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Aunque para algunos pasó inadvertido entre el sopor del encierro por la pandemia de Covid-19 y lo atípico del Día de los Trabajadores, el viernes 1º se hizo efectiva la eliminación parcial de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los pagos con tarjetas y otros medios electrónicos. En las redes sociales, jerarcas del anterior gobierno y militantes del Frente Amplio hicieron notar el aumento en la carga de ese tributo que supone la medida.
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La administración del presidente Luis Lacalle Pou había anunciado a mediados de marzo que recortaría ese beneficio, en el entendido de que ya había cumplido con su propósito de estimular el uso del débito y otros pagos electrónicos pretendido por el programa de “inclusión financiera” promovido por los anteriores gobiernos del Frente Amplio. Además, es caja para la Tesorería, en un momento de necesidades financieras.
El IVA es el principal tributo y fuente de recaudación para el Estado uruguayo. Pero, según una estimación incluida en el estudio Estadísticas tributarias para América Latina y el Caribe 2020, divulgado la semana pasada, podría ocasionar más ingresos de los que produce para la caja del gobierno. Allí los autores —del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el Banco Interamericano de Desarrollo— presentan un ratio de recaudación de IVA con datos para 2018: dicha relación mide la diferencia entre los ingresos efectivamente obtenidos y la recaudación teórica o potencial del tributo si este fuese aplicado a un tipo único a toda la base impositiva en un régimen de IVA “puro”. En otras palabras, es la relación entre los ingresos reales por IVA con respecto al producto del consumo final (neto de los ingresos del impuesto) y el tipo estándar del IVA. Explican que este indicador “da una idea de los ingresos por IVA que se pierden a causa de las exenciones y los tipos reducidos, el fraude, la evasión y la planificación fiscal, así como por las deficiencias de las agencias tributarias”. Sin embargo, se aclara que debe interpretarse teniendo en cuenta las características subyacentes del sistema del IVA de cada país, ya que un ratio de recaudación de IVA elevada podría ser el resultado de efectos en cascada (por ejemplo, cuando la exención se produce en las primeras etapas de la cadena de suministro) o porque no se ha conseguido recuperar un crédito por IVA soportado. Otros factores también pueden influir en la proporción hacia arriba o abajo: por ejemplo, cuando las normas sobre el lugar de imposición para el comercio internacional difieren del principio de destino o cuando no se recauda el impuesto sobre los suministros digitales entrantes. Otra salvedad es que los países que dependen significativamente del turismo pueden tener un ratio alto por razones metodológicas: las compras de los no residentes no pueden incluirse en el gasto de consumo final (el denominador) mientras que el IVA de esas compras sí se computa en los ingresos globales del tributo (el numerador); de hecho, las Bahamas, Belice y Santa Lucía son los que tienen mayores ratios de la región (superiores a 0,80).
Uruguay figura con un ratio por debajo de 0,5, que es inferior al promedio de la región y solo más alto que siete países (Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Guyana, República Dominicana y México).
De todos modos, en otro pasaje el estudio señala que en la comparación de la “presión fiscal equivalente” en América Latina y el Caribe respecto a la OCDE por tipo de impuesto, el mayor acercamiento desde 1990 se produjo precisamente en el IVA, hasta alcanzar niveles de recaudación casi iguales. “Incluso, para el Caribe y los países del Cono Sur como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, la recaudación sobrepasa a la de varios países desarrollados”, apunta.
