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El Estado realizó primer pago a privados bajo régimen de PPP
Cerca de la cuarta parte del aumento del gasto para 2020 previsto en la próxima Rendición de Cuentas se destinará a abonar la disponibilidad de obras y servicios contratados
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“Es un cambio brutal, revolucionario”. Para el presidente Tabaré Vázquez, eso es lo que viene ocurriendo con la infraestructura física en el país, a partir del régimen de participación público-privada (PPP).
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Al amparo de la contratación de obras o servicios con privados se han encaminado, hasta el momento, 14 proyectos por iniciativa de reparticiones gubernamentales. El único terminado es el de la Unidad Penitenciaria de Punta de Rieles, que en enero empezó a recibir presos, a la vez que el consorcio que la construyó (UPR S.A.) comenzó a cobrar por la construcción y el hospedaje brindado a los reclusos.
Para 2020, cuando ya deberían estar prontas algunas rutas y centros educativos, el Poder Ejecutivo propondrá en la próxima Rendición de Cuentas destinar $ 1.140 millones adicionales (unos US$ 36 millones) al pago por disponibilidad de obras hechas bajo el régimen de PPP. Ese monto representa la cuarta parte del incremento del gasto previsto.
Según el contrato con UPR S.A., conformada por Teyma y Goddard Catering Group, este consorcio debe cobrar trimestralmente por la disponibilidad de las plazas de reclusión en la nueva cárcel de Punta de Rieles (unas 200 unidades indexadas, cerca de $ 775, diarias por preso). El 22 de abril se cumplieron los primeros tres meses con el centro penitenciario operativo y entonces el Ministerio del Interior pagó por primera vez al consorcio privado, confirmaron a Búsqueda fuentes oficiales.
El régimen de PPP surgió como una alternativa para que un Estado sin dinero suficiente pudiera hacer las obras que se precisan. La ley 18.786 que lo creó, promulgada en julio de 2011, define estos contratos como aquellos en los cuales una repartición pública encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de una infraestructura, o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación. El contratista recibe un pago que puede ser abonado por los usuarios de la obra o servicio, o por el organismo contratante.
Desde el punto de vista de la contabilidad fiscal, para el Estado es gasto programado. La ley estableció que el total de pasivos firmes y contingentes originados en estos contratos no podrá superar el 7% del Producto Bruto Interno (PBI), al tiempo que fijó un tope para los compromisos anuales con los contratistas de hasta el cinco por 1.000 del PBI, en ambos casos respecto al año anterior. La evolución de estos pasivos tiene que ser informada anualmente a la Asamblea General.
Los proyectos.
Entrevistado en la revista Noticias Uruguay del mes pasado, Vázquez habló de las PPP cuando le preguntaron sobre los principales logros en su administración. “Mire, a veces se hacen cosas en el ejercicio de un gobierno que, siendo importantes, quedan disimuladas en el vértigo del día a día. En este período de gobierno impulsamos un plan nacional estratégico de infraestructura: vial, ferroviaria, comunicaciones. Toda Latinoamérica está pidiendo a gritos modernizar su estructura vial para poder competir con los países desarrollados. Entonces lanzamos un plan estratégico de infraestructura por US$ 12.500 millones. En tres años, más del 50% de ese proyecto ya está en marcha. ¿Qué tuvimos que cambiar o mejorar para poder seguir impulsando un desarrollo estratégico de infraestructura? Llevar adelante en la práctica la ley de planificación de PPP”, respondió.
De los cuatro proyectos en el área educativa, solo uno (44 jardines de infantes y 15 centros CAIF) tiene adjudicación provisoria a favor del consorcio Basirey-Nelit-Conami. Todos suman una inversión inicial calculada en US$ 297 millones.
Las PPP viales son siete e involucran una inversión inicial estimada en US$ 560 millones; el más avanzado es el eje de las rutas 21-24 y el bypass a la ciudad de Carmelo, que está siendo construido por el consorcio Sacyr-Grinor.
Como un requisito de la finlandesa UPM para instalar su segunda fábrica en Uruguay está el contar con una infraestructura férrea adecuada para poder llevar la producción de pasta de celulosa desde el centro del país al puerto de Montevideo. Con una inversión estimada en US$ 825 millones, el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento del Ferrocarril Central recibió tres ofertas.
Otra PPP apunta a construir viviendas por US$ 35 millones, pero esta iniciativa se encuentra en etapa de revisión de los estudios previos. En una fase anterior se encuentra un proyecto para mejorar las condiciones edilicias del Hospital Pasteur, que fue presentado en agosto de 2017 por la Administración de Servicios de Salud del Estado.
