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A 20 años del grave intento de desconocimiento del Estado de derecho en plena democracia uruguaya. Por estos días se cumplen veinte años de los “incidentes del Filtro”, como se le llamó, por haber sido en esa zona de Montevideo la principal refriega originada por grupos que se resistían a que el gobierno democrático del presidente Lacalle cumpliera con el fallo firme de la Justicia que ordenaba extraditar a España a tres ciudadanos vascos residentes en Uruguay, acusados de graves delitos de terrorismo.
Y dicha resistencia ilegítima fue alentada irresponsablemente por la cúpula dirigente del opositor Frente Amplio en ese momento. Seregni, Vázquez y Astori se pronunciaron en contra de la extradición de los vascos y se equivocaron feo porque, seguramente sin quererlo en forma expresa, alimentaron la resistencia de grupos políticos como el MPP y otros como sindicales y estudiantiles para que se concentraran en las inmediaciones del Hospital Filtro de entonces, en la zona próxima al Edificio Libertad. La refriega con la policía que debía ejecutar el traslado de los extraditados al Aeropuerto de Carrasco para la entrega de los reclamados al Estado reclamante, causó la muerte de Morroni.
Se supo luego que hubo varios vehículos del MPP con armas y grampas “miguelitos” en la zona, en pleno gobierno democrático, a efectos de resistir la entrega de los vascos.
Resulta indignante que, en ese momento, a diez años de recuperada en Uruguay la democracia y el Estado de derecho, hubiera reaccionarios de izquierda dispuestos a todo con tal de impedir el normal funcionamiento de la Justicia.
Corresponde recordar que el sistema penal uruguayo prevé el instituto de la extradición, como exclusivamente judicial, con intervención del Ministerio Publico, para controlar que se cumplan los requisitos juridicos, sin posibilidad alguna del gobierno de contradecir lo que la Justicia resuelva, en este caso, según el Tratado de Extradición vigente en ese momento entre el Reino de España y Uruguay de 1885, que luego, en 1996, fue sustuido por otro más moderno y de mejor técnica jurídica, que fue ratificado y está vigente. Esto supone que en Uruguay, con todas las garantías, una vez que el tema pasó por el Juzgado Penal de 1ª instancia competente, se apeló la decisión de entrega ante un Tribunal de Apelaciones en lo Penal y por último la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar a la casación del fallo impetrado por la defensa de los reclamados, la sentencia quedó firme y al Poder Ejecutivo no le cabe otra opición que cumplir la decisión judicial. Sabido es que la Justicia del país requerido no se pronuncia sobre la culpabilidad de los reclamados sino solamente si corresponde o no la entrega, por cumplirse los requisitos procesales previstos, sea en el tratado de extradición que resulte vigente o en la normativa de fuente nacional, en caso de ausencia de tratado.
Cabe recordar que durante el primer gobierno de Sanguinetti, el primer ministro español Felipe González le había solicitado al gobierno uruguayo apurar el tema y nuestro presidente le había respondido que en Uruguay la Justicia es un poder independiente y nada podía hacer más que esperar el fallo final para ahí sí ejecutarlo mediante la entrega de los reclamados al país solicitante de la extradición.
Y así fue. Culminado el primer gobierno de Sanguinetti, el tema quedó resuelto por la Justicia durante el gobierno de Lacalle y en el año 1994 la Suprema Corte dio su sentencia final quedando confirmada la extradición. El ministro del Interior de entonces era el Dr. Angel María Gianola, que aún vive. El secretario de Estado fue quien en forma correctísima dispuso que las fuerzas de seguridad cumplieran la orden judicial y llevaran a los extraditados hacia el aeropuerto para embarcarlos con destino al país requirente.
La moraleja que deja esta historia ocurrida en plena democracia, que corresponde recordar y en la que los extraditados tuvieron todas las garantías, es que la izquierda mostró su hilacha intolerante y poco respetuosa de la Justicia como poder independiente del Estado. Puso en riesgo las instituciones al alentar los líderes frentistas la resistencia a que se cumpliera con una decisión absolutamente legítima. Siguen recordando al fallecido Morroni, un manifestante que participó en la refriega alentada irresponsablemente por los líderes de la izquierda opositoria, y nos parece bien recordar a dicho fallecido. Lo que no se debe olvidar es de quién fue la irresponsabilidad de intentar resistir una orden legítima de entrega de tres reclamados a los que vimos hace veinte años subir al avión en camilla por encontrarse en huelga de hambre en ese momento, bajar luego en una escala caminando y bebiendo un refresco y enterarnos que finalmente recibieron en su país sentencia de decenas de años de penitenciaría.
Un país que olvida su pasado queda irremediablemente condenado a repetir los errores cometidos. Y es por eso mantenemos vivo el recuerdo de estos hechos.
