El Casmu “congeló” una demanda millonaria contra su expresidente, que ahora integra el Ministerio de Salud

Luego de los comicios nacionales, cuando se empezó barajar a Salinas como ministro de Salud del gobierno de la coalición multicolor, hubo un barullo mediático que venía del propio Casmu. Ahí se originaba el ruido. El 12 de diciembre, antes de que asumiera la actual administración, Búsqueda informó que había dudas en el ámbito médico sobre Salinas por presuntas irregularidades cometidas mientras era el gerente de esa mutualista y que esa institución estaba investigando.

Pero de repente todo cambió. Por esas semanas, entre enero y febrero, se sucedieron distintas reuniones de operadores políticos, médicos y empresarios médicos preocupados por el ruido que se estaba generando en torno a un ministro que ni siquiera había asumido sus funciones.

El 11 de febrero, El Observador informó que el Casmu había resuelto no ir contra Salinas, se lo exoneraba de responsabilidades. Fuentes de la institución consultadas por Búsqueda dijeron que otra auditoría, una interna realizada por el estudio jurídico del abogado Fabián Martínez, pudo comprobar que Salinas se vio “salteado” en su rol de gerente, que se tomaron decisiones sin consultarlo. Que las malas decisiones se adoptaron a otro nivel, lejos de Salinas, y sin la consulta correspondiente.

Ese lunes 11, Rodríguez, presidente del Casmu, declaró a El Observador: “Del estudio realizado por nuestros abogados surge muy claramente que Salinas no fue responsable de las cosas que pasaron, sino que la responsabilidad está más arriba y los abogados están estudiando para presentar las demandas que correspondan”.

El Casmu decidió cargar entonces contra el expresidente de la institución, Gustavo Bogliaccini.

“Puede ser que el doctor Bogliaccini esté involucrado en estos temas. (...) parece que todo se encamina hacia ahí”, declaró Rodríguez.

El 2 de junio del 2020 El País informó que el 27 de mayo se presentó la demanda contra Bogliaccini y el exsecretario Jorge Pomi por un monto de US$ 2 millones. La mutualista reclamaba un resarcimiento por “los daños y perjuicios” que le causó una fallida aplicación de un software para las historias clínicas, la “inconsulta renuncia de derechos que surge de la adenda al contrato principal” firmado con tres empresas y por “el pago de horas sin contralor del efectivo cumplimiento del contrato”, dice el documento presentado en la Justicia.

Rodríguez dijo entonces que los abogados les recomendaron seguir la vía civil. “Nosotros, que somos médicos, resolvimos viabilizar lo que se nos decía porque nuestro interés es cuidar los intereses de la institución”, afirmó entonces Rodríguez.

Pero en el medio pasaron cosas. Bogliaccini asumió como representante del MSP en la Junta Nacional de Salud (Junasa). No fue el único exdirigente del Casmu que pasó a la estructura ministerial. La ex gerenta general de la mutualista, la contadora María Ana Porcelli, asumió como directora del Fondo Nacional de Recursos (FNR); el exgerente de contaduría Alberto Yagoda fue designado presidente de la Junasa; la exdirectora técnica Nuria Santana fue nombrada directora de Servicios de Salud del MSP y luego fue una de las funcionarias designadas por el ministerio para la intervención de la mutualista Casa de Galicia. Se trata de personal de extrema confianza de Salinas.

¿Y qué pasó con la denuncia a Bogliaccini? En el sistema del Poder Judicial no surge que el Casmu haya presentado nada en la Justicia después de la instancia de conciliación. Búsqueda consultó ayer miércoles a una fuente del Casmu y la respuesta fue que esa demanda millonaria quedó “congelada”. ¿La razón? La presencia de Bogliaccini en la Junasa, órgano que integra desde octubre de 2020. “Para nosotros tirarnos contra la Junasa no es nada bueno”, reconoció una alta fuente de la mutualista.

Daniel Salinas. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

El fideicomiso sin firma del ministro

En agosto de este año, el Casmu recibió un nuevo fideicomiso con garantía del Estado por US$ 23 millones. “Un fideicomiso que es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo a Búsqueda el informante de la institución. La operativa fue aprobada por el MSP y por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El decreto fue fechado el 11 de agosto y lleva la firma del entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber. En el texto de la resolución se aclara que el ministro Salinas se excusó de intervenir en el expediente en el que se tramitó la operación. No se detallan las razones. Pocos meses más tarde, el MSP le negó a la mutualista Casa de Galicia un fideicomiso por US$ 12 millones. Y el 26 de octubre, en una sesión de la comisión de salud del parlamento, el general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, informó que el Poder Ejecutivo intervendría Casa de Galicia. Según pudo saber Búsqueda, que un anuncio de estas características haya sido formulado por Manini Ríos no cayó bien en la Torre Ejecutiva.

El 25 de noviembre, en declaraciones a Desayunos informales, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, expresó sus dudas sobre Salinas y el proceso que derivó en la intervención de Casa de Galicia. “A mí me llama la atención que al Casmu le dieran un fideicomiso entre gallos y medianoche”, dijo. Recordó que el fideicomiso lo firmó Heber y recordó en seguida que Salinas “tenía una denuncia penal” por parte del Casmu. “No firmó el fideicomiso para el Casmu. No sale a dar la cara a decir que intervino en Casa de Galicia, sale Manini”, cuestionó. Y agregó: “De tres informes, de los cuales no se conoce ninguno, sin conocer resultados, a una institución que se llama Casmu se lo dan (el fideicomiso), y a una institución que se llama Casa de Galicia, no”.

“¿Cómo vamos a confiar en un ministro que resuelve, con todas estas situaciones no claras, intervenir una institución sin conversar ni medio minuto con los trabajadores?”, cuestionó.