La Policía indagó más sobre la llamada anónima. Gracias a las cámaras de vigilancia pudo identificar a la autora y la condujo a declarar. La mujer dijo que ella era amiga de la esposa del Cachila y admitió que tenía enemistad con él. Él diría que no eran solo amigas, que eran amantes, que las encontró juntas. Y que lo quería sacar del medio.
Según narraron a Búsqueda fuentes del caso, ante el reconocimiento de la denunciante sobre el motivo real de la llamada, el fiscal Rodrigo Morosoli, entonces a cargo de la investigación, pidió que se iniciara una investigación por el eventual delito de calumnia, a lo que la jueza accedió.
Minada la credibilidad de la denunciante, sin testigos que lo identificaran en el lugar, sin indicios de que estuvo en el sitio, excepto su propio relato contradictorio, y sin rastros de su ADN en la mochila, el Cachila fue liberado. No había pruebas para sostener que había tenido algo que ver con el crimen. Era abril de 2015.
Pasaron los años. A la Fiscalía de Rocha llegó un nuevo fiscal, Jorge Vaz, que revisó el caso y volvió a poner los ojos en el Cachila. En 2019 fue llamado a interrogatorio otra vez, en calidad de indagado, junto con un albañil de la zona apodado el Conejo. El fiscal pidió que una especialista en lenguaje gestual y en semiología analice las declaraciones en la audiencia.
La jueza Rossana Ortega no permitió a las abogadas de oficio del Cachila hablar con su defendido en privado antes de la audiencia. Argumentó que el objetivo era mantener la “espontaneidad” de la declaración, para su análisis semiológico. Las defensoras pedirían la nulidad de esa declaración por indefensión y violación del debido proceso, pero un tribunal lo rechazó.
El fiscal Vaz entendió que había semiplena prueba contra Moreira y pidió su procesamiento con prisión por “homicidio muy especialmente agravado”. La jueza Ortega hizo lugar al pedido. En su apelación, la defensa sostuvo que no había “medio probatorio alguno que sitúe en la escena del hecho” a Moreira. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno confirmó el procesamiento, aunque advirtió que en el caso persitían “muchas incógnitas” que deberían “despejarse” en el desarrollo del proceso penal.
En mayo de ese año el Cachila ingresó a la cárcel. Pasaría tres años allí.
En diciembre de 2021 la nueva fiscal del caso, Jessica Pereira, presentó la acusación. Ya no era por coautoría de homicidio, sino por “encubrimiento”. Argumentó que no solo él se había ubicado en el lugar del hecho, sino que también había otro testimonio que decía haberlo visto, de alguien apodado Peteca.
“De la evidencia colectada es dable concluir que el imputado Moreira estuvo presente antes y después del homicidio; sin perjuicio de no poder acreditar su participación en otro tipo de grado”, planteó. Sostuvo que su actitud ante el hecho fue “omisa” y que ayudó a los autores del homicidio a “estorbar las investigaciones” de las autoridades. Las contradicciones en la declaración de Moreira la fiscal las atribuyó a su intención de “eximirse de responsabilidad”. Pidió una condena de 10 años de cárcel.
Pero el lunes 20 Ángel Moreira recuperó su libertad. El juez de Rocha Juan Giménez Vera rechazó el pedido de la Fiscalía y lo absolvió.
El Cachila recorre la playa de Valizas junto a un policía en 2015. Foto: @margaritapolim1
“La peleamos mucho”
Al menos por ahora, el Cachila volvió a ser libre. La decisión será revisada por un tribunal debido a que la Fiscalía apelará.
En la defensoría de oficio la noticia fue recibida con alegría y alivio. Las abogadas que trabajaron en su caso, Yesica Biquez, Helena Cóppola e Ibis Puñales, siempre estuvieron convencidas de su inocencia.
“La pelemos mucho”, dijo Biquez a Búsqueda. “Es un gran logro para la defensa pública. Hicimos una defensa no solo digna sino de calidad, con los elementos con los que contamos, que no son muchos. Y enfrentaron muchas adversidades, obstáculos de todo tipo. Nosotros no tenemos recursos para hacer pericias, para pedir informes forenses. Trabajamos a pulmón”.
La defensa pública, sin embargo, ya no está a cargo del caso. A fines de mayo, cuando el expediente aguardaba por la sentencia del juez, un abogado privado, Ignacio Morena, asumió la defensa del Cachila. Las circunstancias son confusas. Según relataron a Búsqueda fuentes del caso, Moreira, desde la cárcel Cerro Carancho, en Rivera, llamó a la Defensoría a decir que un abogado “lo había hecho firmar un papel”, pero que no sabía qué decía. Él no sabe leer ni escribir. La defensora pidió que otro recluso le lea el documento. El escrito decía que dejaba la defensoría de oficio y designaba a un abogado privado. Moreira llama de nuevo y dice que no, que quiere seguir con la defensa de siempre. Cuando se presenta el escrito del cambio de patrocinio en el Juzgado, Puñales le explica al magistrado lo sucedido y le pide que conduzca al Cachila a la sede para corroborar si está de acuerdo con lo que firmó. Es llevado ante un juez de Rivera. En la defensoría desconocen los detalles, pero el resultado fue que Moreira ratificó el cambio de patrocinio.
Si la absolución queda firme en las próximas instancias, Moreira podrá iniciar un juicio al Estado para recibir una recompensa por el tiempo que pasó en prisión.
Lola Chomnalez, asesinada en diciembre de 2014. Foto: AFP
Sin pruebas
En la sentencia de absolución el juez Giménez Vera enumeró las debilidades de la acusación en contra de Moreira. Cuando fue puesto a reconocimiento personal ante varios testigos de la zona, ninguno lo señaló. Contrario a lo que planteó la fiscal en su acusación, el Peteca dijo que no conocía al Cachila, sostuvo el juez. El teléfono no reportó movimientos en Rocha, sino en Rivera. La empresa Abitab informó sobre movimientos de dinero que hizo el Cachila en los días cercanos al crimen: ninguno fue realizado desde Rocha.
Así, la declaración de Moreira es para el juez “el único medio probatorio ingresado al proceso que lo sitúa en la escena del hecho”. Y a continuación describió las reiteradas veces que el indagado se contradijo y cambió su versión y los múltiples detalles erróneos que mencionó. Además, el magistrado hizo hincapié en las referencias de Moreira a posibles influencias o presiones de la Policía en su relato.
“Si no fui yo que la vi, tengo que decir que sí, sino me voy a pasar todo el día acá. Yo preso no quiero ir por algo que no hice. (...) Ahí está el problema. Yo estuve con ella. Yo estoy hablando por hablar. Para decir la verdad, yo nunca vi a la mina. Nunca estuve con ella, pero me ponen la presión”, declaró Moreira. Y agregó: “En Investigaciones me dicen tantas cosas”.
“¿Qué le dijeron en Investigaciones? No le preguntaron”, advirtió el juez en su sentencia.
En otra instancia Moreira declaró: “Hay un tema que la Policía me apretó. Si hablo, fui”.
“Tampoco se le pregunta por lo ocurrido en sede administrativa”, señaló el magistrado.
El magistrado también señaló que las fotografías que la Policía mostró al Cachila pudieron condicionar su relato. A modo de ejemplo, describió: “Espontáneamente, luego de que le muestran la fotografía de Chomnalez en la terminal de ómnibus de Barra de Valizas, habla de la vestimenta consistente en un pantalón largo y negro (o al menos oscuro), pero cuando se le muestra la fotografía del cuerpo, vestido de short claro (o de jean celeste), cambia su declaración y opta por esta última. Tal declaración carece de espontaneidad y verosimilitud”.
El juez, por otra parte, cuestionó la pericia semiológica de la declaración del Cachila como indagado, ya que a su juicio vulneró el debido proceso. Los indagados son los únicos que tienen derecho a mentir o a guardar silencio para no incriminarse. “Esta posibilidad le fue vedada a Moreira cuando sin preguntarle y sin permitirle que su defensora le explicase lo que acontecería se lo sometió a un examen de su gestualidad corporal”. A juicio del magistrado, “la declaración de un indagado sujeta a una valoración de su gestualidad corporal resulta nula absolutamente”.
Finalmente, hay un elemento que para Giménez Vera “termina por excluir” a Moreira de alguna responsabilidad penal. En mayo de este año fue detenido y procesado con prisión un nuevo sospechoso del crimen de Lola, luego de que su ADN coincidiera con el encontrado en la mochila de la joven. Leonardo David Sena Cabrera fue interrogado sobre el Cachila y dijo que nunca lo había visto. “Me enteré por la televisión. No lo conozco”.
“No existe duda en la decisión que se está adoptando, sino certeza”, concluyó el juez. “Certeza de la ausencia de pruebas que permitan concluir que Moreira es responsable de un delito de ‘encubrimiento’, aun sin la declaración de Sena Cabrera, siendo la absolución la única posibilidad ajustada a derecho”.