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    El Covid: una “excusa” para que los países posterguen sus acuerdos ambientales o la oportunidad de una transformación “verde”

    Debido a la crisis sanitaria, se suspendió la cumbre mundial sobre cambio climático; no obstante, especialistas creen que la recuperación económica y social puede aprovecharse para instalar prácticas amigables con el planeta

    “En vista de los efectos actuales de la pandemia de Covid-19 en el mundo, ya no es posible asegurar una celebración ambiciosa e inclusiva de la COP26 en noviembre de 2020”, informaron en abril los organizadores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Es que al igual que ocurrió con otros eventos importantes, el coronavirus también obligó a postergar hasta 2021 la próxima cumbre internacional del clima o Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) que se celebraría en Escocia, la única instancia en la que jefes de Estado de todo el mundo toman decisiones para intentar mitigar los efectos de la crisis climática.

    El 2020 era un año clave dado que las naciones debían ratificar y aumentar sus compromisos para reducir las emisiones contaminantes, tal como lo establece el Acuerdo de París asumido en 2015 por casi 200 países. Por tanto, ¿qué ocurrirá ahora con los nuevos planes climáticos y los asuntos pendientes de resolución?

    Según Mario Caffera, climatólogo y docente del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, la COP es el único ámbito donde los países votan y deciden el funcionamiento de la Convención. Por eso, “no hay manera de que haya una resolución internacional”, salvo que se utilicen reuniones de la Asamblea de la Naciones Unidas u instancias de otros organismos multilaterales, lo que el experto ve poco probable debido a que el tema no tiene “prioridad” en la agenda mundial.

    “Queda únicamente librado a la acción individual de cada país, región o conglomerado la adopción per se de decisiones que atañan a los temas que debían resolverse en 2020”.

    Para Caffera, que quede en manos de la iniciativa particular de cada país el tomar decisiones para mejorar “las sombrías perspectivas” del medioambiente, es una de las principales consecuencias de la cancelación del encuentro. Además, indicó que como el país impulsor de la Convención, Estados Unidos, “no solo hace una década dejó de liderar esta movida, sino que además se opone a cualquier medida interna en pro de mitigar las consecuencias del cambio climático, los demás países, atendiendo sus intereses de corto plazo, navegan en el limbo, salvo algunas excepciones europeas”.

    Para el experto, la postergación podría implicar incluso consecuencias ambientales, al producir una aceleración del deterioro de las condiciones actuales “ya empobrecidas” y un “estrechamiento importante del margen de maniobra remanente” para intentar contener los efectos del cambio climático.

    “Países como Uruguay, relativamente más avanzado desde el punto de vista jurídico e institucional, quizás resuelvan ponerle más énfasis a la implementación de las medidas con acciones más concretas y decididas, que están faltando. Hay una rendija de posibilidades de que eso pueda ocurrir dentro del gran bulto de incertidumbres y enormes dudas de que se concreten”, opinó.

    La cancelación de la COP26 no debería afectar el aumento de los compromisos para reducir emisiones o la presentación de nuevos planes más ambiciosos. El problema, agregó Caffera, es que “al no tener que enfrentarse cara a cara los jefes de Estado y al cancelarse las decisiones y las votaciones, muchos países verán una excusa para continuar relegando los compromisos y seguir ocupándose de lo urgente en vez de lo importante”.

    El exdirector de Cambio Climático, Ignacio Lorenzo, tiene otra visión. Según dijo a Búsqueda, los países contemplados en el Acuerdo de París tenían plazo hasta 2020 para mejorar y actualizar los compromisos adoptados cinco años antes, algo que a su entender “sigue estando firme”.

    Algunos pocos países ya cumplieron, como Uruguay, que en 2017 hizo su primera revisión y presentó sus objetivos nacionales a 2020. “El Covid-19 generó un impacto en esas actualizaciones, porque muchos países recién habían comenzado a trabajar en ello. La cuarentena y las medidas sanitarias enlentecen todo el trabajo, pero sobre todo el impacto económico y social provocado por la pandemia también mueve el tablero, pensando en cuáles rutas de desarrollo y de salida tiene los países”, explicó Lorenzo.

    Es por eso que varios países, sobre todo de la Unión Europea, apuntan actualmente a la “reconstrucción verde”, es decir, a impulsar una recuperación de la crisis económica y social que implique prácticas de respuesta a la pandemia o de estímulo económico amigables con el planeta. En esa línea, las inminentes elecciones de Estados Unidos son determinantes para orientar el proceso en esa dirección, ya que en caso de que gane el demócrata Joe Biden el país volvería a adherirse al Acuerdo de París.

    “La acción gubernamental y la salida de la crisis debe tener un financiamiento verde, es un punto central. Más allá de todo el dolor que esta pandemia ha causado, en algunas economías esto podría ser la clave para una aceleración de la transformación”, dijo el especialista.

    El caso uruguayo

    Consultado acerca de las consecuencias que podrían tener para Uruguay la suspensión de la COP26, Caffera afirmó que el hecho daría una “excusa” para demorar la implementación de algunas medidas e incluso “da pie a que se le quite importancia a denuncias sobre acciones que van en contra de lo prometido y acordado por el país”.

    Uruguay fue uno de los primeros países en actualizar sus objetivos e incluso adelantó metas inicialmente prevista para 2030. Además, desarrolló un set de medidas específicas para diversos sectores y el año pasado, en la cumbre presidencial en la que participó la joven activista Greta Thunberg, Uruguay anunció que implementaría una estrategia de desarrollo baja en carbono y resiliente al clima, incorporando la meta de neutralidad de CO2 al 2050.

    “A pesar de la pandemia, Uruguay ratificó ese camino en junio de este año, dando una señal de continuidad de las políticas climáticas a pesar del cambio de gobierno, algo muy positivo a escala internacional”, dijo Lorenzo. El país, además, cuenta con una herramienta digital que permite ver el grado de cumplimiento de las diferentes metas establecidas.

    Caffera, en tanto, sostuvo que, si bien Uruguay aún “está lejos” de llegar a ciertos objetivos, “si la nueva administración mantiene la meta de ser ‘país modelo’” en lo ambiental y cierra acuerdos vinculados a la electrificación del transporte, podría “mantener ese eslogan”.

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