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Para los funcionarios y jerarcas del gobierno con participación en la elaboración presupuestal, el año electoral es el más distendido del período, casi “aburrido”. En la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento antes de fin de mes no es posible ampliar el gasto ni innovar en materia de tributos. No hay reclamos o áridas negociaciones pues el proyecto de ley toma la forma más pura de su propósito: exponer la contabilidad de la administración central en el último ejercicio.
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De hecho, parte del trabajo ya está encaminado, aunque no cerrado. La Contaduría General de la Nación (CGN), una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la que recae la tarea de elaborar los tomos con las cifras que complementan el articulado de la Rendición de Cuentas, ya procesó cifras provisorias al cierre del 2018. De un presupuesto de gasto total asignado de $ 590.946 millones, informó en su último boletín que se ejecutaron $ 486.997 millones (82,4%), lo que equivale a unos US$ 15.856 millones. Sin embargo, a ese monto deberán agregarse otras partidas, algunas de las cuales todavía no completaron su trámite ante el Tribunal de Cuentas y, por tanto, tienen un carácter muy preliminar.
En 2017 el gasto presupuestal había rondado los US$ 16.600 millones.
El proyecto de Rendición de Cuentas en sí tendrá pocos artículos, como es usual cuando su presentación ocurre en años electorales y la opera la restricción constitucional de ampliar el gasto. El MEF trabaja en eso y en la elaboración del informe que describe la evolución reciente de la economía. Una fuente oficial dijo a Búsqueda que por ser la última ley de este tipo del período, es posible que se incorpore una visión “más histórica” de la gestión de la actual administración de Tabaré Vázquez.
Gasto. Prácticamente la mitad del presupuesto ejecutado el año pasado informado por la CGN correspondió a transferencias a la seguridad social (21,3%), intereses y otros gastos de deuda (10,9%), la partida “diversos créditos” (14,7%) así como subsidios y subvenciones (2,6%). Dentro de la asistencia al sistema previsional, sobresale la recibida por el Banco de Previsión Social (unos US$ 2.516 millones) y el servicio de retiros de las Fuerzas Armadas (US$ 608 millones), la llamada “caja militar”.
La Presidencia de la República y los distintos ministerios representaron 20,6% del gasto total ejecutado en 2018, según los datos provisorios disponibles.
Por fuera del Poder Ejecutivo se ejecutó el resto, con la Administración Nacional de Educación Pública (13,1%), la Administración de Servicios de Salud del Estado (7,4%), la Universidad de la República (3,2%) y el Instituto del Niño y Adolescente (2,9%) como los incisos con mayor gasto. La ejecución presupuestal de los poderes Judicial y Legislativo representó 1,4% y 1,0% del total.