaria donan el 10% del salario. El director Fernando Rodríguez Sanguinetti dijo que la asociación de afiliados El Orden Profesional promovía un sistema similar con los directores que la integraban y propuso que todos los directores den “una señal” como la de Romero.
Antes de que asumiera la nueva presidenta y otros directores, hace pocos meses, la cuestión de los salarios de los directores había sido discutida por las autoridades del momento.
La representación de entonces de los pasivos —encabezada por Odel Abisab o Robert Long— estuvo en contra de una propia rebaja salarial del 22%. El director de los activos, Oscar Castro, tampoco la respaldó.
Abisab estuvo en contra de una rebaja salarial de los directores porque “para una tarea de tal responsabilidad” considera que “los sueldos no son altos”, según declaró en octubre en El País. Agregó que quienes trabajan “en serio” le dedican “una gran cantidad de horas” al instituto.
Según documentos de la CJJPU vigentes a julio, el cargo de presidente tiene un sueldo nominal de $ 215.044, mientras que los directores cobran $ 165.896. A esta cifra se le deben sumar las compensaciones previstas.
Por otro lado, el directorio está discutiendo sobre los topes salariales de aquellos funcionarios que excedan el tope previsto por la ley de Presupuesto. En esta discusión están abarcados varios mandos gerenciales (Búsqueda Nº 2.078).
Comunicación
Otros gastos generan disensos al interior del directorio.
En 2020, los costos del “asesoramiento en comunicación” de la CJPPU fueron cercanos a los US$ 100.000. Esto incluyó el contrato con la agencia Burson Cohn & Wolfe y los “presupuestos publicitarios” que, después de los salarios, son el rubro de gastos de mayor magnitud del instituto previsional, según informó su gerente general.
Ese gasto fue cuestionado por alguno de los directivos de la caja. El secretario Blauco Rodríguez la consideró excesiva y evaluó como “pésima” la comunicación que llevó adelante el instituto. “Es una cifra importante que se tiró a la basura”, comentó ante sus pares.
Sin embargo, el director Gerardo López Secchi —que integraba el directorio en el período anterior— sostuvo que “muchas veces” la agencia de comunicación les enviaba material, pero luego las autoridades resolvían “no comunicar” o “hacerlo menos”. Mencionó el curso de vocería que la caja contrató a la agencia por $ 60.000 (Búsqueda N° 2.162) y puso como ejemplo: “Si luego no salen a hablar, el costo del curso será plata tirada”.
El otro director designado por el Poder Ejecutivo, Luis González, dijo que si “se hubiera hecho el 20%” de lo que sugería la agencia en la propuesta comunicacional, el resultado “hubiera sido muy diferente”. Abisab, por su parte, defendió: “Tuvo un excelente nivel” el plan de la agencia.
Rodríguez aclaró que se trata de un “tema de directorio” y que “no culpa a la empresa”. Y agregó: “Si el espíritu era no comunicar, no tiene sentido comprar un asesoramiento como el que se compró. Quien no guste de la velocidad, que no se compre un Lamborghini”, comparó.
Ese director también se mostró arrepentido por haber aceptado el ofrecimiento de la agencia: “De haber sabido que en el año anterior se pagaron US$ 100.000, no se debería de haber pagado ni un solo peso en el curso de vocería que se encomendó hacer”.
Rodríguez es un doctor especializado en medicina de emergencia, que antes de asumir como director en la CJPPU presidió el Colegio Médico. Aunque sin mencionar a ninguna institución, el profesional comparó los costos de comunicación de “otras estructuras” que gestionó o que conoce que “no existían desde el punto de vista comunicacional”. Por $ 80.000 mensuales —dijo— esas instituciones lograron posicionarse ante la opinión pública.
A fines de diciembre, los directores de la caja resolvieron que el contrato con la agencia de comunicación no se renovaría “de forma automática” y preparaban las bases de un llamado a licitación.
