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La conversación que incomoda al señor embajador. Fiel al estilo del presidente Correa de rebatir cualquier verdad inconveniente que publique la prensa sobre las violaciones a derechos humanos en el Ecuador, el señor embajador de Ecuador ha contestado al artículo de este semanario donde se informa del abusivo cierre de la organización Fundamedios que monitorea, defiende y promueve la libertad de expresión en el Ecuador.
El objetivo del representante del gobierno ecuatoriano tiene la virtud de repetir las consignas más escalofriantes de la doctrina del presidente Correa sobre la prensa, aquello de “la prensa latinoamericana es mala, muy mala” y aquello de “aparatos ideológicos” reproductores de violencia simbólica. El pequeño detalle con estas afirmaciones es que no tiene evidencias de la realidad. Lo de la prensa mala, muy mala, es un insulto para todos aquellos periodistas que se juegan el pellejo por investigar, revelar y publicar las verdades que son incómodas para el poder. Lo de la violencia simbólica es una bofetada en contra de todos aquellos comunicadores que han dejado su vida en mano de la violencia del Estado o de los poderes del crimen organizado.
Al final del día, las afirmaciones del señor embajador tienen un objetivo claro: confundir a la opinión pública y cambiar de conversación: el cierre de Fundamedios ya no se trata de una gravísima violación a los derechos humanos, sino un acto legítimo del gobierno en contra de una organización de la sociedad civil que incumple sus estatutos y las leyes.
La realidad suele ser porfiada y se desliza por todos los costados aunque se intente detenerla con un par de cuartillas. El cierre de una organización defensora de un derecho fundamental como la libertad de expresión no es un hecho que se produzca habitualmente en una democracia. Todo lo contrario. Algo así no se ha dado ni siquiera en países con situaciones tan deterioradas como Venezuela.
Por ello cinco relatores de sistemas internacionales de derechos humanos se pronunciaron de forma contundente al expresar “grave preocupación por las recientes medidas del gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país”. El grupo de expertos, tres de Naciones Unidas y dos de la OEA, abundan: “La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”. Concluyen: “Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayó el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.
Cabe recordar quiénes son los relatores que firman el comunicado emitido el pasado jueves: Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Este comunicado histórico, pues es la primera vez que cinco relatores se pronuncian con tal contundencia sobre un caso, nos sitúa en la verdadera conversación, la misma que el gobierno ecuatoriano no quiere tener: el cierre de Fundamedios es una grave violación a derechos humanos fundamentales. En ese contexto, las inexactas afirmaciones del embajador sobre nuestro trabajo son insostenibles y se constituyen como otro ladrillo más en el muro que el gobierno ecuatoriano pretende construir alrededor de quienes discrepamos con algunas de sus políticas.
Solo basta ver el expediente que abrió la SECOM en nuestra contra. Se nos acusa de realizar “actividades políticas”. ¿Cuáles son estas?: 1. Nos negamos a dejar de emitir alertas sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. 2. La actividad en nuestras redes sociales, especialmente por la difusión de análisis políticos, monitoreo de medios con noticias de medios locales sobre las marchas de protesta social, entre muchas otras, menciones de terceros a Fundamedios.
¿Actividad política por 54 tuits y tres menciones en Twitter? Hemos dicho que las acusaciones son delirantes y el prestigioso periodista peruano Ricardo Uceda las llamó “macondianas”, cuando el trabajo de Fundamedios es legal, legítimo y necesario para el Ecuador. El gobierno debería protegerlo y respetarlo aunque las verdades que decimos le incomode.
Cabe recordarle al señor embajador de Ecuador que es el representante de un país, no de un partido político que eventualmente está en el gobierno. Como ciudadano ecuatoriano, le pido que no utilice su cargo para sumarse al aparato de propaganda que se ha lanzado en nuestra contra. Se debe saber que localmente todos los días sufrimos notas difamatorias en los medios oficiales, 23 cadenas nacionales (mensajes que se obliga a emitir en todos los medios del país) solo en los últimos 15 días, centenares de amenazas e insultos en redes sociales por parte de trolls o fanáticos gobiernistas. Y a todo esto, debemos sumar hoy la acción de los embajadores.
Señor embajador, lo invito a que tengamos la conversación que realmente importa, aunque esté llena de verdades incómodas para usted, y esa es, ¿cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el Ecuador?
