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Los programas sociales en Uruguay resultaron “muy exitosos” en la reducción de la pobreza y los niveles de desigualdad. “Sin embargo, el sólido marco institucional y legal, acompañado de su gasto social y políticas fiscales progresistas, no ha sido suficiente para cerrar las brechas” de aquellos hogares cuyos jefes de familia son mujeres solteras, afrodescendientes, personas LGBTI+ o con discapacidades. Según el Banco Mundial (BM), ahí es donde “debería concentrarse una nueva generación de programas sociales” que, entre otras cosas, corrija la “proliferación y fragmentación actual” que “diluye” sus efectos, afecta la cobertura, “complejiza el monitoreo”, así como la coordinación interinstitucional.
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Ese análisis y algunas recomendaciones concretas forman parte del documento titulado Inclusión social en Uruguay, elaborado por especialistas de ese organismo con aportes complementarios de un equipo multidisciplinario (dos antropólogos, una abogada y un economista). Aunque es el resultado de un trabajo de dos años, entró a la imprenta justo cuando las consecuencias económicas y sociales de la pandemia por el Covid-19 “se multiplican”: los “segmentos más vulnerables de la población uruguaya, al igual que en muchos otros países, no solo cuentan con un acceso limitado a servicios de salud de calidad, sino que tienden a concentrarse en el sector informal de la economía, presentan tasas más altas de desempleo y son menos proclives a recibir apoyo de los programas de seguridad social, además de contar con pocos ahorros para resistir la crisis”, señalan los autores.
Aunque Uruguay “está bien posicionado para mitigar y recuperarse de los efectos del Covid-19, debido a su sistema integral de salud, su sólido contrato social y la respuesta contundente y temprana del gobierno (…), la pandemia ya está afectando la economía en forma significativa y plantea el riesgo de revertir algunos de los logros de las últimas dos décadas en términos de reducción de la pobreza, advierten. “Cabe suponer que la recesión que se avecina conlleve el riesgo de ampliar muchas de estas brechas”, en términos de acceso al mercado de trabajo, a la vivienda y al espacio público de los sectores excluidos.
Agregan: “El Covid-19 golpeó a Uruguay en un momento crucial y la forma como responda el país podría determinar el camino de desarrollo que siga en los próximos años. Uruguay ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis de 2001, surgiendo como un líder regional en la lucha contra la inequidad históricamente arraigada y perniciosa de América Latina. Pero Uruguay ha estado antes en este punto, y ciclos positivos como este fueron seguidos por períodos de decadencia continuos y prolongados. Podemos remontarnos a inicios del siglo XX, cuando gracias a la creación de programas sociales ambiciosos y pioneros para la región —respaldados por décadas de un destacado crecimiento económico— el país alcanzó uno de los estándares de vida más altos de las Américas. En la década de 1950, sin embargo, cuando comenzaron a flaquear los ingresos de las exportaciones ganaderas, Uruguay entró en un período de varias décadas de deterioro económico, social y político. El Covid-19 no tiene por qué convertirse en otro lamentable punto de inflexión, pero la dirección que tome esta crisis va a depender de la determinación del país por redoblar sus esfuerzos para alcanzar la inclusión social plena; aun cuando al mismo tiempo deba gestionar una considerable reducción del espacio fiscal necesario para expandir sus programas e inversiones sociales”.
“Focos de exclusión”
A pesar de haber tenido un “destacado desempeño” en el combate a la pobreza, Uruguay “sigue presentando focos de exclusión” social; en ese aspecto se centra el estudio del BM. Explica que si bien muchas veces al concepto de exclusión social se lo asimila con la pobreza —y, de hecho, habitualmente conduce a desventajas económicas—, puede afectar a personas de todos los estratos socioeconómicos al negárseles el disfrute de derechos civiles debido a su orientación sexual o raza, por ejemplo, independientemente de su situación económica o capacidad.
En ese sentido, afirma que a pesar de haber sido objeto de “numerosas políticas focalizadas”, los afrodescendientes, los hogares de jefatura femenina, las personas con discapacidad y las personas trans siguen, en general, en una posición de desventaja. “Algunos de estos grupos se han beneficiado menos que otros de las oportunidades abiertas por el Estado y, por lo tanto, continúan presentando brechas importantes en varios aspectos de desarrollo y son más vulnerables a los shocks económicos.
La exclusión no solo afecta su propio bienestar y desarrollo sino que tiene un costo económico “importante para el resto del país”. Por ejemplo, las pérdidas de producción per cápita debidas a las disparidades que afectan a las mujeres en el mercado laboral uruguayo representan alrededor del 14% del Producto Bruto Interno (PBI); es decir, si se igualaran las condiciones de inserción de ellas a la par de los hombres, “se lograría dar un salto gigantesco en el crecimiento económico del país”, enfatiza.
Luego, el estudio enumera varias situaciones de exclusión. Los hogares de jefatura femenina tienen dos veces más probabilidad de ser pobres (11%) que aquellos de jefatura masculina (5,8%) y los afrodescendientes tienen 2,5 veces la tasa de pobreza nacional, con alrededor de 20%. Aproximadamente una de cada tres personas con discapacidad severa cuenta con por lo menos una necesidad básica insatisfecha en Montevideo. Entre los hombres trans la tasa de desempleo llega al 43%, comparado con un 6,5% para la población en general, mientras que cerca de un tercio de las mujeres trans se desempeña como trabajadora sexual.
Los afrodescendientes son el segmento de la población que más se atiende en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (47,7%). Al igual que la población afro, las personas con discapacidad también tienen menores niveles de asistencia escolar y logro educativo.
La exclusión también tiene una dimensión geográfica, y estos grupos tienden a concentrarse más en las regiones pobres y en asentamientos informales, donde tienen peor acceso a los servicios y están más expuestos al crimen y la contaminación ambiental.
La exclusión desde una perspectiva espacial comienza en el hogar. Las viviendas de los afrodescendientes, por ejemplo, están más densamente ocupadas, con un promedio de 1,3 individuos por habitación, comparadas con el promedio de una persona en el resto de los hogares. Las condiciones y calidad de sus viviendas también son peores; en 2017, 67% de los hogares afrodescendientes habitaban en viviendas que se consideran “en peligro (frente al 46% de la población en general). Además, los afrodescendientes tienen casi el doble de probabilidades de vivir en asentamientos informales.
Brechas y recesiones
“Sin duda alguna, la última década y media benefició a los grupos excluidos. Cerca del 64% de los hogares afrodescendientes y 68% de los hogares con jefatura femenina salieron de la pobreza entre 2006 y 2017. No obstante, durante el mismo período la pobreza bajó alrededor del 75% para la población en general. De ahí que, si bien los hogares de afrodescendientes y de jefatura femenina vieron una mejora notoria en términos absolutos, las brechas que los separaron del hogar uruguayo promedio no mejoraron en términos relativos. Al contrario, se volvieron proporcionalmente más anchas”, subraya.
Las brechas que persisten son importantes, entre otras razones, porque “la experiencia muestra que cuando las economías se desaceleran o caen en recesión, los grupos vulnerables son los primeros en volver a la pobreza y les lleva más tiempo recuperarse de las crisis”. Y si bien Uruguay no estuvo en recesión hasta la actual crisis del Covid-19, la desaceleración del crecimiento que siguió al 2012 produjo un estancamiento en la reducción de la pobreza entre los hogares afrodescendientes entre 2011 y 2013, seguido por una disminución en 2014 y un aumento entre 2014 y 2015. Sin embargo, la pobreza siguió decreciendo para el resto de la población a lo largo de todo ese período a un ritmo constante. Esto se debe a que los hogares afrodescendientes tienden a concentrarse en el espectro más bajo de la distribución de ingresos y por ende más lejos de la línea de pobreza, observan los investigadores del BM.
