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En un estrado armado a pocos metros del monumento a José Batlle y Ordóñez que está frente a la entrada principal del Palacio Legislativo, el secretario general del Sindicato de la Construcción (Sunca), Oscar Andrade, defendía ayer miércoles con pasión el proyecto sobre la responsabilidad penal del empleador en accidentes laborales. Hacia el final de su discurso destacó que es buena cosa que finalmente este año se apruebe esa ley, porque hace cien años Batlle y Ordóñez promulgó la ley sobre “Salud y Seguridad en el Trabajo”.
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Esa ley aprobada durante el segundo gobierno de Batlle y Ordóñez establecía que los “empresarios de establecimientos industriales, los directores de construcciones de todas clases, los que explotan minas y canteras o cualquier otro trabajo en que haya peligro para los operarios, quedan obligados” a tomar las “medidas de resguardo y seguridad para el personal de trabajo, a efecto de evitar los accidentes originados en la utilización de máquinas, engranajes, etc., así como para deficiencias en las instalaciones en general”.
Un siglo después, una nueva norma busca establecer la responsabilidad penal del empleador por incumplimiento de las medidas de seguridad y de salud en el trabajo. Ha sido un “largo camino” afirmó Andrade, y recordó que el Sunca ha sido el principal promotor de la propuesta.
Si bien es respaldada por el Frente Amplio, el nuevo proyecto no tiene del todo convencidos a algunos senadores de la coalición de izquierda y despierta el rechazo de la oposición. Con ese panorama, el martes 18 seguramente la bancada oficialista pondrá en juego su mayoría para aprobar el proyecto tal como salió de Diputados a fines del año pasado. Este es el reclamo del Sunca, que no quiere más demoras en la sanción de la ley.
Andrade dijo que una vez aprobado el proyecto, el Sunca no solo velará por su cumplimiento sino que saldrá a informarle “hasta al último trabajador y al último vecino qué votó cada senador y qué fundamentó”.
El dirigente sindical sostuvo que la discusión principal pasa por ver “cuál es el valor” que se le da a la “salud y la vida de los trabajadores”. Andrade afirmó que el sindicato seguirá intentando que los trabajadores se formen y tengan conciencia de que se deben cumplir las normas de seguridad.
Idas y venidas.
Lograr un principio de acuerdo para que se vote el proyecto llevó horas de negociación en la interna frentista, en la que también participaron dirigentes del Sunca que jugaron “fuerte”, según fuentes parlamentarias. La discusión entre diputados y senadores del oficialismo pasaba por evitar una posible declaración de inconstitucionalidad de la norma.
El proyecto de Diputados establece que el empleador o quien ejerza efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa que “no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con tres meses de prisión a dos años de penitenciaría”.
En el Senado, parlamentarios del Frente Líber Seregni y de la Vertiente Artiguista plantearon que el artículo diga que serán penados quienes omitieren “deliberadamente adoptar los medios de resguardo y seguridad”.
La inclusión del término “deliberadamente” no fue aceptada por los diputados frenteamplistas porque entendieron que no era necesaria. El lunes 10, los senadores oficialistas resolvieron que querían modificar el texto. Al día siguiente se realizaron varias reuniones, y ante el riesgo de que se trancara el proyecto, el Movimiento de Participación Popular anunció que estaba dispuesto a apoyar lo votado en Diputados. El texto será votado la semana próxima sin cambios, según lo acordado. Los senadores de Asamblea Uruguay pidieron unos días antes de votar, pero para varios de sus colegas ya no hay espacio de negociación. No obstante, ayer miércoles 13, el vicepresidente Danilo Astori insistió con realizar cambios al texto, según informó “Subrayado” de Canal 10.
La forma como se procesó esta discusión fue vista por algunos dirigentes del Frente Amplio y la oposición como una victoria del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y del Partido Comunista, del que Andrade es parte. El propio dirigente del Sunca dijo ayer que “todos” los legisladores del Frente Amplio apoyan la ley y que hay diferencias con algunos conceptos. Y planteó a sus compañeros del sindicato que no los “confundan” con acusaciones de que son “unos radicales desnorteados”.
Con la presencia entre el público de los senadores Eduardo Lorier (PCU), Hebert Clavijo (CAP-L) y los diputados Luis Puig (PVP) y Oscar Groba (Espacio 609), Andrade agradeció a “Dios” que haya “mayorías parlamentarias” que permitan “aprobar proyectos como estos”.
Opinó que sería una “enorme sorpresa” que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional este proyecto. Si lo hace, afirmó, lo que la corporación “estarían diciendo sería: ‘ustedes sigan violando la normativa, pongan en riesgo la vida de los seres humanos y eso es impune’. Ese pronunciamiento de la Suprema Corte nos parecería lamentable”.
Además cuestionó a parte del empresariado que critica la ley, porque tiene un pensamiento que los ubica en la “edad media”.
En el acto se repartió un folleto con datos sobre accidentes laborales. Según el documento, por año, en todas las ramas de actividad, ocurren 51.000 accidentes que dejan 700 personas con discapacidad permanente. En la construcción hay un promedio de nueve muertes por año.
