Además de ser el principal organismo prestamista de Uruguay, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene mostrando una fuerte sintonía con la administración de Luis Lacalle Pou. En setiembre, cuando estuvo de paso por la Torre Ejecutiva, el presidente del organismo, Mauricio Claver-Carone elogió el enfoque “holístico” del mandatario uruguayo, se refirió a la ministra Azucena Arbeleche como una “líder” y destacó al país como uno de los políticamente “más sólidos” de la región, con lo que según él está siendo destino de una “migración” de inversiones. Además, Punta del Este fue confirmada como sede de la Asamblea Anual del BID de marzo del próximo año.
Uruguay dio su voto a la candidatura al cargo del estadounidense Claver-Carone, impulsada por el gobierno de Donald Trump; la suya fue una elección polémica ya que rompió con la tradición de que un latinoamericano estuviese al frente del organismo y que los países más poderosos comanden el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En 2020, con el cambio de autoridades en el organismo y en Uruguay, y el contexto de la pandemia de Covid-19, la discusión del programa quinquenal de créditos para el país se demoró. La Estrategia del Grupo BID con el país recién llegó a ser aprobada en junio pasado por el Directorio Ejecutivo del banco.
El documento que recibieron los directores describe en un párrafo lo que podría ser el resumen del panorama reciente y los retos por delante: “El menor dinamismo económico junto al crecimiento del gasto público durante los últimos años han contribuido a tensionar las cuentas fiscales y elevar el nivel de endeudamiento. Si bien Uruguay se destaca por sus relativos bajos niveles de pobreza y desigualdad, la crisis del Covid-19 impuso nuevos desafíos. En este contexto, el país deberá promover cambios que incentiven el incremento de la productividad y competitividad, y posibiliten un crecimiento inclusivo y sostenible”. A ese objetivo de crecimiento económico con las mencionadas características, la estrategia para el período 2021-2025 agrega el de poner “énfasis en la generación de empleos de calidad”.
En base a estimaciones y al “diálogo preliminar” mantenido con las autoridades uruguayas, se prevén aprobaciones de operaciones con garantía soberana por aproximadamente US$ 2.000 millones, si bien los desembolsos efectivos durante el quinquenio serían por US$ 1.083 millones (ya que hay programas que se ejecutan en etapas). En este escenario, la deuda de Uruguay con el BID promediaría el equivalente a 4,9% del Producto Bruto Interno (PBI) en el período, con una participación de 6,7% en el endeudamiento público total.
Ese monto de las aprobaciones es similar al del último gobierno del Frente Amplio. Bajo la anterior Estrategia con el país (2016-2020) el organismo votó 32 operaciones con garantía soberana por US$ 2.048,8 millones, mientras que el BID Invest —el brazo con el sector privado— otorgó otras 17 por US$ 731,9 y el BID Lab una docena por US$ 9,3 millones.
Los préstamos de los organismos multilaterales refuerzan en algunos casos la caja del Estado —que en los 12 meses cerrados en setiembre fue deficitaria en unos US$ 2.800 millones, equivalentes a 5,0% del PBI— o financian programas concretos en áreas diversas.
Desafío “triple”
El documento repasa que la economía uruguaya “inició un proceso de desaceleración a partir de 2015 y se encuentra desde entonces en una fase baja del ciclo económico, con caídas de la inversión y contracción del empleo. Esto se ha dado en un contexto global y regional que se ha tornado menos favorable, caracterizado por mayor incertidumbre, menores precios de las materias primas, y dificultades en los países vecinos”. Esta situación “se agravó con la pandemia”.
La contribución de la productividad al crecimiento económico ha sido “limitada”, impidiendo que Uruguay “converja a los países de altos ingresos”, observa el BID. El desafío de lograr mejoras en ese plano “cobra mayor relevancia” dado que la transición demográfica hacia una población más envejecida “podría tener consecuencias negativas sobre el producto per cápita y la tasa de ahorro. En este contexto, las mejoras del capital humano, la mayor participación laboral femenina, la inversión en infraestructura moderna y eficiente, así como la innovación y el desarrollo tecnológico, se tornan fundamentales”.
Alude a un “triple desafío” para Uruguay, ya que el incremento de la productividad y competitividad que posibiliten un mayor crecimiento económico “deberán tener una perspectiva amigable con el medio ambiente y garantizar la inclusión de las mujeres, los jóvenes, y los trabajadores informales y menos calificados, quienes suelen ser más vulnerables. Asimismo, mejoras en estos aspectos requieren un marco macroeconómico estable, por lo que la mejora del resultado fiscal se vuelve esencial para una estrategia de crecimiento y desarrollo de largo plazo”.
Y, frente a esa agenda, señala que el gobierno de Lacalle Pou “se ha comprometido a una agenda de crecimiento, consolidación fiscal e inclusión social”. Acota que “en líneas generales, se mantiene una alineación y continuidad al actual accionar operativo” del Grupo BID en el país, “muchas de cuyas acciones forman parte de un enfoque de trabajo evolutivo de varias décadas que se consolidará y profundizará durante el nuevo período”.
Los “recursos públicos”
Para el BID, Uruguay se destaca en la región por su “estabilidad institucional y política”, la “participación democrática” y el “bajo nivel de corrupción”. Sin embargo, el crecimiento del déficit fiscal de los últimos años, que antes de la irrupción del Covid-19 había alcanzado el máximo valor en 30 años, impone retos al manejo de la política fiscal. El alto nivel de presión tributaria y de gasto público implica que las intervenciones para mejorar los indicadores sociales tendrán que ser financiados a través de un uso más eficiente de los recursos públicos”, advierte. Además, “por ser Uruguay uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, se vislumbran presiones adicionales a las finanzas públicas a través de mayores gastos en pensiones, salud y cuidados”.
E identifica la seguridad ciudadana como otra prioridad para el gobierno, dado que Uruguay muestra tasas de victimización y de delitos contra la propiedad que superan a las de la región.
Para hacer frente al “desafío que genera la gestión de los recursos públicos”, el BID apoyará, entre otras acciones: propuestas que “refuercen la estabilidad fiscal” —incluyendo la nueva institucionalidad en la materia—; iniciativas que “generen eficiencias y mejoras en la calidad del gasto e inversión en sectores claves como infraestructura, salud y protección social”; la reforma de la seguridad social; y el “desarrollo de instrumentos y capacidades para el manejo de la deuda”, especialmente con bonos “temáticos” o “sostenibles” que permitan diversificar las fuentes de financiamiento.
Por otro lado, plantea que la “transformación digital del gobierno y de las empresas es crítica para lograr mayor eficiencia, efectividad y transparencia del Estado y el desarrollo productivo, además de ser crucial para la etapa de recuperación hacia una economía low touch y más intensiva en teletrabajo”.
En materia de seguridad ciudadana, el organismo se focalizará en “fortalecer los programas y capacidades preventivas del delito, con énfasis en el uso de tecnologías digitales”, y en “mejorar la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad”.
Desarrollo productivo
Uruguay “acumula varios años con caídas del empleo e inversión, bajos niveles de productividad y pérdida de competitividad. El Covid-19 agudizó estos problemas”, plantea el documento. En ese marco, la estrategia del BID pondrá “foco” en el fomento a la innovación, el apoyo a la política de inserción internacional, el acceso al financiamiento, y el mejoramiento de la infraestructura productiva. También apoyará la formación de habilidades del capital humano y la adaptación de la fuerza laboral.
Como acciones concretas, el documento detalla que el organismo multilateral se propone colaborar en el fomento de la “innovación empresarial y la promoción de sectores estratégicos con alto valor agregado” —como las TIC, la biotecnología y el sistema de hidrógeno verde, entre otros—; impulsar al país como un hub regional para las exportaciones de servicios, incluyendo el turismo; estimular la adopción digital y de nuevos modelos de negocios de las pequeñas y medianas empresas; y aumentar el financiamiento al sector productivo, especialmente para firmas chicas. Otras áreas de acción apuntarán, por ejemplo, a mejorar la red de transporte (vial, fluviomarítimo y ferrocarriles) y los servicios logísticos, “con un enfoque de eficiencia, incorporando tecnologías digitales y considerando los temas de resiliencia al cambio climático y sostenibilidad”, además de continuar apoyando la descarbonización energética, con énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías como vehículos eléctricos y a hidrógeno, y una mayor eficiencia energética. El organismo también se propone respaldar el aumento del empleo y la productividad mediante “políticas de formación profesional, capacitación, upskilling, reskilling”.
En materia de enseñanza en particular —un área en la que Uruguay presenta “importantes desafíos para lograr trayectorias continuas, completas y exitosas de los jóvenes”—, la estrategia prevé iniciativas orientadas a mejorar los logros educativos “con énfasis en la gestión y calidad, mediante la modernización de las prácticas pedagógicas, una mayor transformación digital” del sistema, así como de “arreglos institucionales tendientes a articular los distintos ciclos educativos y a fortalecer las instancias territoriales”.
