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Jubilación antes de los 65: informe del BPS dio “orientación muy clara” al gobierno para un proyecto
En julio o “a más tardar” agosto, el Ejecutivo tendrá una propuesta legislativa para ampliar las posibilidades de retiro anticipado sin afectar la sostenibilidad del sistema, adelantó el coordinador del Diálogo Social
Hace algo más de un mes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se detuvo brevemente durante una exposición en un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing para compartir “por primera vez” una gráfica elaborada por la Asesoría General del Banco de Previsión Social (BPS), que mostraba egresos por jubilaciones y pensiones al año 2099 equivalentes a 9,67% del Producto Interno Bruto (PIB) en caso de ampliar las posibilidades de jubilación anticipada, una recomendación surgida del Diálogo Social sobre protección social convocado por el gobierno.
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Esa proyección no representa desvíos con respecto a los supuestos de la reforma jubilatoria del 2023, que fijó como edad “normal” de jubilación a los 65 años, y a su vez incorpora tasas de reemplazo que aseguran “que aquellas personas más vulnerables” accedan “a jubilaciones suficientes” e incluso “mejores a las que regían” si se retiran antes de tiempo. El ministro sostuvo que “las cuentas cierran” porque —sobre todo para los que ganan más— los incentivos para jubilarse a los 65 o luego seguirán existiendo.
El lunes 22, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto —desde donde se coordinó el Diálogo Social— publicó un informe que solicitó al BPS y que contiene la proyección adelantada por Oddone en ese evento. El documento, que profundiza en el “análisis de la propuesta de una nueva causal anticipada”, fue también citado por el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, durante la interpelación del lunes 22 al ministro en el Senado. Aclara que no corresponde a un proyecto normativo específico, sino que representa un insumo de “alternativas” posibles.
El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, afirmó a Búsqueda que los estudios del BPS muestran “una forma posible de instrumentar un cambio que no afecta a la sostenibilidad del sistema” previsional, una advertencia que hacían algunos actores tras la publicación del conjunto de recomendaciones.
Afirmó que aún “no hay una definición tomada” por parte del Ejecutivo sobre los mecanismos a aplicar para las jubilaciones anticipadas y “hay otro conjunto de propuestas posibles”, pero que los escenarios simulados por el BPS representan una “orientación muy clara” para el gobierno.
“Seguramente la decisión final va a tener muchos o todos los puntos de contacto con algo parecido a esto. Estamos trabajando en el proyecto de ley y yo tengo la expectativa de que pueda ser presentado en julio o a más tardar en agosto. Es el segundo granito del Diálogo que pretendemos concretar en lo inmediato; uno es el de transferencias (a las infancias), que se va a incorporar a la Rendición de Cuentas, y este es el otro punto”, declaró.
Analisis de la propuesta de una nueva causal anticipada en el contexto de la Ley 20130
Fórmula
La última Ley de Reforma de la Seguridad Social (20.130) previó la jubilación anticipada por “extensa carrera laboral” solo para algunos sectores de actividad —industria y comercio, civil, rural y servicio doméstico— y por “desempeño de puestos de trabajo particularmente exigentes”, que al momento aplica para los trabajadores rurales y de la construcción.
El ejercicio planteado por la Asesoría General pasa por universalizar el retiro anticipado ajustando la fórmula utilizada para calcular el suplemento solidario que otorga el BPS junto con las menores prestaciones, multiplicándola por la Tasa de Adquisición de Derechos (TAD) vigente para quienes se jubilan a los 65 y dividiéndola por la TAD que ya se aplica en retiros entre los 60 y 64 años. Este factor permite que las personas que perciben el subsidio obtengan una jubilación más alta al retirarse anticipadamente que si lo hicieran con las condiciones actuales o previas a la Ley 20.130, pero manteniendo el incentivo de retirarse a la edad normal.
Es decir, todas las personas que elijan retirarse anticipadamente, sin importar el nivel de ingresos, lo harán con una jubilación menor a que si se retiraran a los 65 como sucede en la actualidad. No obstante, y aunque la comparación no está visualmente expresada en el informe, fuentes del BPS y del gobierno explicaron a Búsqueda que —de aplicarse la fórmula alternativa— la tercera parte de los trabajadores con niveles de aportación más bajos recibirían jubilaciones mayores a la mínima, tal como se recomendó tras el Diálogo Social. Quienes ganan más no contarán con el suplemento solidario y, sin ese atenuante que la fórmula ajusta, la pérdida por retirarse antes de tiempo “puede alcanzar hasta un 30% de la prestación”, explica el informe. La pérdida relativa para quienes tienen ingresos más bajos y decidan no esperar a los 65 años, aunque siga existiendo, es menor.
Así, las personas de los primeros cinco deciles de ingresos mensuales que se retiren antes (promedios entre $ 9.273 y $ 37.965) lograrían a lo largo de su vida inactiva un valor actual neto (VAN) —el valor total de lo que cobrarían según la esperanza de vida— mayor o igual a que si se retiraran a los 65 por el hecho de que recibirán jubilaciones (menores) por más años y aportarían por menos tiempo. Los últimos cinco deciles ($ 46.495 o más) tendrán un VAN negativo.
Proyecciones
Suponiendo que solo los cinco deciles de ingresos más bajos decidirían jubilarse antes de los 65 años, las proyecciones financieras del BPS muestran que, a corto y mediano plazo, habría un costo adicional en el pago de jubilaciones y pensiones que llegaría a su máximo en el quinquenio 2040-2044 (0,15% del PIB) para luego reducirse, dado que hacia 2050 se sumarían unos 7.600 jubilados anuales por la causal. Entre 2060 y 2079 el costo desaparece e incluso se genera un ahorro, porque las jubilaciones anticipadas son de menor monto. En los años siguientes, vuelve a existir una leve pérdida de hasta 0,06% del PIB.
Hay un segundo escenario que, adicionalmente, contempla otra recomendación del Diálogo Social sobre “analizar modificaciones que permitan evitar la erosión de las prestaciones más bajas” a partir de los mecanismos de indexación del suplemento solidario. La fórmula es que el máximo de aplicación se ajuste por Índice de Precios al Consumo (IPC), pero que el valor base lo haga por el Índice Medio de Salarios (IMS). Aunque también la simulación muestra costos a mediano y corto plazo (0,17% del PIB como máximo), a la larga hay mayores ahorros (0,09%) respecto a los primeros cálculos por concepto de egresos por jubilaciones y pensiones.
