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Con el Impuesto al Patrimonio (IP) al agro “ni se resuelve la concentración” de la propiedad de la tierra “ni cambia la competitividad del sector”, afirmó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.
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Durante la entrevista, el jerarca reiteró su opinión discrepante con el IP, que fue reinstalado por el gobierno en sustitución del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Agropecuarios derogado tras haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
“Pensaba y sigo pensando que un impuesto fijo sobre la tierra en primer lugar no cumple el efecto de desestimular, cuando estamos en un proceso tan dinámico de valorización no solamente de los activos sino en un cambio tan profundo por la intensificación y la inversión en nuestros sistemas productivos. En segundo lugar, como impuesto fijo frente a determinadas situaciones puede tener algunas dificultades que exijan su corrección”, argumentó.
Y prosiguió: “De todas maneras, este impuesto no cambia (la situación). Si lo miramos en su conjunto, el agro ha recibido exoneraciones tributarias varias veces superiores al Impuesto al Patrimonio. En segundo lugar, el Impuesto está sustentado sobre determinados mínimos que implica que los que aportan andan en 1.300 a 1.500 productores y un tercio de la superifice del país”.
Aguerre, quien es además productor agropecuario, dijo que “no hay que tenerles miedo a los impuestos” aplicados con propósitos redistributivos.
Pero planteó que “el camino correcto es seguir por la vía de los impuestos sobre la renta. Y si lo que queremos es tener políticas diferenciales porque lo que importa es tener una mayor distribución de la tierra, podríamos pensar en impuestos progresivos sobre la base de la renta”. Agregó que de todos modos, este tipo de asuntos “requieren mucha discusión”.
El jerarca admitió que la reinstalación del IP fue un “punto de desencuentro” entre las gremiales ruralistas y el gobierno del Frente Amplio. “Pero todos” los que conocen la realidad del campo “sabemos que este tema no determina la competitividad del sector agropecuario-ganadero. Son cosas que se discuten y no tienen mucho sentido”, opinó.
Mercado de tierras
Los operadores del mercado de campos coinciden en que los negocios están más lentos que hace algunos años, cuando el dinamismo fue inusual.
Según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería publicados en diciembre último, en los años 2010 a 2012 hubo 6.441 operaciones de compraventa de campos agropecuarios en Uruguay que involucraron algo más de un millón de hectáreas. El precio medio de estas transacciones fue incrementándose, desde U$S 2.634 en 2010, U$S 3.196 al año siguiente y a U$S 3.481 en 2012.
Pero este dinamismo del mercado de campos viene de más atrás en el tiempo. Desde 2002 a 2012 se concretaron más de 30.000 compraventas que abarcaron un área mayor a siete millones de hectáreas, por un valor equivalente a U$S 9.000 millones.
En cuanto a la nacionalidad de los involucrados en las transacciones en los 13 años analizados, más de 80% de los vendedores fueron uruguayos. Pero esa cifra puede ser incluso mayor, ya que el resto correspondió a personas jurídicas (empresas) que no permiten identificar la nacionalidad del enajenante. Si bien también fueron uruguayos la mayoría de los compradores, creció la proporción de adquirentes cuya nacionalidad no puede identificarse por tratarse de sociedades comerciales.
A su vez, el Estado uruguayo, bajo distintas figuras, adquirió 8.000 hectáreas netas entre 2010 y 2012.
“Medicina preventiva” y no “forense” para los suelos
La exigencia de la presentación de planes de uso y manejo de los campos agropecuarios implantada por el gobierno “está siendo motivo de atención tanto por el Banco Mundial como por la FAO (Organzación de Naciones Unidas para la Alimentación, por su sigla en inglés)”, dijo el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.
Esos organismos “realizan consultas” sobre dicha política, informó el jerarca en una entrevista difundida el 30 de enero por el canal de cable VTV.
“En un país que tiene un dinamismo agrícola tan fuerte, una política pública que mira 10, 15, 30 años para adelante es una medida preventiva. Si fuera medicina, yo sería un médico forense si lo único que hiciera fuera multar a aquellos que provocan la erosión. Para hacer medicina preventiva tengo que exigir un carné de salud que me demuestre que ese suelo está siendo usado de manera saludable”, comparó.
El ministro aseguró que Uruguay es un líder en el mundo al aplicar esta “política pública de conservación de los recursos naturales”.
