Para Uruguay, que es miembro de todas esas instituciones, su adhesión al nuevo banco implicará tener que aportar U$S 8 millones en efectivo durante 10 años para integrar el capital y, como contrapartida, la posibilidad de acceder a créditos por unos 30 o 35 millones de dólares en las primeras etapas. Si bien aún no está definido en qué se utilizaría ese dinero, una opción es que financie infraestructura energética, de transporte o física, declaró a Búsqueda Martín Vallcorba, un asesor del Ministerio de Economía y Finanzas que representó a la administración uruguaya en los trabajos preparatorios y las negociaciones para la creación del BS.
Con una fuerte carga ideológica, el gobernante venezolano comenzó a defender con énfasis el proyecto a mediados de la década pasada, después de que su gobierno tomó distancia del FMI, un organismo que propende a la estabilidad de la balanza de pagos de sus 188 miembros, en el que Estados Unidos y otras potencias económicas son los que aportan más capital (y en función de eso tienen mayor poder de decisión). Otras figuras del “eje bolivariano” abrazaron la idea, pero generó menos calor entre algunos gobernantes de Brasil, Chile y Uruguay.
“¿Cómo que no podemos instalar un banco del sur en cualquiera de nuestros países y traer ahí nuestras reservas, comenzando de manera modesta para hacer incluso una primera etapa de prueba, de ensayo?”, sostuvo Chávez en 2006, durante un seminario sobre integración financiera en el que participaban varios jerarcas de la región. El Banco del Sur (...) nos permitiría decir en el futuro a todos, a tambor batiente: somos libres”, añadió.
Chávez imaginó que ese organismo podía extender su membresía más allá de Sudamérica, algo que hoy no parece probable. “Es posible que algunos países de la OPEP, ante una propuesta nuestra, pudieran animarse. Los países árabes, por ejemplo, andan retirando sus cuentas de los Estados Unidos y de Europa, sobre todo con esta locura que quiere señalar que detrás de cada turbante árabe hay un terrorista”, afirmó.
Esa idea fue plasmada en un convenio constitutivo firmado el 26 de setiembre de 2009 en la ciudad venezolana de Porlamar; los miembros fundadores son Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que Chile y Perú participan en calidad de observadores. Colombia se autoexcluyó a último momento.
La entrada en vigencia formal del BS se produjo el 3 de abril pasado, después de que Uruguay cumplió con el depósito de la ley que ratificó dicho convenio. De esa forma se alcanzó el mínimo de países que completaron ese proceso (antes lo habían hecho Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela).
En opinión de Vallcorba, se trata de un “organismo internacional con vida propia”, más allá de lo que ocurra con la salud de Chávez y con el proceso político en Venezuela, porque “ya es una realidad” y un “compromiso” asumido por los países fundadores. “Cuando las instituciones empiezan a cumplir su rol asignado dejan de tener contenido ideológico y pasan a ser herramientas para los países que los constituyen, en este caso, en favor del desarrollo económico y social de sus pueblos”, añadió.
Capital y dirección
El BS es una entidad financiera de derecho público internacional con sede en Caracas (aunque todavía no cuenta con un edificio propio donde funcionar) y dos subsedes, una en Buenos Aires y otra en La Paz. Su cometido es “financiar el desarrollo económico, social y ambiental” de los miembros, en forma “equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional”, así como “fortalecer la integración” y “reducir las asimetrías”.
El financiamiento puede ser otorgado para organismos gubernamentales o empresas mixtas o privadas, aunque se acordó que en los primeros años tendrán prioridad las inversiones soberanas.
Por su capital, el BS es ligeramente más grande que la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina (U$S 6.500 millones), pero queda pequeño al lado del Banco Interamericano de Desarrollo (U$S 170.000 millones) o del FMI (U$S 365.000 millones).
El capital autorizado (máximo) de la nueva entidad regional asciende a U$S 20.000 millones, aunque el capital que los socios se comprometen a aportar (suscrito) es de U$S 7.000 millones representado por 7.000 acciones de tres clases (para la Unión de Naciones del Sur-Unasur; para países no miembros de este grupo, y para Bancos Centrales, entidades financieras públicas o semipúblicas con participación estatal mayor a 50%).
Uruguay deberá integrar U$S 40 millones anuales durante 10 años hasta completar su aporte de U$S 400 millones. Sin embargo, solamente 20% de ese monto será en dinero contante y sonante (U$S 8 millones anuales y U$S 80 millones en total) —que seguramente provendrá de las reservas internacionales que administra el Banco Central— ya que el 80% corresponde a capital de garantía.
Se prevé que en el primer año la nueva entidad cuente con un capital en efectivo cercano a U$S 180 millones. “Como sucede con todos los organismos, su capacidad inicial no es significativa y la misma crece cuando se fondee en los mercados”, dijo Vallcorba.
Informó que un “lineamiento estratégico” es “promover una rápida calificación por parte de las agencias” evaluadoras de riesgo. Estimó que la nota será “buena” y superior a la del promedio de los países miembros, como ocurre con otros organismos financieros, dados los “mecanismos de garantía y funcionamiento” con que contará.
“Hay quienes puedan pensar que por ser una iniciativa con sede en Caracas pueda basarse en otros criterios, pero el énfasis ha sido de dotar al banco de un elevado profesionalismo” y un manejo “serio”, recalcó el asesor de Economía.
En cuanto al uso de los fondos, será exclusivamente para dar sostén a proyectos de inversión con fines de desarrollo en los países miembros, lo que diferencia al BS de por ejemplo el FMI, que da créditos para fortalecer las finanzas o las reservas de los gobiernos.
La distribución se hará en base al criterio de “participación igualitaria” de los países, sin importar con cuánto dinero hayan capitalizado el organismo. “Todo el proyecto del banco está diseñado para dar un trato más favorable a los países de menor desarrollo; el criterio de participación igualitaria beneficia más a los que menos aportan, y también los límites de exposición son distintos”, explicó Vallcorba.
En el caso del FMI o el BID, por ejemplo, los créditos a los que puede acceder Uruguay están relacionados con su aporte de capital a dichos organismos y finalmente el monto debe ser aprobado por sus directorios (en los que el poder de voto está determinado por el capital de cada país).
Funcionamiento.
Las decisiones en el BS se adoptarán por el voto favorable de al menos las tres cuartas partes de sus miembros (cada país tendrá derecho a un voto).
Funcionará un Consejo de Administración integrado por un representante de cada país miembro y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los presentes. Sus cometidos son, entre otros, monitorear la gestión del banco, pronunciarse sobre las normas operacionales y de administración, ratificar el presupuesto operativo anual y aprobar la política de riesgo crediticio.
La administración general del banco estará en manos de un Directorio Ejecutivo conformado por un representante por cada país de la Unasur y otros dos directores como delegados de los grupos de accionistas no miembros (que tendrán voz pero no voto).
También funcionará un Comité Ejecutivo —integrado por el presidente del Directorio Ejecutivo y hasta tres directores— y un Consejo de Auditoría.
El gobierno uruguayo todavía no tiene “candidatos firmes” para ocupar los nuevos cargos en el BS, según Vallcorba.
El convenio fijó ciertas pautas en materia de gestión de riesgos. Por ejemplo, topea las obligaciones financieras (pasivos) de la institución en hasta el equivalente a dos veces y media su patrimonio neto. También limita los préstamos en un máximo de cuatro veces el capital suscrito que hayan integrado Argentina, Brasil y Venezuela, y en hasta ocho en el caso de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Si obtuviera ganancias, el BS las destinará a constituir un fondo de reserva hasta que acumule cierto monto.
Asimismo, el convenio establece pautas para la denuncia y retiro del mismo, y para la suspensión de un miembro ante situaciones de incumplimiento de obligaciones.
