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Dos programas sociales del Banco de Previsión Social (BPS) se rigen por normas que “no se ajustan” o están apartadas de la realidad de las personas mayores, según detectó su Gerencia de Prestaciones Sociales. A partir de eso, el directorio envió un anteproyecto de decreto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
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Una de las modalidades del Programa de Soluciones Habitacionales del BPS es el denominado “cupo cama”; en lugar de otorgarle una casa, le subsidia el pago de una residencia para adultos mayores.
La gerencia general envió una nota al directorio en la que adjunta el proyecto de modificación. Allí afirma que es “oportuno” y “conveniente” actualizar la normativa, de forma que sea “aplicable a la realidad actual” y atienda “situaciones de riesgo de vida” —por su edad avanzada— y “alta vulnerabilidad” que, con la reglamentación actual, “quedan excluidas”.
El decreto vigente establece que para ser beneficiario de este programa es necesario ser mayor de 80 años y tener ingresos por hasta cinco unidades reajustables (UR) —$ 7.511— y no tener familiares de hasta cuarto grado o tercero de afinidad. A su vez, no deben ser autoválidos.
“Hay muchas personas que no son dependientes y son menores de 80 años que viven en una situación de vulnerabilidad y no tienen familiares cercanos. Para subsanar esta situación es que se solicita esto al MTSS”, explicó a Búsqueda Daniela Barindelli, directora del BPS.
El vigente tope de ingresos “es muy bajo” y es una “traba” que existe en una realidad que “va cambiando”, agregó.
En la propuesta a estudio del MTSS la edad para acceder al beneficio será el equivalente a la de acceso a una jubilación (hoy, 60 años, pero de aprobarse la reforma jubilatoria será 65), con ingresos de hasta a las 12 UR ($ 18.024). Los menores de esa edad, que no sean autoválidos, también podrán acceder a esta prestación si sus ingresos no superan una prestación mínima no contributiva (hoy $ 15.197).
La mayoría de las residencias con las que tiene convenio el BPS tienen entre 25 y 49 plazas, de acuerdo a un informe del instituto publicado en 2021. El perfil de los beneficiarios es feminizado y envejecido, con “presencia de limitaciones”. Para un tercio de ellas, dice el documento, “no fue fácil” la adaptación a vivir en estos hogares.
Cambio en los topes.
En el Programa de Viviendas para Jubilados y Pensionistas trabajan en coordinación el BPS y el Ministerio de Vivienda. Esta cartera es la encargada de ejecutar y supervisar la construcción de las casas según la demanda que se establece desde el instituto de seguridad social.
El BPS administra la nómina de aspirantes y las adjudicaciones de acuerdo a la situación económica y social del jubilado o pensionista, su edad y su estado de salud.
Las autoridades del organismo pretenden modificar los requisitos de ingresos y topes para el acceso a las “soluciones habitacionales”. Además del “cupo cama”, el BPS tiene otras dos modalidades en esta prestación: el subsidio por alquiler —el instituto arrienda la vivienda y la entrega a través de un comodato— y la adjudicación directamente de una vivienda, en general ubicada en un complejo del propio BPS.
Con base en la “experiencia acumulada en la gestión del programa”, la gerencia de prestaciones advirtió que la normativa “se aparta de la realidad actual de la población objetivo” de este programa, por lo que “estima necesaria su revisión”.
Una de las observaciones refiere a los topes; el BPS propone que no se computen ciertas partidas de ingreso siempre que no superen el máximo de 24 UR ($ 36.054).
Además, el anteproyecto redactado por el BPS propone que se establezca que, en caso de muerte de quien tiene el derecho a uso de la vivienda, esta pueda ser ocupada por su cónyuge, concubino o “incapaces mayores de 18 años a su cargo” siempre que vivieran en esa casa antes del fallecimiento del titular, sean o no pasivos.
Barindelli comentó que se registraron casos en los que los usuarios “se pasaban” de los ingresos necesarios, “se les retiraba el derecho” y “tenían que dejar la solución habitacional a la que habían accedido”. La directora dijo que los técnicos del BPS detectaron situaciones de afiliados a instituto en los que la “la ley no los ampara”.
La mayoría de las personas que viven en estos inmuebles son mujeres de edad avanzada, que en su mayoría viven solas.
