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Un nuevo capítulo en el complicado mercado del supergás. Un comunicado urgente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás emitido el miércoles 28 señala que la empresa Ducsa (subsidiaria de la estatal Ancap) dejará “en la calle a 60 familias” y que no dialoga con los trabajadores.
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“Por este medio se comunica la situación que están atravesando los trabajadores de AGC y Brayke, que están al servicio permanente de Ducsa”, comienza el comunicado, para luego acusar a la empresa de realizar un llamado a licitación por el transporte de supergás (garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos) “sin tomar en cuenta a los 60 trabajadores, algunos con 20 años de trabajo, quedando los mismos en la calle”.
Búsqueda consultó a la presidenta de Ducsa, Victoria Hernández y a la titular de Ancap, Marta Jara, sobre esta denuncia.
“Teníamos un contrato con la empresa Brayke que vence el 31 de diciembre. Siguiendo nuestras prácticas de transparencia decidimos hacer un llamado a licitación para el servicio en el cual se invitó a más de 20 empresas del mercado, entre ellas la que ya estaba brindando el servicio. De este llamado a precios se adjudicó el servicio de fletes a tres empresas: una para Montevideo y otras dos para el interior”, dijo Hernández.
Sostuvo que esta licitación “afecta a 30 personas” y no a 60 como hace mención el comunicado, ya que todo el frente de carga (los encargados de cargar los camiones en las plantas envasadoras) “seguirán tal cual están hasta ahora”.
“Eso lo aclaramos en reiteradas ocasiones durante los más de dos meses en los que comenzó todo este proceso”, agregó Hernández.
Dijo que actualmente Ducsa le paga a Brayke por el transporte del supergás unos US$ 3 millones al año. “Con este nuevo contrato prevemos un ahorro aproximado de US$ 800.000”, dijo.
Pero además del ahorro en costos, prosiguió Hernández, “hay una mejora sustantiva en las condiciones de seguridad y laborales” en el servicio.
“La nueva licitación establece que los camiones que se utilicen no pueden tener más de 10 años de antigüedad. Hoy hay camiones con más de 30 años que siguen en servicio. También solicitamos que los funcionarios sean peón y chofer para adaptarnos a las normas laborales y que los recorridos en el interior no sean mayores a nueve horas”, agregó.
Según Hernández, están “obteniendo un servicio más barato que moderniza y mejora las condiciones de trabajo y genera más comodidad para los funcionarios”.
“Se hizo una licitación tras 14 años con la misma empresa”, agregó.
Apoyo total
Por su parte, la presidenta de Ancap dijo a Búsqueda que “existió un ámbito de negociación que comenzó hace tiempo y se dejó en claro que no hay afectación alguna para AGC (que nuclea al frente de carga)” y por eso “no se entiende este comportamiento”.
“Cuando salió la licitación, Brayke escaló el tema y lo trajo a Ancap, tratando de argumentar por qué no convenía hacerla. Nosotros en todo momento apoyamos la gestión de Ducsa porque no hace más que alinearse con el mandato que tratamos de imprimir en todo el grupo de eficiencia, mejora de la gestión y reducción de costos”, añadió.
“Tomamos en cuenta todas las objeciones muy seriamente, pero no hicimos lugar a los pedidos de bajar el estándar de seguridad. La empresa nos dijo que estábamos haciendo un estándar más exigente y no iban a poder competir, a lo cual respondimos que si alguien me da un mejor servicio por menos precio sería una locura no contratarlo”, sentenció.
Para Jara, la competencia “favorece este negocio” porque “tiene dificultades” y hay que lograr que sea eficiente porque “llegará un momento en que no será sostenible”: “O el usuario paga un producto demasiado caro o Ancap pierde mucho dinero”.
