N° 1997 - 29 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAlgunos piensan, sobre todo en filas del Frente Amplio, que como el Antel Arena es un proyecto de jerarquía y será utilizado en eventos y espectáculos muy destacados, su construcción está plenamente justificada. Además agregan, asumiendo premisas casi obvias, que sus futuros usuarios están encantados y que los vecinos de la zona están como locos con una construcción que enriquece su entorno. Sin embargo, ninguna de esas premisas, más allá de lo ciertas o válidas que puedan ser, sirven para descartar los graves cuestionamientos que se le hacen a un proyecto que merece severos reparos.
Se dice en general que todo es bienvenido si es bueno, bonito y barato, pero el problema es que, en este caso, más allá de que no es nada barato (como veremos después, la ejecución del proyecto ha sido extraordinariamente cara), las cosas hay que medirlas, por tratarse de un proyecto ejecutado por un Servicio Descentralizado (Antel), utilizando fondos públicos (o sea de todos los uruguayos), con parámetros distintos y menos subjetivos, que no pasan por si gusta o no, o si es útil o no, sino por las potestades y la legitimidad que tiene Antel para desarrollar un proyecto de esas características y si puede, consecuentemente, financiarlo con recursos que obtiene de la prestación de sus servicios y que podrían —o deberían— tener otro destino. No es menor, tampoco, que en este caso también, como es tradicional en los gobiernos del Frente Amplio, se haya asistido a otro tremendo despilfarro, ya que el proyecto no solo costó más del doble de lo presupuestado sino varias veces más de lo que costaron, en países de la región, otras arenas con bastante mayor capacidad de espectadores.
La nota de inconstitucionalidad del proyecto, por desconocer el principio de especialidad que consagra el artículo 190 de la Constitución de la República, ha sido señalada no solo por los especialistas que han opinado al respecto sino por el propio Tribunal de Cuentas, que en su fallo del año 2013 señala que el referido artículo es muy claro al establecer que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. Y es también muy claro, para quienes acostumbran leer las leyes con honestidad intelectual y no con anteojeras ideológicas, que los textos legales aplicables son precisos: el decreto-ley que creó al Servicio Descentralizado en 1974, modificado actualmente en lo pertinente, establece que es competencia de Antel “prestar en régimen de monopolio los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia, nacionales e internacionales y en situación de competencia comercial, prestar servicios de telefonía móvil o celular” y, además, la ley 16.828 lo faculta “para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directa o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras”. Ni una mención, obviamente, a la posibilidad de desarrollar proyectos de este tipo o parecidos.
Nada de eso sirvió para que Carolina Cosse frenara sus impulsos y la obra se encaró sin el menor pudor (incluso su construcción empezó antes de que el TCR pudiera efectuar su análisis y dar su fallo, lo que viola también el artículo 211, literal B, de la Constitución de la República), mostrando otro ejemplo muy claro de la premisa que ha impuesto el Frente Amplio en el sentido de que las empresas públicas en general están al servicio de sus directores frentistas, para que estos despunten sus sueños empresariales (que solo alimentan con plata de Juan Pueblo pero nunca con capital propio) y catapulten sus carreras electorales. Al fin y al cabo, si Ancap puede tener su empresa de perfumes, por qué Antel no puede construir su estadio. Otra demostración más, muy elocuente, del enorme desprecio que tiene la mayoría del Frente Amplio por la vigencia plena de la Constitución y por el uso escrupuloso que corresponde efectuar de los recursos públicos, que provienen, obviamente, de las tarifas altísimas que pagan, resignadamente, los usuarios de servicios que —en muy buena medida— son monopólicos.
La utilización caprichosa, antojadiza e inconstitucional de los recursos públicos, no solo se deriva del hecho de que Antel no estaba ni está legitimada para construir un estadio, sino del hecho —claramente injusto— que la asignación de recursos efectuada supone postergar —o no priorizar— la natural y necesaria baja de tarifas que correspondería impulsar y también, además y en todo caso, otras urgencias y necesidades más dramáticas y esenciales que quedan postergadas en aras de que Carolina Cosse promueva su carrera política y dé rienda suelta a sus sueños imperiales. Poco importa, por ejemplo, que en este país se haya dispuesto hace muy poco, por la mayoría legislativa frentista, en una instancia presupuestal, que no hay 40 millones de dólares disponibles para financiar la reparación o remodelación del Hospital de Clínicas. Estamos hablando de un hospital universitario, donde se forman nuestros médicos, pero —además— del hospital donde se atienden los más necesitados. Parece claro que poco importa a estos héroes de la justicia social que ese emblema nacional siga, en general, en deplorables condiciones, por eso ante la disyuntiva de elegir dónde debe poner los recursos del Estado eligen el circo y no la salud de los más pobres, olvidando —o despreciando— necesidades esenciales. ¿Es lógico, moral y justo, que en este país, con tantas necesidades postergadas, Antel, violando además la Constitución, invierta casi 90 millones de dólares en un proyecto como este? ¿No sería más lógico, en todo caso, como pasa en otros países de la región, que fuera el sector privado quien llevara a cabo estos proyectos y no un ente estatal con un objeto específico?
La nota del despilfarro —tan propia del Frente Amplio— surge de la simple comparación que se puede hacer entre lo presupuestado (40 millones de dólares) y el monto total de la inversión efectuada (82 millones de dólares hasta ahora y sin perjuicio), pero también, claramente, de la simple comprobación de que otros estadios similares, construidos en Buenos Aires y Colombia por empresas privadas, con una capacidad mayor en ambos casos, tuvieron un costo que en ninguno de los dos casos superó los 25 millones de dólares. Sería bueno saber por qué acá, de la mano de Carolina Cosse y con el prestigio de Antel atrás, pagamos casi cuatro veces lo que pagan en otros lados, pero no será posible —lamentablemente— tener esa respuesta, porque tanto Antel como el superior gobierno, en otra muestra de transparencia republicana, se niegan a entregar al Senado de la República los informes que se le piden y guardan toda la información pertinente bajo candado. ¿Por qué? ¿Qué hay que esconder? ¿Qué temen?
Parece que estamos condenados, para alentar y potenciar aspiraciones electorales, no solo a tener un Antel Arena sino a tener —comparando proyectos similares— el más caro del mundo. Parece también que somos “opositores desubicados” si queremos tener información y pedimos respuestas. Así estamos —felizmente— disfrutando del “país de primera”.