En la Torre Ejecutiva el día era largo. En el ambiente reinaba la expectativa y la necesidad de respuestas, pero aun así había cierta calma. Era jueves 21 de mayo y la primera vez que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se dirigía a la población en conferencia de prensa. Tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, el científico Rafael Radi, el matemático Fernando Paganini y el médico Henry Cohen se sentaron frente a las cámaras y contaron —con metáforas incluidas— lo que se sabía sobre la pandemia de Covid-19 en Uruguay. Aunque pasara desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, la exposición conjunta de los tres expertos fue una señal de cooperación inédita entre el sistema científico y de investigación. Meses más tarde, y en medio de una visibilidad pública sin precedentes, el sector científico se vería envuelto en un debate público debido a las políticas impulsadas por el nuevo gobierno y al presupuesto destinado al área.
Potenciar esa cooperación exhibida durante el manejo de la pandemia es uno de los focos de la nueva política de ciencia que pretende instalar el actual gobierno. Para eso, las autoridades apuestan a unificar los organismos que se dedican a la ciencia y la tecnología en Uruguay y así ordenar un trabajo que consideran “disperso”. Creen que el trabajo coordinado del GACH (que reúne investigadores de distintas instituciones) es un ejemplo de cómo se debe rediseñar el sistema nacional de ciencia.
“La institucionalidad encargada de manejar la ciencia, la tecnología y la innovación está muy desordenada. ¿Por qué? Porque es el resultado de la acumulación de una serie de iniciativas (todas ellas valiosas), que actúan como si fueran capas geológicas; sin modificar lo que había. Es disfuncional”, dijo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Parlamento, el 8 de agosto.
El ministro agregó que las puertas continuaban “abiertas” para discutir el rediseño y que aún no hay un documento cerrado. Sin embargo, manifestó la necesidad de replantear el escenario actual, la definición de los cargos y la distribución de los roles.
Aunque están en una etapa de diálogo, las autoridades del Ministerio de Educación (MEC) prevén rediseñar los programas actuales y reestructurar las instituciones científicas y de investigación en Uruguay. Así, pretenden limitar los “vacíos” y las “superposiciones” que observan en el sistema actual.
Según dijeron a Búsqueda fuentes del ministerio, se pretende trabajar en cuatro niveles de reestructura. En primer lugar, el ministerio analiza la viabilidad de implementar un modelo similar al GACH, que reúna a profesionales de las ciencias y la innovación para asesorar al Poder Ejecutivo y a los ministros en el ámbito estratégico.
En segundo lugar, se trabajará con foco en los desafíos que llegan con la creación del Ministerio de Ambiente y la necesidad de estrechar lazos con la industria. En tercer lugar, trabajarán en “agendas regionales de desarrollo en el interior” para promover la descentralización.
Y por último, está bajo estudio el trabajo en innovación y su vínculo con el sector privado. De hecho, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) abrió un llamado para estimular la inversión de empresas privadas en tecnología con beneficios fiscales. “Es que no solo hay que ver el presupuesto. De acá en adelante vamos a mejorar los instrumentos y diseñar formas de financiación más genuinas”, señaló el presidente de la ANII, Flavio Caiafa, a Búsqueda .. “Hay que mirar el menú de instrumentos para que queden articulados”, explicó una de las fuentes consultadas.
Cambios
La primera señal de hacia donde apuntaban los cambios apareció cuando Da Silveira propuso adjuntar el término ciencia a la nomenclatura del MEC. Luego, la Ley de Urgente Consideración (LUC) explicitó la intención de que la ANII y el Plan Ceibal pasaran a ser articulados entre el Poder Ejecutivo y el MEC en lugar de Presidencia.
Más tarde, en el proyecto de la ley de Presupuesto se eliminó la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Presidencia con el objetivo de que se traslade a la “vieja” Secretaría de Ciencia y Tecnología del MEC. “Hay una política general del actual gobierno de reubicar esas agencias que estaban en el ámbito de Presidencia en otras dependencia del Poder Ejecutivo para que se pueda mantener el control parlamentario”, dijo Da Silveira en el Parlamento.
En estos días, se están llevando a cabo trabajos internos en distintas instituciones para analizar la situación actual y las futuras necesidades, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno que trabajan en el área.
Si bien la pandemia atrasó el proceso, también se está trabajando junto con la Unesco para crear una agenda “despejada de tensiones”. Su rol será actuar como intermediaria en el diálogo entre las distintas instituciones.
Los asesores del ministro esperan tener el proyecto de rediseño listo para ser presentado en 2021.
Rodrigo Arim. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Presupuesto
Sin embargo, el rumbo que tomará la ciencia, la tecnología y la innovación en Uruguay aún es confuso para diferentes actores del área, que han cuestionado las señales poco claras del gobierno. Hay consenso en que el desorden, la falta de coordinación y comunicación entre instituciones es real, pero también hay dudas sobre cómo y qué tan productivos serán los cambios.
“Hay que ser cautos, pero hay señales poco claras y tenemos que esperar que aparezcan propuestas de diseño. De todas maneras, centralizar en el MEC los temas de ciencia y tecnología, con el enorme espectro de cosas que hace el ministerio, me parece una preocupación legítima”, dijo el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, a Búsqueda.
Además, entre científicos e investigadores crece la preocupación sobre cómo se distribuirán los recursos en el próximo quinquenio, de acuerdo a varias consultas realizadas por Búsqueda.
Los reclamos de los científicos por alcanzar un mayor presupuesto tienen una larga historia. Sin embargo, en los últimos meses se intensificaron.
Tras asumir la conducción del gobierno, las autoridades aprobaron el decreto 90/2020, que incluía recortes en los organismos del Estado, y enseguida llovieron reclamos. Hubo reuniones, críticas, intercambios; idas y venidas. Al final, el documento sufrió modificaciones y, en agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MEC anunciaron que no se realizarían recortes de presupuesto en las áreas de ciencia, innovación y tecnología, salvo en algunas instituciones específicas.
La discusión se retomó cuando el proyecto de ley de Presupuesto congeló la mayoría de las partidas de los organismos vinculados al área y recortó el presupuesto de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Parque Científico y Tecnológico de Pando y del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim).
Se mantuvo sin aumento el presupuesto de la Udelar, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), lo que generó cuestionamientos de parte de esos organismos.
Arim sostuvo que el control sanitario del Covid-19 evidencia la necesidad de reforzar el presupuesto del Estado en la investigación científica. “Si se destinaran menos recursos, sería como volver varios casilleros para atrás. Es un costo que se paga a largo plazo”, afirmó. Según informó, la Udelar necesita un incremento mínimo de 8% anual para desarrollar sus actividades. “Tenemos preocupaciones grandes para la dedicación total, por la situación del interior y el régimen de becas. Estos componentes llevan recursos importantes”, indicó.
En el proyecto de ley de Presupuesto únicamente hay dos instituciones que reciben más dinero: el Institut Pasteur de Montevideo y el Instituto Antártico Uruguayo (IAU). Aunque pueda resultar llamativo, el incremento de más del 27% de su presupuesto responde a una demanda internacional. “Es una decisión estratégica y necesaria para continuar siendo una parte activa del Tratado Antártico”, explicaron fuentes a Búsqueda.
Mientras desde el ámbito científico aguardan definiciones más claras, en el MEC aseguran que las definiciones aún están a estudio y que restan meses de reuniones y conversaciones por delante. Lo que sí tienen claro es que la revisión y reorganización será profunda.